En otra muestra más del racismo institucional y la caza de personas migrantes en el Estado Español, la policía de Irún ofreció días festivos a los agentes de Extranjería según el número de migrantes detenidos el fin de semana.
Jueves 8 de junio de 2023
Hace unos días salió a la luz una orden emitida por la Jefatura Superior de Policía del País Vasco dirigida a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la comisaría de Irún donde un inspector jefe establecía que desde el próximo 1 de julio “en función del número de detenidos del fin de semana”, se otorgarían: dos días de compensación por ningún arrestado; tres días por la detención de uno; cuatro días por dos o más detenidos, y cinco días por detener a diez o más personas.
Esta orden fue posteriormente anulada después de que la Jupol (“sindicato” de la Policía mayoritario en Gipuzkoa) emitiera una denuncia pública vía Twitter, diciendo que “la prestación del servicio en la modalidad de incidencias, está debidamente regulada” y que en Irún “se está ‘empujando’ para aumentar el número de detenidos por Extranjería desde la Jefatura de la Brigada.
Evidentemente esta denuncia de la Jupol no tiene nada que ver con una repentina conciencia antirracista o de derechos humanos (como si la propia organización no fuese extremadamente conservadora y reaccionaria), sino a que esto supondría aumentar la carga de trabajo de los policías.
Este tipo de detenciones están a la orden del día en Irún. A pesar de ser una ciudad relativamente pequeña, al estar situada en el paso fronterizo con Francia, en este municipio se realizan una cantidad de detenciones parecida a la de Madrid o Valencia, según varias fuentes. La suspensión de la libre circulación de personas en enero de 2021 que conllevó el cierre de los pasos fronterizos y unas fuertes restricciones para impedir el paso de migrantes han resultado en la muerte de al menos nueve personas migrantes al intentar cruzar hacia Hendaia.
Órdenes como esta que premian a los policías por la caza de personas migrantes concuerdan con un modus operandi basado en controles sistemáticos por perfilamiento racial y consecuentes detenciones arbitrarias, como denuncian varias organizaciones de acogida y derechos humanos en Gipuzkoa. Todo esto acogido bajo el marco de la brutal y racista Ley de Extranjería que permite estas violaciones de derechos fundamentales, y legitima el actuar de los cuerpos de represión del estado.
No es un caso aislado, se llama racismo institucional
Este tipo de órdenes no son nuevas, sino una práctica habitual en un Estado construido sobre el racismo estructural e institucional. Por allá en 2009, bajo el gobierno del PSOE de Zapatero, el ministro del interior Alfredo Pérez Rubalcaba admitió que el Cuerpo Nacional de Policía tenía unos cupos semanales marcados en Madrid para la detención de personas migrantes en situación irregular. Estos cupos variaban según el barrio, estableciéndose que “en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito.”
A parte de esto, no es secreto para nadie asesinatos racistas como el de Mame Mbaye o la perpetua y sistemática persecución que sufren las personas migrantes por parte de la policía.
La policía además es perfectamente consciente de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas migrantes y actúa en consecuencia. Las organizaciones defensoras de derechos humanos en Gipuzkoa denuncian la presión que tienen las personas migrantes detenidas, por ejemplo, sabiendo que en los dispositivos de acogida solo les dejan dormir 3 noches, pero que también, por otro lado, les impiden salir de este antes de que pase ese tiempo.
Evidentemente no es solamente de este lado de la frontera. Desde estas organizaciones se denuncian también los controles selectivos y abiertamente racistas por parte de la Policía francesa tras cruzar la frontera, lo que lleva a muchas personas a utilizar rutas alternativas y mucho más peligrosas para intentar pasar.
La violencia policial y este tipo de operaciones son solo una expresión de todo un sistema que se sostiene sobre el racismo estructural. En el Estado Español, de un régimen del 78 caduco que a través de una brutal Ley de Extranjería es responsable de devoluciones en caliente y deportaciones, de CIEs superpoblados que no hacen más que aumentar en las peores condiciones posibles, de asesinatos y muertes no solo en Ceuta, Melilla, Irún y demás pasos fronterizos, sino en el día a día en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, o de que los trabajos más precarios y con peores salarios sean ocupados por personas migrantes.
Por todo esto, luchamos por la derogación inmediata de la Ley de Extranjería, el cierre de los CIEs, el fin de las deportaciones, papeles para todxs y el fin del sistema capitalista cuyo sustento depende, entre otras cosas, de este racismo estructural.
