OPINIÓN. Presos políticos, guerra judicial y después

Se ha desatado el debate sobre la existencia de presos políticos en la Argentina y vemos con asombro cómo se niega la posibilidad de que existan presos políticos por el mero hecho de que los involucrados estén sometidos a procesos judiciales y no “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. Al hacer tal definición no los domina un animus de precisión doctrinaria, sino la intención de no asumir la potencial responsabilidad política.

Esta postura niega una larga tradición nacional e internacional. Los Mártires de Chicago fueron recluidos y condenados a muerte; Sacco y Vanzetti fueron juzgados, sentenciados y ejecutados por electrocución: ¿quién dudaría de la característica política de su encierro por orden judicial? Con esta reversionada definición, ahora mismo los líderes soberanistas catalanes presos por el Estado español en uso de su sistema de justicia no serían presos políticos. Tampoco los palestinos que conmemoran el “Día de los Presos Palestinos” con manifestaciones en reclamo de la liberación de los miles de recluidos en cárceles israelíes, de los cuales se computan cada año unos setecientos niños que son juzgados y sentenciados, en su mayoría acusados de tirar piedras. El propio Lula Da Silva, a quien Alberto Fernández visitó, no fue un preso político, según su propia enunciación, porque estaba condenado por el ultrasesgado sistema judicial brasileño y no por directivas del PEN.

La historia argentina demuestra la existencia de cientos de presos políticos que contaron con proceso judicial, desde los presos anarquistas o comunistas de principio del siglo pasado a la actualidad. Sin ir más lejos, bajo el Gobierno de Macri fueron presos políticos César Arakaki, Dimas Ponce y Daniel Ruiz por movilizarse contra la reforma previsional en 2017.

Es claro que todo preso por participar de una protesta social o popular es preso político. Y más allá de las diferencias con los casos mencionados, algunos de involucrados en el debate abierto, indudablemente están detenidos por participar en protestas sociales, lo que los hace presos políticos, más aún cuando sus procesos están plagados de irregularidades. Milagro Sala fue detenida por participar de un acampe y luego le abrieron otras causas que el propio presidente del Tribunal Supremo de Jujuy reconoció que lo hicieron por orden del gobernador Gerardo Morales. Luis D’Elía está preso en un penal federal por haberse movilizado a una comisaría en repudio del asesinato de un militante popular: en el cable 1222 de Wikileaks se ve cómo la Embajada de Estados Unidos reclama su detención. En su caso, la persecución llega al extremo de negarle la prisión domiciliaria, aun cuando tiene graves problemas de salud (tres bypass y es insulinodependiente). No se requiere acordar políticamente con ellos para tener el elemental registro democrático de defender a los que padecen la cárcel por participar de un reclamo popular.

En segundo lugar, no se nos puede escapar la utilización en la región del mecanismo que se ha popularizado como “lawfare”, que supone, entre otras cosas, que el Poder Judicial actúa con clara intencionalidad política. Uno los ideólogos del concepto, el general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Charles Dunlap, la definió como el “uso de la ley como arma de guerra”. Decir que solo hay “detenciones arbitrarias” le lava la cara al Poder Judicial, lo deja en un lugar de ascetismo político, que es prerrequisito del lawfare: utilizar para la "guerra" herramientas que la opinión pública considera independientes, como la Justicia y los medios de comunicación.

Recientemente en el país han salido a la luz casos como el que instruye el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, donde se evidencian las relaciones de un personaje como Marcelo D’Alessio con Patricia Bullrich, entre otros funcionarios, para armar causas. Así también en los últimos días se conocieron las denuncias que involucran al gobierno de Macri en el financiamiento de un hotel a Alejandro Vandenbroele.

