Estado Español. Presos políticos catalanes serán trasladados a cárceles de Cataluña

Foto: EFE/Stephanie Lecocq

Haz la prueba. Ponte un par de zapatos tres números menores al que usas. Camina con ellos casi 9 meses. Cambiatelos por otros solo dos números por debajo al habitual ¿Sientes alivio? Seguro que sí. Pero es una ilusión. Sigues llevando un calzado que no te corresponde. Un truco parecido esconde el “gesto” de Pedro Sánchez hacia Cataluña.

En las cárceles del Estado español hay 9 presos políticos catalanes a los que se les acusa del delito de rebelión, cinco más están en el exilio con idéntica causa. El mismo delito por el que ayer la Monarquía marroquí, siempre tan amiga y hermanada con la Casa Real española, condenaba a los lideres de las protestas del Rif a penas de hasta 20 años.

A ellas y ellos se les viene aplicando una doctrina penitenciaria, la de la dispersión, que fue inaugurada como pena adicional contra los presos políticos vascos. Muchos han sido los informes de Amnistía Internacional y otros organismos contra esta práctica que suma a la privación de libertad una pena para las familias que deben hacer miles de kilómetros para poder asistir a las visitas. Pero ¿importan mucho los informes de Amnistía Internacional al Estado español? No mucho. Al menos no los que hablan de la tortura y violaciones de derechos humanos aquí o en Arabia Saudí (parece que estemos repasando la agenda de favoritos del móvil de Felipe VI).

Ahora Pedro Sánchez el “Benigno” se ha apiadado de ellas y ellos. Les ha otorgado una “generosa medida de gracia”. Seguirán privados de libertad aunque ni siquiera haya una sentencia que confirme que la convocatoria del 1-O o las concentraciones en la Conselleria de Economía el 20S eran actos de rebelión (estas sentencias tienen su tiempo de cocina). Eso sí, lo harán en prisiones catalanas. Tenían las muñecas en carne viva por lo apretadas de las esposas, el gobierno del PSOE solo las mantendrá llagadas.

Para que ningún españolista de bien se asuste –y no hay que buscarlos solo en la caverna del PP, Ciudadanos o la Zarzuela, en el PSOE y el Consejo de Ministros y Ministras los hay a patadas– la medida se ha conocido el mismo día en que Sánchez confirmaba lo previsible: no pactará ningún referéndum consensuado con el gobierno catalán (Generalitat). Esta vez su “no es no” seguro que va en serio. No tendrá ningún golpe palaciego en Ferrán que se lo discuta, ni Felipe VI operará en la sombra para torcer su voluntad.

También el poder judicial ha hablado. El juez Llarena acepta la voluntad del gobierno de brindar este mínimo “gesto”, y a cambio, al cerrar la instrucción y confirmar la imputación por rebelión, ordena al Parlament de Cataluña que cese de sus actas de diputados a los 7 imputados que todavía la conservan. El juez que vetó a dos candidatos a la Presidencia de la Generalitat, quiere ahora definir quién puede o no ser diputado. Su palabra vale mucho más que los votos de millones de catalanes y catalanas el pasado 21D, que gran democracia la turca... ay perdón, la española.

La vía del diálogo con el Estado español viene siendo retomada por la dirección del procés desde el golpe del 155. Tanto Esquerda Republicana de Catalunya (ERC) como el PDECAT de Carles Puigdemot, más allá de los otros “gestos” de este lado protagonizados por Torra que tampoco pasan de lo simbólico, han regresado a un esquema de recuperación de la autonomía y mesas de negociación. El PSOE supo aprovechar esta circunstancia para atraer el apoyo de los diputados catalanistas en su moción de censura. El apoyo incondicional de Unidos Podemos, que tampoco se van a poner exigentes en la cuestión catalana ya que ni con Rajoy lo hicieron, le ayudó bastante.

El acercamiento de presos es al mismo tiempo “gesto” y “techo” de lo que el gobierno del PSOE está dispuesto a ofrecer. No solo no habrá referéndum, sino que ni siquiera la libertad de los presos políticos y el fin de la represión está planteado.

Sin embargo, las aspiraciones del pueblo catalán a poder decidir su relación con el resto del Estado no han desaparecido, y su desafección hacia un Estado que viene actuando como un ocupante en el territorio -primero con una brutal represión, después con intervención directa sobre sus instituciones y ahora con una estricta tutela y amenaza de volver a la mano dura- han llegado para quedarse.

El movimiento democrático catalán corre el serio riesgo de quedar atrapado entre estos dos bloques. Uno dispuesto a todo para evitar el ejercicio del derecho de autodeterminación, y el otro, la dirección burguesa del independentismo, completamente opuesto a promover la movilización social capaz de tumbar el régimen heredero de la Dictadura, no sea que con tanto lío por abajo también peligren los intereses y privilegios para los que la casta política catalanista lleva décadas trabajando.

Para que esto no suceda, la pelota está en el tejado de la izquierda independentista, los Comités de Defensa de la República (CDR), los sindicatos alternativos y movimientos democráticos de base. Retomar la lucha por el derecho a decidir con plena independencia del govern catalán y sus partidos, unida a un programa que resuelva las grandes demandas sociales en base a las ganancias y privilegios de las grandes empresas y la banca y con la sola confianza en la movilización social con la clase obrera en frente, es la única posibilidad para acabar con el Régimen del 78 en una lucha en común con el resto de la clase obrera y los sectores populares del Estado.