San Luis Potosí la tierra de la tuna y el mezcal, es también, de la explotación laboral y la violación de derechos laborales.
Miércoles 19 de agosto de 2020
En la ciudad de San Luis Potosí se ha mantenido el semáforo sanitario en rojo, esto determina que el nivel de contagio por la pandemia es alto, a pesar de esto, los empresarios que en complicidad con los dirigentes corruptos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) como Emilio De Jesús Ramírez Guerrero, secretario general del sindicato cetemista en el estado, mantuvieron operando las empresas al 100%, además en la mayoría de estas no proporcionaron insumos de Equipo de Protección Personal adecuado para prevenir la COVID-19, no siguieron los protocolos de seguridad recomendados por la Secretaria de Salud, instancia que dejó todo en manos de la buena fe de los patrones, para prevenir este virus exponiendo la vida de los trabajadores potosinos y la de sus familias.
El riesgo de contagio y malas condiciones sanitarias está prácticamente en todos lados debido a que son las mismas direcciones de la CTM quienes tienen la representación de la mayor parte de las fábricas de este importante corredor industrial.
Según datos de los empresarios, había 450 trabajadores infectados pero en realidad los trabajadores hemos sabido que se reportan cifras muy altas de infectados y muertes de compañeros que no coinciden con las que dan los empresarios, ya que simplemente han puesto en cuarentena clandestinamente áreas completas de distintas empresas, estas medidas van acompañadas de amenazas de despidos y boletinaje con el fin de que no haya quejas ni se alce la voz.
Otra característica de la precarización en San Luis es que, aunque este corredor industrial aglomera importantes empresas de distintos ramos y de capital extranjero, los sueldos que manejan son muy bajos y hay mucha represión y violencia hacia los derechos laborales y humanos. Todo para sacar la producción y generar excesivas ganancias para los patrones establecidas.
Utilizan muchas artimañas para tener a la gente oprimida y sin poder ejercer sus derechos básicos, es común que nos boletinen en una lista para que no nos den trabajo en las fábrica atropellando el derecho a un trabajo digno como lo marca el art 23 de la constitución y el 1ero de la ley federal del trabajo, amenazas, acoso laboral, acoso cibernético, represión, inexistente libertad de expresión ya que les vigilan nuestras redes sociales y hay persecución para aquellos que publiquen o hagan comentarios sobre estas condiciones.
Toda la corrupción que se ejerce en estos centros de trabajo y la persecución son como camaradas de gases modernas para los trabadores, ahí dejamos la vida de sol a sol a cambio de un salario de miseria y de nula protección laboral.
Hay muchas razones del por qué se pagan estos sueldos en este estado a la clase trabajadora pero una de las más claras y conocidas es la tranza que hacen con los contratos colectivos que tienen las empresas y que hacen con los representantes sindicales. Los hacen en beneficio del empresario por debajo del agua a espaldas de los trabajadores para no dar buenas prestaciones ni sueldos correspondientes que se deberían de pagar por el tipo de industria ya que por esos acuerdos reciben varios sueldos de las empresas por ser los titulares del contrato colectivo.
Muchos compañeros han querido ejercer su libertad sindical y pelear por mejores pagos y condiciones pero es tanta la corrupción y la concentración del poder en un pequeño grupo cetemista que los han despedido y boletiniados. Un ejemplo son los trabajadores de GoodYear y recientemente los de la autopartista alemana Draxlmaier.
Es bien sabido que la misma Secretaria del Trabajo del estado a cargo de Manuel Lozano esta coludida con la CTM y los empresarios a través de líderes sindicales ladrones como Francisco Javier Cervantes Vázquez que tiene a cargo de muchas empresas de la industria metalmecánica.
Así se viven las cosas en la zona industrial de esta ciudad, completamente similar a muchas otras del país, donde los trabajadores tienen que lidiar para el gasto y la comida de la familia entre la corrupción, explotación laboral y el riesgo de muerte por el COVID-19.
