Medios de Comunicación. Prensa golpista en crisis: cerró Página Siete

El 28 de junio Raúl Garáfulic Lehm, accionista mayoritario y presidente del directorio de Página Siete, anunció el cierre de este medio informativo por motivos financieros. Garáfulic afirmó que este es el resultado de un ahogamiento económico promovido desde el gobierno de Arce que no solo retiró la “pauta oficial” de este medio, sino que, según el ejecutivo, el gobierno habría presionado a diversas empresas para quitar la pauta publicitaria. Con ese argumento Garáfulic en una “carta a los lectores” anunció el cierre de Página Siete lamentando la “asfixia económica” a la que fue sometido el principal medio informativo escrito de oposición señalando que “el periodismo independiente y la democracia pierden un aliado importante”.

El anuncio y posterior cierre de este medio de prensa fue rápidamente lamentado por representantes políticos de la derecha como el ex presidente Carlos Mesa (que fue uno de los principales columnistas de este diario); el alcalde de La Paz, Iván Arias, que fue ministro durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez; parlamentarios; intelectuales; periodistas; y, principalmente aquél sector de la población, conocido “popularmente” como pititas, que constituyó el bloque social en el que se apoyó el golpe de Estado del 2019. Los lamentos coinciden en señalar que se trata de un ataque a la “democracia” y que se trata de una herida más a la libertad de prensa. Así mismo, denunciaron que el gobierno de Arce daba pasos firmes en el control de la opinión pública y en un nuevo agravio a la ya muy cuestionada democracia boliviana.

Incluso el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, lamentó el cierre en los mismos términos, olvidándose que desde el gobierno de Evo Morales se presionó a diversos medios para que expulsaran periodistas “incómodos” como fue el caso de Amalia Pando de la red de medios de comunicación ERBOL (Educación Radiofónica de Bolivia).

El negocio de la “información”. No hay prensa independiente

Página Siete fue fundado el 2010 por el empresario, Raúl Garáfulic Lehm. Este empresario, con larga trayectoria en los negocios de los medios de comunicación es parte de una familia que supo beneficiarse con las privatizaciones que se realizaron durante del ciclo de ajuste neoliberal. Su padre, Raúl Garáfulic Gutiérrez, como recientemento publicó Bolivia Press, gracias a las privatizaciones (lo que se conoció como la capitalización) se quedó con cuatro empresas estatales: el ex Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), los fondos de pensiones Futuro (AFPs), la Hilandería Santa Cruz, y, la Hidroeléctrica Karachipampa (Bolivia Press, 29/06/2023 [1])

Estos datos no son menores. Toman relevancia porque por un lado muestran que es un ejemplo más de los negocios de ciertas élites familiares que han estado por largas décadas acostumbradas a lucrar no solo con la información sino también con las jubilaciones de cientos de miles de aportantes. Y, por otro lado, permiten poner en duda la supuesta calidad periodística e independencia de la que se jactan, cuando su prensa ha estado al servicio de los intereses de las clases dominantes en los acontecimientos decisivos que sucedieron en el país.

En este marco resultan chocantes los lamentos de la última directora de Página Siete, Mary Vaca, quién publicó una nota titulada “Mi pasión más dolorosa” luego de haberse “despertado con la noticia del cierre”. En esta carta reconoce que adeudaban hasta 7 meses de salario a sus trabajadores y repasa algunos ejemplos críticos de la situación de “precariedad” de algunos de ellos señalando que la llevaron a renunciar 3 veces. Es que con una deuda salarial tan grande y además conociendo las millonarias inversiones de este grupo económico, sorprende que no hicieron nada para denunciar esta situación. Recordemos que el grupo Garáfulic, teniendo conocimiento de la catastrófica situación del Banco Fassil, “invirtió” en dicho banco más de 1.000 millones de dólares de dinero de los jubilados que administraba la AFP de su familia.

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Lejos de las miradas lastimeras que la derecha vierte por Página Siete, el cierre de este diario golpista, solo debilita y perjudica a los trabajadores y trabajadoras que realizaban sus tareas en esta empresa, y no así, a la libertad de prensa como afirman.

Pero además recordemos que desde las páginas de este diario se alentó el movimiento político social que legitimó el golpe de Estado de noviembre del 2019, llegando incluso a intentar esconder o justificar las matanzas del Pedregal, Sacaba y Senkata del 2019, matanzas que dejaron un saldo de 38 asesinados.

Página Siete, junto con otros medios golpistas como Unitel o Cabildeo digital, callaron en mil idiomas los cientos de torturas que grupos de policías y civiles afines realizaron en la ciudad de El Alto con el objetivo de sembrar terror y evitar las movilizaciones de protestas frente al agravio a la wiphala, el 10 de noviembre, por grupos de paramilitares y policías golpistas.

