OPINIÓN. Precarización y violencia: resultado de la desregularización laboral y el outsourcing

El estado de Chihuahua viene padeciendo desde décadas atrás, incluso previo al sexenio calderonista, en su llamada “Guerra vs el Narco”, un proceso progresivo de violencia y descomposición social debido a la creciente militarización, llamada “profesionalización” de las policías, paralelo al impulso sin precedentes de una política industrial en el estado, que incluso podría ser recordado como de un agresivo impulso manufacturero.

Las consecuencias directas del Tratado de Libre Comercio (TLC), más tarde de América del Norte (TLCAN), o de la mano del llamado “Consenso de Washington”, fue la flexibilización sino de las leyes, sí de las reglas habituales que marcaron la entrada de la subcontratación en el país, en nuestros días reforzada y regulada desde el T-MEC.

El paso de los años 90s por México, que exigió la política neoliberal con la apertura del TLCAN, instaló en toda la franja fronteriza mexicana-estadounidense, entre ellas Ciudad Juárez, Chihuahua, una cantidad importante de maquiladoras, que a su vez exigieron servicios “profesionales” de seguridad, transporte, limpieza y servicios de comida, principalmente, lo mismo que una salud privada, abriendo el ejercicio de la conocida desregularización laboral en el país, que en otras palabras, no significó más que la prueba piloto en el estado, del incremento de la precarización a nivel nacional.

Y de la mano de la precarización laboral, se precarizó también la vida. Como señala Joss Espinosa, “Luego de implementada la militarización en 2006, las mujeres fuimos uno de los sectores más vulnerables. ¿Las razones? Es bien sabido la colusión que hay entre las redes de trata, las bandas delincuenciales y las instituciones del Estado, iniciando por el ejército y la policía. El clima de “guerra” que vivieron los Estados en donde se implementó de forma más cruenta la militarización, de la mano de la precarización laboral que vulnera la vida de las mujeres trabajadoras y más pobres, fue el caldo de cultivo, para el aumento exponencial en los feminicidios. Tan solo en seis años, se reporta un aumento del 145 % en los casos de feminicidio, esto según las cifras oficiales presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

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Según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, de octubre de 2016 hasta el mes de septiembre del 2020, se han acumulado 9,263 homicidios en todo el estado; la mayoría de ellos 6,484 casos, es decir, el 70 % se presentaron en Ciudad Juárez. Solo en lo que va del presente año se han acumulado 1,424 homicidios en la ciudad fronteriza.

En todo el país, el año 2020 se cobró la vida de alrededor de 1,906 mujeres, en donde Chihuahua ocupó el 2º lugar, según cifras presentadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y aunque los gobiernos continúan echándose la pelotita e intentan escudarse, la realidad es que, aunque efectivamente la violencia es una situación estructural que se ha agravado en los últimos 14 años, los gobiernos actuales tampoco han generado que esta situación se revierta.

Con la privatización de los servicios del estado y el desmantelamiento de la seguridad social, así como la posterior normalización en el transporte, entrega y generación de comida “rápida”, a través de las aplicaciones digitales (APP), la subcontratación es cosa de todos los días. Además de las restricciones por covid-19, con el regreso al semáforo en rojo “despintado”, tipo naranja, según Javier Corral Jurado, las y los trabajadores de estos y otros servicios, siguen trabajando, manteniéndose en constante riesgo, ya no solo por el contagio del virus, los asaltos y violencia que están a la orden del día, sino además por la completa ausencia de protección y derechos laborales.

Mientras tanto, la subcontratación, legal o ilegal (6,000 empresas la implementan), permite hasta 50 % de reducción de costos, porque se reducen derechos laborales para las y los trabajadores. Sin embargo, el gobierno federal y la Cámara de Diputados están negociando con los empresarios lo siguiente:

“1. Restricción de la subcontratación a actividades especializadas de la empresa.

2. Prohibición del insourcing, es decir, una empresa no puede subcontratar a sus propios trabajadores.

3. Autorización para la subcontratación de bienes y servicios sea ’expedita’, es decir, que no demore mucho el permiso para subcontratar, de lo contrario el registro se autorizaría automáticamente.

4. Limitación del reparto de utilidades a los trabajadores con un tope del 10%.”

Cabe destacar que la propuesta solo modifica la redacción de los puntos 1 y 2, puesto que ya estaban regulados desde 2012. Por su parte, el punto 3 beneficia a las empresas de servicios que son quienes más subcontratación implementan y el número 4 restringe el derecho de las y los trabajadores a la participación de las utilidades de las empresas.

