El gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense el Presupuesto y la Ley impositiva para el 2025. Ambas leyes que estructuran la política económica hacia el año que viene marcan una continuidad con el esquema de tomar deuda para pagar deuda, sostener los bajos salarios y la precarización laboral.
Domingo 1ro de diciembre de 2024 19:30
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En una extensa presentación, el Ejecutivo provincial dio cuenta de las políticas de ajuste por parte del gobierno de Milei que afectan especialmente a la Provincia de Buenos Aires. Detallaron una deuda del estado nacional con la Provincia por 7.8 billones de pesos. La misma estaría conformada por deudas directas como el Fondo de incentivo docente, transferencias de la ANSES al IPS, subsidios al transporte y otros aportes específicos para políticas sociales por más de 2 billones de pesos y se completaría con el impacto de la paralización de más de mil obras públicas comprometidas por el gobierno nacional en la PBA, por otros 5 billones. El gobierno de Kicillof suma en esta ecuación la pérdida de recaudación provocada por la recesión económica.
Frente a este panorama en el que el gobierno bonaerense enmarca la situación de la provincia, el presupuesto se traza como principal objetivo el ser un escudo para amortiguar el golpe que están sufriendo los bonaerenses. Analizando la realidad de la clase trabajadora y los sectores populares junto a las prioridades que fija el presupuesto ese objetivo está muy lejos de concretarse.
Un presupuesto de ajuste y precarización
El presupuesto total asciende a $34.322.892.031.927 de pesos, creciendo un 34,5% respecto del presupuesto de 2024. Esta información es tentativa ya que durante el 2024 no hubo presupuesto sancionado, sino que se operó con el presupuesto 2023 prorrogado. Asimismo el gobierno no publicó el informe de ejecución presupuestaria del año pasado. