Este domingo millones de personas en México despertaron con la noticia de que El Chapo, Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa, considerado el primer capo del narco mexicano, había escapado por segunda ocasión de un penal de máxima seguridad.
Sergio Abraham Méndez Moissen México @SergioMoissens
Martes 14 de julio de 2015
En breve, la desconfianza ante el régimen mexicano se expresó en redes sociales pues hay indicios de que esta ¨fuga” no podría hacerse sin la colusión con algún sector del gobierno del país.
Este “gran escape” constituye un nuevo golpe para Peña Nieto pues pierde ante los ojos de millones credibilidad. En un país en el que desaparecen 43 normalistas de Ayotzinapa, con la participación del Ejército y el Batallón 27, los grandes capos de la droga “sorprendentemente” pueden escapar de un penal de “máxima seguridad” sin que nadie se diera cuenta.
El New York Times calificó de un “escape impresionante” que disminuye notablemente la credibilidad del gobierno mexicano. Señalaron que esta fuga de “se alimenta de un cinismo profundo de México sobre la dirección del país y de sus instituciones de corrupción a balazos.” Para los editorialistas Azam Ahmed y Ranald Archimold la ¨fuga” del capo de la droga expresa que el gobierno mexicano es incapaz de controlar al narcotráfico.
En la editorial del Times se remata citando las declaraciones del Consejo Coordinador Empresarial, principal cámara de capitalistas del país; "Hacemos un llamado al poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como todos los niveles de gobierno para volver a trabajar y asegurar que los mexicanos tengan seguridad pública y que la combinación de la corrupción y la impunidad no deben hacer dudar sobre el avance de las reformas.” Es la mano dura de los empresarios contra el gobierno que quieren acelerar las “reformas estructurales” que entregan el país al imperialismo.
El Washington Post detalla en su editorial que este segundo escape es una muestra de “debilidad” del gobierno en la lucha de México contra el crimen organizado. Entonces, en México, se puede sobornar comisiones ilegales comunes para salir avante en actividades ilícitas.
Quieren ayudar a fortalecer los lazos de dominación imperialista
En ambas editoriales se notificó del deseo de los Estados Unidos en ayudar a la “recaptura” de El Chapo. En breves declaraciones el gobierno declaró en voz de Loretta Lynch, fiscal general, que el gobierno está “listo” para trabajar con el gobierno mexicano para proveerlos con asistencia y así ayudar a la recaptura. Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) habló personalmente con Loretta Lynch.
Mientras tanto, el gobierno de Chicago se presenta molesto y propone que cada capo detenido en México sea inmediatamente extraditado a Estados Unidos. La Comisión del Crimen de Chicago sólo ha “nombrado” como enemigo público a dos personajes: en 1930 a Al Capone y en 2013 a El Chapo.
Las declaraciones de Loretta Lynch deben ser leídas como el ofrecimiento de más militarización, injerencia de los aparatos de seguridad imperialista en nuestro país y fundamentalmente en un posible avance de la militarización del país.
Estados Unidos ha usado el pretexto del fenómeno abiertamente reaccionario del narcotráfico para implementar un plan estratégico de despojo y aumentar los lazos de subordinación diplomática, política y militar del Estado mexicano con la política de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
México recibe ayuda por millones de dólares para la militarización del país por medio del Plan Mérida y el ASPAN (la Alianza para la Prosperidad de América del Norte), que aumentaron la injerencia de los Estados Unidos en México en materia militar y de Seguridad Nacional.
Tan solo en 2013 el gobierno mexicano recibió más de 1.200 millones de dólares aprobados por el Congreso de los Estados Unidos en concordancia con el Plan Mérida bajo el rubro de “ayuda” a las Fuerzas Armadas.
Como sostenemos en otro trabajo: “Esta guerra, al mismo tiempo, es un gran negocio para las empresas de armas estadounidenses. La industria armamentista de aquel país se beneficia cada año con 127 millones de dólares solo por sus “exportaciones” al vecino del sur.”
Tan sólo en abril de este año Peña Nieto aprobó una Nueva Ley de Explosivos en el que permite que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y Oficina Federal de Investigación (FBI) puedan entrar a territorio nacional con armas bajo la dirección del Ejército Mexicano.
Es la militarización del país, bajo el pretexto del combate al crimen organizado, la que ha desatado una gran crisis de derechos humanos. En México han muerto más de 200 mil personas, hay más de 25 mil desaparecidos y un millón de desplazados producto de la guerra contra el narco. La militarización también tiene la función de contener y reprimir el descontento social.