Página Siete, no solo que nunca fue un pilar de la democracia, sino que trabajó sistemáticamente para construir una opinión pública golpista y al servicio de las clases-etnias blanco mestizas.

El cierre de Página Siete solo expresa el relativo aislamiento y retroceso que sectores de la ultra derecha nacional están viviendo en estos momentos. Aislamiento que se inició con la detención y posterior encarcelamiento del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quién gobierna desde el penal de alta seguridad de Chonchocoro. Luego vino la sentencia condenatoria por racismo contra al ex líder cívico, Rómulo Calvo, así como las decenas de golpistas presos preventivamente mientras se desarrollan los juicios por los casos golpe de estado I y II.

Que diversos empresarios hayan dejado de poner plata para el financiamiento de este diario solo significa que un importante sector de la clase dominante está más interesada en negociar con el gobierno de Arce que en alentar movidas destituyentes.

Estos elementos permiten dar cuenta de que no se trata tanto de un atentado contra la libertad de expresión o contra el supuesto “pluralismo” de Página Siente. Se trata más bien de un problema de “rentabilidad” como en cualquier negocio capitalista. En todo caso, una vez más, hay que recordar cómo sus “libertades y pluralismo” hicieron aguas cuando censuraron a María Galindo por haber difundido información sobre una reunión que se llevó a cabo en la Universidad Católica Boliviana (UCB), donde los golpistas organizaron lo que ellos y Página Siete denominaron como “transición constitucional”.

Página Siete, Unitel y otros medios, intentaron presentar el golpe de Estado y los días que se sucedieron a la renuncia de Evo Morales, como una fiesta democrática mientras que en las calles se vivía el clima de la represión con barricadas, paramilitares, policías y militares despejando las calles en un virtual estado de sitio bendecido por la Iglesia.

Derechos de lxs trabajadores y la necesidad de una prensa verdaderamente independiente

Los trabajadores y trabajadoras de Página Siete deben defender sus fuentes laborales exigiendo la nacionalización de la empresa, sin indemnización, y su puesta en funcionamiento bajo administración colectiva de lxs trabajadores. Solo estableciendo una lucha con independencia política tanto del gobierno del MAS como de la oposición de derecha, los trabajadores y trabajadoras, en función de sus propios intereses y no de sus patrones, podrán garantizar no solo sus fuentes de empleo sino también una sustancial mejora en la calidad informativa, que deberá ponerse al servicio de las necesidades y demandas populares y no de grupos empresariales.

Para las y los trabajadores, para las comunidades campesinas y los pueblos originarios, para los sectores populares, para el movimiento de mujeres, feministas y de las disidencias y demás movimientos sociales, el cierre de Página Siete no significará un cambio sustancial en la calidad informativa y tampoco en la calidad de la ya bastante degradada democracia plurinacional. Pese a toda la retórica oficial, los medios de comunicación más importantes del país siempre han estado en manos privadas de grupos empresariales antiobreros y antipopulares.

La política del gobierno de Arce indudablemente, al igual que sus antecesores, utiliza el control del Estado para condicionar la información. Esto forma parte de una política más general, en un principio velada y hoy cada vez de manera más abierta y pública, que es la de utilizar todo el aparato estatal como una herramienta al servicio de la lucha pre-electoral contra el evismo y contra la oposición de derecha. De ahí deviene el relativo fortalecimiento del gobierno de Arce con respecto a sus contrincantes, acentuando sus rasgos autoritarios, pese a la debilidad estructural del régimen sobre el que se asienta.

Desde las páginas de La Izquierda Diario Bolivia nos solidarizamos con las y los trabajadores de ese medio informativo quienes a partir de ahora engrosaran las filas de desocupados y que deberán velar para que la empresa titular de Página Siete cancele a cabalidad todos los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras.

Las y los socialistas revolucionarios de la LOR-CI, que impulsamos a La Izquierda Diario Bolivia, luchamos porque los medios de comunicación estén en manos de las grandes mayorías populares y trabajadoras del país y de sus organizaciones, para de esta manera democratizar en serio la información y estableciendo un sistema claramente democrático y participativo, terminando con la situación en que cada medio de comunicación privado es simplemente el medio de expresión de un sector o una franja de la clase dominante.

Rechazamos y repudiamos toda la política gubernamental de condicionar a los medios de comunicación sobre la base de la publicidad oficial. Recordemos que estas prácticas antidemocráticas ya habían desplegado todo su carácter reaccionario durante el gobierno de Evo Morales, luego con Jeanine Áñez y ahora con el gobierno de Arce.

Todo lo que vaya en contra de la libertad de prensa indudablemente más temprano que tarde será usado contra los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad que den pasos en su organización y movilización independiente. Por tal razón rechazamos todo mecanismo que restrinja o limite los medios de prensa y más en general la libertad de expresión, pero tampoco podemos defender un medio que se puso al servicio del racismo y la violencia reaccionaria que dejó en luto a muchas familias de los sectores populares.