Mauricio Macri presentó los lineamientos de Justicia 2020 junto a Germán Garavano y Ricardo Lorenzetti. Las multinacionales y su programa para la Justicia.
Miércoles 11 de mayo de 2016
El Programa Justicia 2020, integrado por un paquete de reformas, fue elaborado por Fores (Foro de Estudios para la Administración de Justicia), del cual Garavano fue director académico entre los años 1998 a 2000. Esta organización es el think thank jurídico de grandes multinacionales: dentro de sus auspiciantes se encuentran, entre otros, la Cámara de Comercio de EEUU, los bancos Galicia y Santander Rio, Telefónica y la empresa Ledesma, propiedad del genocida Blaquier.
En el 2012, el periodista Horacio Verbitsky denunció que la organización fue fundada por Jaime Lamont Smart, quien fuere funcionario durante la dictadura y el único civil condenado por su participación en el “circuito Camps”.
Justicia 2020 tendrá como presidente de su consejo consultivo a Ricardo Gil Lavedra, un experimentado en la defensa de las grandes empresas. El abogado radical es recordado por su paso en el tribunal del Juicio a las Juntas Militares, pero suele omitirse que fue parte de la Subgerencia de Asuntos Legales del grupo Pérez Companc en plena dictadura, uno de los principales grupos económicos que estatizó parte de su deuda durante el genocidio.
Fue el propio Gil Lavedra quien, semanas atrás, declaró que los procesos de lesa humanidad “no pueden seguir eternamente” y debían terminarse. Tras integrar el tribunal que oficializó la teoría de los dos dominios, contará ahora con un lugar privilegiado para llevar adelante la tan mentada impunidad.
Con la mano de Estados Unidos
El programa que pretende el macrismo está conformado por un centenar de leyes que buscan poner al Poder Judicial en sintonía con el ajuste en curso. Los pocos proyectos presentados hasta el momento fueron significativos: aumentan el poder represivo del Estado incluyendo figuras propuestas por la Dea y el FBI (agente encubierto y figura del arrepentido) y dando especial jerarquía a la nefasta ley antiterrorista aprobada durante el kirchnerismo.
Del mismo modo prevé distintos ejes temáticos en los cuales se agrupan los distintos proyectos, los cuales incluyen reformas del funcionamiento de la justicia, nuevas herramientas para la persecución de los delitos y modificaciones a los procesos judiciales. Todo ello se traduce en leyes que otorgan mayores facultades para el poder represivo del Estado, con mecanismos más agiles para criminalizar a la protesta social.
También se prevé el “fortalecimiento” de los colegios profesionales, cuestión en la que el macrismo ya echó mano al incluir en su lista de autoridades del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a Daniel Angelici. Los que se fortalecieron con su asunción son los servicios de inteligencia con los cuales tejió alianzas en la última década.
Completan los ejes una avanzada sobre la educación. No conforme con el ajuste presupuestario en curso, el gobierno impulsará reformas de los programas de estudio de las universidades de Derecho.
La dependencia judicial
"La Justicia tiene ser igual para todos, y mucho más exigente con los poderosos”, expresó Macri en su discurso. Lo burdo del discurso choca con la realidad que busca imponer su propio gobierno. El poder judicial aplica su lado más duro sobre los sectores más vulnerables y contra los trabajadores que salen a las calles. La brutal persecución a los trabajadores de Tierra de Fuego da cuenta del funcionamiento de la Justicia en tiempos de ajuste.
Mientras tanto, esa misma Justicia busca evitar a toda costa su aplicación sobre quienes integran e integraron el poder. El escándalo de las cuentas off shore de la familia Macri, investigación que avanza lentamente y por lo cual el presidente no ha sido siquiera citado, demuestra que Justicia 2020 es una justicia pensada por y para los poderosos.
