Después que la brutal represión policial se cobrara la vida de tres manifestantes y del anuncio de nuevas movilizaciones para esta semana, las cuales incluirán paros nacionales de campesinos y docentes, Dina Boluarte, la presidenta impuesta por el golpe congresal, hizo público que adelantará las elecciones generales para abril del 2024, lo cual no soluciona la crisis en curso.
Lunes 12 de diciembre de 2022
Foto: Agencia Andina
Pasada la medianoche del domingo 11 de diciembre, Dina Boluarte anunció, a través de un mensaje a la nación, que ella junto a su consejo de Ministros, compuesto mayoritariamente por técnicos al servicio de los sectores empresariales, habían decidido coordinar con el Congreso de la República para que las elecciones generales se adelanten para el mes de abril del año 2024.
De esta manera, Boluarte pretende distender el escenario social marcado por fuertes movilizaciones y enfrentamientos de la población con las fuerzas represivas, sobre todo en las regiones del interior, donde sectores importantes del pueblo cuestionan la asunción de Dina Boluarte como presidenta y también cuestionan el accionar del Parlamento.
Boluarte dijo también que las nuevas elecciones se darán en el marco de un proceso de reformas políticas, las mismas que se harán a partir de iniciativas planteadas desde el Parlamento y el Ejecutivo. En ese entender, y considerando las posiciones mayoritariamente conservadoras y reaccionarias que priman en estos poderes del estado, no nos sorprendería que estas “reformas” busquen limitar aún más la ya precaria participación de los sectores populares en las actividades políticas.
Por esa razón, consideramos que este anuncio del ejecutivo no representa una salida real a la presente crisis política, al menos para los trabajadores y los sectores populares, sino más bien, es una maniobra orientada a descomprimir el escenario social y a desmovilizar al pueblo con la finalidad de ganar tiempo para que los sectores conservadores mantengan sus privilegios, alejando a las masas - que hoy se empiezan a movilizar - de una salida independiente de la institucionalidad del régimen del 93 y basada en sus propias fuerzas.
Recordemos que Dina Boluarte opta por esta salida a última hora y presionada por las movilizaciones sociales que se iniciaron desde que la vise presidenta de Castillo fue juramentada el pasado miércoles 7 de diciembre, inmediatamente después que el Congreso de mayoría derechista destituyo a través de un golpe parlamentario a Pedro Castillo.
Desde ese momento, diversas movilizaciones, cortes de carreteras y violentos enfrentamientos entre los pobladores, fundamentalmente de las regiones del interior del país y las fuerzas represivas, se han hecho recurrentes.
Como ya se mencionó, los manifestantes rechazan de plano la asunción de Dina Boluarte como presidenta del país y cuestionan el nefasto accionar del Parlamento, al cual acusan de estar comprometido en actos de corrupción y de buscar prolongar su vigencia hasta el 2026, a pesar de tener una popularidad tan ínfima que no supera el 6%.
A la fecha, estas acciones de lucha se han cobrado la vida de tres manifestantes en la zona de Andahuaylas-región Apurímac. Los responsables directos de las muertes fueron las fuerzas policiales, quienes actuaron por órdenes de la nueva presidenta Boluarte. Sin embargo, y a pesar de la violenta represión, los manifestantes no han cejado en sus manifestaciones de rechazo al gobierno, por esa razón las acciones de lucha se han ido extendiendo a otras regiones del país.
En ese entender, diversas organizaciones campesinas agrupadas en torno al Frente Agrario y Rural del Perú han anunciado que el martes 13 y miércoles 14 de diciembre realizaran un paro nacional. A decir de las organizaciones convocantes, que tienen presencia en las diversas regiones andinas del país, se declaran en “insurgencia popular frente al golpe de estado planificado y perpetrado por el Congreso de la República, la cúpula de las FFAA, la gran prensa, el Poder Judicial-Ministerio Público, en calidad de operadores de los poderes fácticos o grandes grupos de poder económico”.
Por otro lado, y para no quedarse por fuera de este proceso de lucha, la Confederación General de los Trabajadores del Perú, CGTP, controlada por la burocracia del Partido Comunista Peruano, que colaboró muy estrechamente con el gobierno de Pedro Castillo, ha convocado para una jornada nacional de lucha a realizarse el próximo jueves 15 de diciembre a nivel nacional. Dentro de las principales demandas de la CGTP se encuentran: el cierre del Congreso, elecciones generales y nueva Constitución.
Así mismo, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATEP, gremio de docentes de la educación básica que tiene mucha cercanía al expresidente Castillo, hizo público también que el jueves 15 de diciembre iniciaban un Paro Nacional en su sector en rechazo a la presidenta Dina Boluarte y exigiendo la liberación de Pedro Castillo.