Es evidente que el Poder Judicial se ha transformado cada vez más en un actor central a la hora de dirimir los destinos políticos de los países de América Latina donde hay un “modus operandi” de intervención judicial para iniciar derivas autoritarias, esto al margen de la valoración que se pueda tener de la orientación de los Gobiernos o dirigentes que hoy son víctimas de esas prácticas (como el abuso de las prisiones preventivas). Es más, la mayoría de esos Gobiernos convivieron y alimentaron a este Poder Judicial colonizado por intereses de los poderosos y lo utilizaron a su favor, como ocurrió durante la década kirchnerista con jueces como Oyarbide.

Una cosa es cuestionar los hechos de corrupción y otra es avalar ese “bonapartismo judicial” que instrumenta la persecución política, así como el desconocimiento de la voluntad popular por parte de jueces y fiscales que nadie votó. En los últimos años, tanto el Tribunal Electoral como la Corte Suprema de Honduras tuvieron un importante rol en el golpe contra Zelaya. La destitución de Dilma Rousseff, la cárcel a Lula y su proscripción tienen como protagonistas al Parlamento y el Poder Judicial. Estados Unidos está detrás de esos hechos, así como del golpe contra Evo Morales y el intento de golpe en Venezuela, entre otros.

Vemos que nada es ingenuo. Estados Unidos hace años que viene formando a esos jueces y fiscales, como lo demostró la filtración de documentos del Departamento de Estado sobre el “Projeto Pontes” donde se formó Sergio Moro. El lawfare es posible, en parte, porque los jueces son elegidos de manera completamente antidemocrática, con cargos vitalicios, y también porque en los distintos países se van aprobando progresivamente las leyes que EE. UU. reclama para controlar lo que pretende como su patio trasero: legislación antiterrorista, delación premiada, ley de arrepentido, ley de ficha limpia, etc. Los servicios de inteligencia también son parte de esta colonización y actúan en concordancia con la Justicia. En la serie “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía” se ve a agentes de la CIA que hablan a cámara y confiesan que trabajan en Argentina como si fuera su casa. Una vez creado el monstruo, actúa y ataca.

La discusión no puede quedar en los términos en que está. Por un lado, el macrismo, basándose en que hubo hechos corrupción gubernamental en los Gobiernos kirchneristas, justifica todo tipo de persecución política (cuando su Gobierno protagonizó hechos de corrupción mayúsculos, como el del Correo, con la diferencia de un blindaje mediático inédito). Por otro, la existencia de estas arbitrariedades no puede ser usada para negar la existencia de toda responsabilidad en hechos muy importantes. En la masacre de Once, por ejemplo, actuó el mismo entramado de corrupción entre empresas concesionarias, burocracia sindical y funcionarios que en el asesinato de Mariano Ferreyra (Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi están presos por ello). Así como tampoco nadie puede negar que los bolsos de López existieron; la propia Cristina Kirchner reconoció la cartelización de la obra pública bajo su Gobierno, aunque señalando que esta venía de antes.

Lo que se hace evidente es que el actual sistema no es garantía de justicia no solo porque tiene el rol de defender el status quo, sino porque se mueve según los vientos políticos, en particular en la Justicia federal, tanto en las condenas como en la impunidad. Ello no se arregla poniendo jueces afines en el Consejo de la Magistratura, organismo costoso e inútil si los hay, sino que la única garantía es la generalización de los juicios por jurados, la elección popular de jueces y fiscales, terminar con sus privilegios, la disolución de todos los órganos de espionaje político y contra el pueblo, la derogación de la legislación antiterrorista y las leyes a pedido de la Embajada, en la perspectiva de terminar con esta Justicia de clase y el sistema que la sostiene, donde miles de hijos de las clases populares alimentan esas cárceles de la tortura cada día.

No estamos ante un juego de palabras: es muy grave que se naturalice que el Poder Judicial pueda actuar recortando libertades democráticas, tirando abajo garantías del proceso, cambiando la jurisprudencia según quién sea el imputado, decretando prisiones preventivas y detenciones sin condena firme, porque toda restricción democrática se volverá irremediablemente contra la clase trabajadora, el pueblo pobre y quienes luchan.