En el Palacio de la Moneda, por más de una hora, estuvieron reunidos el Presidente Piñera con el timonel del máximo tribunal para analizar el libelo presentado por la oposición en la Cámara de Diputados
Insurgente Libertad Egresado de Derecho
Miércoles 5 de septiembre de 2018
Según precisó el ministro Brito, la visita fue requerida por el Pleno de la Suprema con el objetivo de comunicar la incomodidad que sienten los ministros por la acusación constitucional presentada por un grupo de diputados contra tres jueces de la Sala Penal por conceder la libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad.
Brito aclaró a la Tercera que “hemos venido a hacer presente al jefe del Estado la preocupación de la Corte Suprema (…) por una actuación de naturaleza jurisdiccional que nosotros entendemos al margen de este mecanismo de control parlamentario. Esta situación inequívocamente, indudablemente, genera un comportamiento preocupante: hay roce de funciones y por eso lo hemos querido destacar y señalar al Presidente nuestra preocupación”, señaló la máxima autoridad del Poder Judicial.
En esa misma línea, Brito señaló que el Mandatario escuchó los argumentos con “muchísima atención”, pidiendo además mayores detalles: “Nos preocupa la garantía de la autonomía en relación de los ciudadanos, de las personas, eso lo conversamos detenidamente”. “Nosotros entendemos el Estado como un conjunto de organizaciones, de entidades, que se relacionan y que están constantemente vinculadas entre sí. Los jueces no tenemos desde luego la intención de amedrentar, ni tenemos la capacidad de amedrentar. El sistema de justicia es de orden jurídico en donde no hay espacio para actitudes de este tipo (…) No se trata de una intención indebida; lo indebido sería haberlo hecho de manera clandestina”, expresó.
Por su parte, y consultado sobre las intenciones de la visita, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó que dicha cita implicara alguna protección hacia los supremos, puntualizando que si bien “nosotros (Gobierno) no estamos blindando a nadie”, “tenemos que velar por el Estado de Derecho”.
En la controvertida reunión, también se abordaron otros temas ligados a la acusación, como un cambio a la ley sobre las libertades condicionales. “Fuimos informados de eso y también desde luego se nos informó acerca de otros proyectos de interés para el sistema de justicia, lo que ciertamente escuchamos con bastante interés”, terminó Brito.
Recordemos que la acusación constitucional fue presentada contra los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemuller y Manuel Valderrama que otorgaron en beneficio de libertad condicional a violadores de Derechos Humanos y condenados por crímenes de lesa humanidad.
El libelo es analizado por una comisión que ha recibido a abogados y organizaciones de derechos humanos, y donde se espera la presencia de los ministros acusados. El próximo sábado 15 de septiembre se votará en la Cámara de Diputados dicha acusación.
Incumplimiento de deberes versus elección universal de los jueces
Mas allá del debate en torno a la acusación constitucional, otra arista que se ha planteado, gira entorno a la discusión sobre la elección universal de los magistrados.
Actualmente, el artículo 78 de la Constitución establece que los ministros de la Corte Suprema y de Apelaciones son nombrados por el Presidente, a partir de una quina o terna propuesta por el máximo tribunal, respectivamente. En el primero de los casos, se necesita la ratificación del Senado. En tanto que, para jueces de tribunales penales, civiles, laborales y de familia se exige haber egresado de la Academia Judicial, y la designación del Mandatario a partir de una terna presentada por los tribunales de alzada. Mientras que para los miembros del Tribunal Constitucional (TC), señala el artículo 92, el nombramiento recae en el Presidente, Congreso y Corte Suprema.
Esto, a todas luces refleja un carácter antidemocrático ya que evidencia la nula participación del pueblo en torno a la posibilidad de elegir a quienes son los encargados de interpretar la ley y resolver las contiendas judiciales. Por el contrario, denota que se comparte la lógica del “amiguismo” para designar cargos judiciales según las conveniencias políticas de turno.
Un importante precedente en la materia, fue el proyecto de ley presentado por la ex legisladora del Frente de Izquierda en Argentina, Noelia Barbeito, quien propuso terminar con la elección secreta y a dedo de los jueces, ya que según ella “Se trata de un método arcaico, antidemocrático y completamente reaccionario”.
“Para terminar con la casta judicial y las votaciones legislativas a espaldas del pueblo, no sólo hay que eliminar las sesiones secretas: también hay que garantizar la elección directa de todos los jueces por sufragio universal, terminar con los cargos vitalicios, imponer que todos cobren lo mismo que una maestra y garantizar la revocabilidad de los cargos y el establecimiento de los juicios por jurados. Esa es la propuesta que sostenemos desde el Frente de Izquierda” señaló Barbeito.
