Cientos de terapeutas, integradoras en educación y transportistas, junto a personas con discapacidad y familiares se movilizaron a la Casa de Gobierno para denunciar el atraso en los pagos y la precarización laboral en el sector. La medida de fuerza se realiza en todo el país
Lunes 29 de agosto de 2022 15:43

Este lunes se movilizaron desde el KM0 provincial hasta la Casa de Gobierno más de 200 prestadores y prestadoras de servicios de personas con discapacidad en la provincia para denunciar el atraso en los pagos.
La medida de fuerza se realiza a nivel nacional, con concentraciones en Salta, Córdoba, Rosario y la Ciudad de Buenos Aires, donde la Policía porteña montó un importante operativo de amedrentamiento a las personas con discapacidad que se movilizaron.
En Mendoza hay 60.000 personas con certificado de discapacidad, con quienes trabajan miles de terapeutas, integradoras educativas y transportistas, quienes vienen denunciando la precarización en el sector, tanto por parte de las obras sociales como por parte del Estado nacional y provincial.
La kinesióloga Mariana Oldrá explicó en el programa de Canal 7 Hola Mendoza que "esto es así desde hace muchos años. Venimos sosteniendo un sistema de pagos a 90 días, que en la situación del país es insostenible. Eso hace que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad, sumado a lo que ya viven las familias como las demoras en autorizar los tratamientos, etc".
Eso hace que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad, sumado a lo que ya viven las familias como las demoras en autorizar los tratamientos, etc
"No tenemos respuesta a nuestro reclamo. Nos han dado algunos aumentos que no tienen valor porque seguimos cobrando a 90 días. Estamos cobrando este mes lo trabajado en Mayo, sumado a que este mes llegó un comunicado de la Afip diciendo que se encuentran retenidos los fondos para pagar las prestaciones", explicó sobre el ajuste en las prestaciones por discapacidad anunciado por Sergio Massa para cumplir con las metas del FMI.
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"La calidad de vida de las personas con discapacidad depende de sus familias y los prestadores de servicios. Si los prestadores no pueden lograr que los pagos sean en tiempo y forma, esto afecta directamente a la calidad de vida de las personas con discapacidad", denunciaron desde elObservatorio de las personas con Discapacidad Mendoza.
Por su parte, desde el Colegio de Kinesiólogos de Mendoza denunciaron que "el día de hoy se llevó a cabo una manifestación en la explanada de la Casa de Gobierno de Mendoza por el recorte en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR). La medida fue comunicada la semana pasada por la Superintendencia de Servicios de Salud y pone en grave riesgo la continuidad de los tratamientos de las personas con discapacidad y el trabajo de los prestadores".
Las prestaciones por discapacidad son una variable de ajuste constante, tanto de los gobiernos como de las obras sociales, quienes lucran con el dinero de las afiliadas y afiliados sin garantizar los derechos de las personas con discapacidad. El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud garantiza la precarización laboral en el sector, manteniendo salarios por debajo de la pobreza y la informalidad laboral, pero sobre todo vulnera derechos elementales de las personas con discapacidad y sus familias.