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Al estilo de película de ciencia ficción, de las más apocalípticas, resulta indignante que uno de los principales sectores que han tenido que pagar con sus propias vidas son las y los trabajadores de la salud, de los más afectados por las consecuencias de la subcontratación y desmantelamiento de los hospitales, ahora tristemente en evidencia con el agravamiento de la crisis sanitaria.

A comienzos del mes, las cifras rebasaron los 38 mil contagios y más 3 mil personas fallecidas por covid-19 en el estado de Chihuahua; solo dentro de las y los trabajadores de la salud se contabilizaron arriba de 4 mil registros positivos y 48 decesos.

Por una salida desde la clase trabajadora

La única manera de contrarrestar lo anterior es avanzando en nuestra organización política como clase, impulsando la unidad entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, como se viene promoviendo desde el Movimiento Nacional Contra la Precarización y los Despidos, mismo que surge de la necesidad de construir un programa de lucha a través del cual podamos unificar nuestras reivindicaciones y nos permita la unidad en la acción, así como seguir sumando fuerzas para hacerle frente a la ofensiva capitalista contra el mundo del trabajo.

En más de tres décadas la política neoliberal desmanteló la seguridad social en el país; en nuestros días, aunque negada por los gobiernos de la 4T y administraciones estatales, sigue agudizando la precarización laboral, con el aumento de bajos salarios, con contrataciones inestables y simuladas, bajo la subcontratación.

Con la crisis covid-19 el escenario empeoró, afectando en primer lugar a la población trabajadora, mostrando las nefastas consecuencias del desmantelamiento y privatización de la salud pública. Asimismo evidenció la subordinación de los gobiernos federales y estatales a la política estadounidense, declarando como esenciales las cadenas de suministros requeridas por el país del norte (industria automotriz y aeroespacial, la minería y construcción), sin importar el riesgo para la salud y la vida de las y los trabajadores nacionales y sus familias de estas ramas productivas, haciéndose cómplices las direcciones sindicales burocráticas, con las numerosas muertes de obreras y obreros de las maquiladoras.

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Es indispensable crear un plan obrero de emergencia en contra de los despidos, así como contra los recortes salariales y nuestras prestaciones; tenemos que pelear por la ilegalización del trabajo precario, los contratos por honorarios y de protección patronal, así como de la subcontratación o outsourcing.

Un plan obrero de emergencia que incluya al menos estas tres medidas básicas:

a) Pasar y promover el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, es decir, repartir el trabajo existente entre las mujeres y hombres desocupados. Con ello poder dar descanso a quienes llevan y han tenido jornadas extenuantes, garantizándoles el 100 % de sus salarios y no con porcentajes reducidos, como han venido haciendo las patronales, de la mano con las autoridades que se hacen de la vista gorda, del mismo modo que, debe venir un aumento general de salarios, que se vayan actualizando automáticamente de acuerdo con la inflación.

b) Salarios y subsidios de emergencia para los trabajadores “informales” y la población en situación de pobreza, equivalentes como mínimo al costo de la canasta básica. Seguro de desempleo para todas y todos los trabajadores. Apoyos financieros a los campesinos pobres y pequeños comerciantes por cuenta propia.

c) Por el acceso a un retiro digno para todos. No a las AFORES. Que los fondos de pensión sean estatizados bajo la administración de los trabajadores activos y en retiro, organizados de manera democrática. Que todas las pensiones cubran como mínimo el costo de la canasta familiar y se ajusten de acuerdo con la inflación.

Hay que construir una alternativa política a la izquierda del Morena, que permita desplazar a las castas burocráticas de los sindicatos, luchando por la independencia política de los sindicatos respecto a los gobiernos, las instituciones del régimen, la Iglesia y los partidos patronales. Por plena democracia sindical. Por el derecho de todos los trabajadores a organizarse sindicalmente y bajo contratación colectiva, sin la injerencia y el control estatal. Por la unidad de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, contratados y precarios, de base y eventuales.

Para que la crisis no la paguemos las y los trabajadores, las mujeres, la juventud, los campesinos pobres ni los pueblos indígenas, por todo lo anterior te recomendamos que leas y te sumes al Frente de Izquierda Anticapitalista.

¡Porque nuestras vidas valen más que las ganancias de los empresarios!

¡Contra el charrismo sindical!