Un fiscal de Nueva York lo señala de “liderar” una organización de tráfico de drogas hacia EE.UU. y ofrece millones de dólares por "información" sobre el mismo. Al mismo tiempo, uno de los acusados, enfrentado a Maduro y exiliado en Colombia, confirma que desde allí preparaban ataques militares dentro de Venezuela, con conocimiento de Guaidó y con contratistas estadounidenses.
Jueves 26 de marzo de 2020 17:04
La administración de Trump anunció hace pocas horas que formuló una acusación criminal contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno venezolano. Lo hizo a través de Geoffrey Berman, fiscal del Distrito Sureño de Nueva York, y de la fiscalía del Distrito Sur de Florida. La acusación indica que Maduro “ayudó a dirigir y, finalmente, lideró", el llamado “Cartel de los Soles” para, según, “inundar Estados Unidos con cocaína e infligir los dañinos y adictivos efectos de la droga a los usuarios de este país”. Extraño es el momento político en el que salen con estas acusaciones y directamente a través de la Fiscalía estadounidense.
De esta manera, además de Maduro, señala por los mismos cargos a Diosdado Cabello, considerado el número dos en el escalón del chavismo, Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo, a Tareck El Aissami, vicepresidente del Área Económica, y a Hugo Carvajal Barrios (“el pollo Carvajal”), exdirector de la inteligencia militar y el mayor general Cliver Alcalá Cordones, estos dos últimos enfrentados duramente a Maduro y ubicados fuera del país, en diferentes esquemas de “cooperación” con los Estados Unidos.
Según el fiscal neoyorkino, Maduro afronta una pena mínima de 50 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Y al mejor estilo del “viejo oeste”, ofrecen 15 millones de dólares de recompensa por información relacionada con Nicolás Maduro, y 10 millones por cada uno de los otros señalados, como si no se supiera donde viven o si fuesen prófugos. Dice el Departamento de Justicia yanqui que “Esperamos eventualmente poner bajo custodia a esos acusados, y vamos a explorar todas las opciones para hacerlo”, agregando que “algunos de ellos viajan y podrían proveer una oportunidad (para su detención)”.
Ofrecer millones de dólares por “información relacionada” con figuras absolutamente públicas, como las del Gobierno venezolano, o perfectamente ubicadas, como Clíver Alcalá, es totalmente acorde a la prepotencia yanqui en clara consonancia con la política de intervencionismo imperialista. Los Estados Unidos se arrogan el “derecho” de ofrecer recompensa por información sobre el Presidente y otros altos funcionarios de otro Estado soberano. Esa es la prepotencia de la “justicia” extraterritorial imperial.
Esta acusación ocurre, no obstante, dos días después que el Gobierno venezolano anunciara la captura de una persona, de nacionalidad colombiana, con un cargamento de armas que venían de esa nación hacia Venezuela, para ser entregadas con fines de ataques dentro del país, en específico, ataques a figuras claves en cargos del Estado. Planes de los que estaría al tanto el Gobierno estadounidense.
Así mismo, luego de que algunos dirigentes de la oposición señalaran la necesidad de algún entendimiento con el gobierno para hacer frente a la emergencia de la pandemia de coronavirus, y Maduro respondiera declarando que está dispuesto a ese entendimiento. Propuso la sede de la Conferencia Episcopal como lugar de la reunión, y señaló específicamente a Capriles Radonski (ex candidato presidencial en 2013), Henri Flacón (ex candidato presidencial en 2018) y Henry Ramos Allup (diputado y líder de Acción Democrática), sin mencionar a Guaidó. Si no me reconocen como Presidente, no importa, voy como Nicolás Maduro Moros, señaló.
Se especula si esta escalada del gobierno de Trump tiene que ver con una movida con objetivos domésticos para consolidar por derecha su electorado, si es para “responder por arriba” a la acusación de que EE.UU. estaría involucrado en el plan develado de agresión militar a funcionarios del Gobierno venezolano desde Colombia, o para “dinamitar” el posible escenario de un diálogo y acuerdos entre Maduro y gruesos sectores de la oposición, lo que dejaría como un cero a la izquierda al debilitado Guaidó, el peón de la política de Estados Unidos hacia Venezuela en el último período.
Más allá de esas posibilidades, es un hecho que se inscribe en la política injerencista y de agresión contra Venezuela, que debe ser categóricamente rechazada. Como hemos señalado desde este diario, las cuentas que haya que ajustar con el Gobierno de Maduro son asuntos que solo competen a los trabajadores y al pueblo venezolano, no a ninguna potencia imperial extranjera.
El escenario se torna más complejo aún cuanto que, Clíver Alcalá Cordones, uno de los acusados, horas después de conocerse la acusación declaró a una emisora colombiana confirmando lo denunciado por el Gobierno de Maduro. De acuerdo a Alcalá, las armas incautadas por Venezuela eran parte de un plan para acciones militares dentro del país, y que habría sido un plan aprobado por Juan Guaidó y financiado con los “recursos del Estado venezolano” de los que este dispone vía los Estados Unidos.
El mayor general retirado señaló que él mismo era el jefe de esa operación, en la que contrataron a “asesores estadounidenses”, en un contrato al que el propio Guaidó habría puesto su firma, de lo cual, afirmó, tiene pruebas en su poder. Afirmó que pasadas horas de que el gobierno venezolano anunciara la incautación de las armas, él mismo se puso en contacto con el Gobierno colombiano para ponerlo al tanto de la situación.
No queda claro tampoco si estas declaraciones de Alcalá Cordones son una respuesta al hecho “extraño” de haber sido incluido en la lista de los acusados. O si inclusión en esa lista, obedece al hecho de que el Gobierno venezolano haya develado el plan que involucraba al mayor general y a los contratistas norteamericanos. En todo caso, Alcalá señaló que está en su casa en Barranquilla, donde lo sabe perfectamente el Gobierno colombiano, y que está a la disposición, por lo que “nadie tiene que cobrar 10 millones de dólares por información sobre mí”.
La respuesta del Gobierno venezolano no se hizo esperar, y la Fiscalía acaba de anunciar la apertura de una investigación a Juan Guaidó y a Clíver Alcalá Cordones “por el convicto y confeso delito de intento de golpe de Estado”.
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