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Red Internacional
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Recorte. Presupuesto 2023: las infancias y adolescencias, nuevamente variable de ajuste

En un país donde más de la mitad de los niños y adolescentes están en situación de pobreza. El dinero que se destinará del presupuesto 2023 muestra una caída en términos reales.

Lunes 24 de octubre de 2022 08:06

El análisis de presupuesto merece señalar que lo contemplado como políticas de infancias y adolescencias en verdad responde a varios programas que dependen de distintos Ministerios e instituciones . Por eso a la hora de poner sobre la mesa el ajuste en este sector de la población, es necesario no solo contemplar el presupuesto asignado a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), órgano rector de las políticas de niñez y adolescencia como lo establece la Ley 26.061. Sí no, establecerlo de manera transversal.

Luego de que el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) revelara que la mitad de las infancias y adolescencias en Argentina está en situación de pobreza. Así lo informa el documento que presentó Unicef en la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados. El gobierno realiza este presupuesto 2023 que nos pone en alerta.

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El presupuesto 2023 para las asignaciones familiares asciende a $1,432 billones (0,97% del PBI), de los cuales $748.000 millones (0,51% del PBI) son para financiar las asignaciones familiares contributivas de activos y pasivos y $684.000 millones (0,47% del PBI) son para financiar la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Estos montos implican caídas en términos reales para todas las líneas: entre un 6% y un 14% para el total de Asignaciones Familiares (AAFF), entre 9% y 16% para las AAFF contributivas, y entre 3% y 10% para las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo del programa “Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia”. Ambas líneas presupuestarias ven reducidos sus presupuestos en 2023, incluso en términos nominales.

En cuanto a lo destinado al Ministerio de Educación, hay dos programas que preocupan a los trabajadores de la educación , uno es el programa : “Infraestructura y Equipamiento” (con reducciones en términos reales de entre el 2% y el 18% según el escenario considerado)”. El otro está representado en la caída del presupuesto para el “Fondo Nacional de Incentivo Docente”, que tendrá una asignación de $125.000 millones para 2023. “Este programa también exhibe una reducción importante en términos reales (-15%) incluso en el escenario más optimista de inflación”.

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Lo mismo ocurre con la Tarjeta Alimentar. El crédito de $342.000 millones (0,23% del PBI) dispuesto para 2023 significa una caída muy significativa en términos reales para cualquiera de los escenarios de inflación analizados (25% para el escenario 1; 30%, para el 2, y 17%, para el 3. “El presupuesto de $37.000 millones asignado para la construcción y equipamiento mobiliario de edificios educativos de nivel inicial a través del programa ‘Fortalecimiento de Jardines infantiles’ implementado por el Ministerio de Educación, representa una reducción de entre 14% y 28% en términos reales respecto del presupuesto 2022, según el escenario de inflación que se considere. Este desfinanciamiento para 2023 se suma al recorte presupuestario de $15.000 en la Decisión Administrativa 826/2022 en agosto de 2022″.

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El documento presentado por Unicef muestra que además se reducen también los presupuestos para la construcción y remodelación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que implementan tanto el Ministerio de Obras Públicas en el marco del programa “Fortalecimiento de la infraestructura social del cuidado y sanitaria”, como el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del programa “Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia”. En ambos casos, ambas partidas presupuestarias ven reducidos sus presupuestos en 2023, incluso en términos nominales.

En síntesis, en relación con el presupuesto vigente, la inversión para el año que viene se reduce un 10%”, algo que coincide con el informe que publicó Unicef. La reducción afectaría distintas políticas sociales . “12% en Asignación Universal por Hijo/a; 31,8% en Prestación Alimentaria (antes Tarjeta Alimentar); 35% de construcción de Jardines de Infantes y 22% en infraestructura y equipamiento escolar”.

Esto va en contra del artículo 72 de la Ley Nº 26.061 de Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El mismo determina la "intangibilidad de los fondos destinados a la infancia" y no permite que se reduzcan en el presupuesto la previsión o ejecución de los ejercicios anteriores.

Mientras los especuladores hacen ganancias millonarias a costa del Estado cuyos ingresos dependen en un 70 % de los impuestos pagados por las grandes mayorías, más de 17 millones de personas se encuentran sumergidas en la pobreza, y donde más de la mitad de niños, niñas y adolescentes en Argentina son pobres. El presupuesto destinado a esta población refleja que las prioridades de quienes lo aprobaron son otras y son digitadas por el FMI. Por eso, la pelea debe ser no sólo por un aumento de presupuesto para las infancias, sino para que no sean quienes paguen con sus vidas el ajuste y las condiciones que les quieren imponer.