Medidas Oficiales. Premio a los fugadores: con eje en la construcción, el Gobierno lanzó un blanqueo

Siguen desarrollándose los encuentros que organiza el Gobierno junto a empresarios y representantes de la cúpula sindical, para poner en pie el acuerdo económico y social, esta vez haciendo eje en la "reactividad productivade la construcción".

En una jornada que enciende las alarmas de la economía por la suba récord del dólar paralelo, que dan la espalda a las últimas medidas cambiarias. Martín Guzmán y Santiago Cafiero encabezaron la reunión de la que participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; la ministra de Desarrollo Habitacional y Hábitat, María Eugenia Bielsa; y el titular del Banco Central, Miguel Pesce. El jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, el titular de la Cámara de la Construcción, Iván Szczech; y el de la Uocra, Gerardo Martínez.

Según sostuvo el ministro de Economía en twitter:

Hoy se enviaron al Congreso de la Nación dos proyectos de Ley con eje en la industria de la construcción, un motor potente para dinamizar la economía y generar puestos de trabajo, con impacto transversal en diversas cadenas productivas.

— Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) October 21, 2020

Las medidas anunciadas se dan en un contexto de baja en los precios de los inmuebles, ubicándose el costo del metro cuadrado en dólares en mínimos en 15 años. De esta manera buscan atraer los dólares de quienes tengan ahorros en el país o afuera, otorgando beneficios fiscales.

Los beneficios de los proyectos:

*Serán eximidos del pago del impuesto sobre Bienes Personales durante dos años y obtendrán crédito fiscal igual al 1% del desembolso, quienes canalicen sus ahorros en inversiones destinadas a la construcción.

* Diferimiento y ajuste al Impuesto a las Ganancias e Impuesto sobre Transferencia de Inmuebles, adecuando el monto imponible a su evolución en términos reales y alineando el momento del pago al momento de percibir los ingresos por la inversión.

*Blanqueo: quienes declaren voluntariamente la tenencia de moneda nacional o extranjera y la destinen a la construcción, se les cobrará un único impuesto y se le concederá un bloqueo fiscal respecto a la eventual omisión de impuestos nacionales sobre esos fondos.

*El segundo proyecto estaría relacionado al acceso al crédito hipotecario, enfocándose en dar cobertura “a los propietarios e inversores ante descalces entre salarios e inflación.”

Un regalo a los empresarios inmobiliarios

El blanqueo que se propone en los proyectos enviados al Congreso, se suman a una larga lista de beneficios otorgados por el Gobierno de Alberto Fernández a los empresarios y millonarios del país.

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En esta oportunidad con el fin de "incentivar la reactivación económica enfocada en la actividad de la construcción, gran generadora de puestos de trabajo" y "movilizar ahorros hacia actividades de construcción". Sin lugar a dudas la construcción fue uno de los sectores con mayor hundimiento por las medidas de aislamiento social, la última medición del Indec del mes de julio confirma una caída de 30,1 % respecto a igual mes de 2019.

Además, se trata de una de las ramas con gran porcentaje de empleo informal y precarizado, en las peores condiciones y con bajos salarios. Esta situación provee de mano de obra barata a los empresarios inmobiliarios que se vean atraídos por la propuesta de Guzmán.

Además del blanqueo de capitales a los fugadores y evasores, que entreguen sus dólares o decidan invertir en los proyectos de construcción sin sumar presión al “mercado” cambiario, también obtendrán reducciones fiscales.

Respecto al déficit habitacional, Martín Guzmán sostuvo que es otro eje contemplado en los proyectos. Aunque restará esperar ver la letra chica para sacar conclusiones más ajustadas, la solución a una problemática social grave, que afecta a más de 3,5 millones de familias en el país no puede estar atada a las especulaciones de los pulpos inmobiliarios. La emergencia de las tomas como la de Guernica sacan a la luz el deterioro social que afecta a millones al calor de la crisis económica y social. La vivienda es un derecho, no puede ser criminalizada.

De acuerdo a los datos del Presupuesto 2021, confeccionado para agradar al Fondo, sólo se construirán 12.150 viviendas con los u$s 145 millones asignados a esa finalidad. Pero se garantizan los pagos de más de u$s 1.300 millones en intereses de la deuda con el FMI. Una deuda ilegal e ilegítima tomada por el macrismo, que Alberto Fernández seguirá pagando sin investigar. Si esas son las prioridades del actual Gobierno, es preciso cambiarlas.

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