El presidente del gremio de empresarios busca facilitar dar luz verde a las inversiones de diversos proyectos
Martes 30 de enero de 2018
El presidente de la SOFOFA (Sociedad de Fomento Fabril) Bernardo Larraín, se reunió con el presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito, para plantear una agenda impulsada por el gremio de empresarios, con respecto a la judicialización de proyectos.
El representante de la Federación gremial que reúne a empresas y gremios vinculados al sector industrial chileno, y que agrupa a cerca de 4.000 empresas, 44 asociaciones sectoriales y 22 gremios empresariales regionales, pretendió en esta reunión, que la corte suprema modificara el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (SEIA) bajo el argumento de que muchos de los proyectos llegan en sus etapas finales a la Corte Suprema.
Como solución a esta preocupación del grupo de empresarios – o ¿en busca de facilidades para que invertir? – proponen que exista una etapa temprana en el SEIA en la cual se resuelvan ciertas materias macros de un proyecto, entre las que Larraín destacó el “resolver materias que son más subjetivas, que por supuesto ahí corresponde tener criterios políticos, y por lo tanto el Consejo de Ministros y los consejos regionales pueden ser mucho más activos en esta etapa temprana” zanjando en estas etapas iniciales de la evaluación conflictos como “la zona de influencia de un proyecto, cuáles son las comunidades afectadas, cuál es la línea base que se requiere levantar, incluso se podrían definirse más menos los contenidos del estudio de impacto ambiental que se requieren para ese proyecto específico”.
En términos simples, lo que los empresarios quieren es modificar el modelo que evalúa sus proyectos, delegando algunas decisiones y criterios a organismos en los que, por supuesto, tienen o pueden llegar a tener pares políticos como el Consejo de Ministros y Consejos regionales, donde sus ganancias son un argumento mucho más importante que el daño que puedan producir al ambiente o a las comunidades asentadas en los lugares donde ellos quieren ver levantarse sus grandes fuentes de dinero. Y para esto, lo que el presidente de SOFOFA fue a hacer con Brito, es nada más ni nada menos que un “lobby” con la Corte Suprema.
En miras del gobierno de derecha, también conocido como gobierno de empresarios, no es raro suponer que las prioridades no van a estar puestas en los impactos ambientales, sino que tanto en el desarrollo indiscriminado de nuevos proyectos como en la privatización y consiguiente explotación de recursos naturales como bien podemos ver en lo que viene pasando con el Litio, en el acuerdo que la CORFO hizo con SQM que significará entradas millonarias a la empresa, por la extracción del material en el Salar de Atacama.
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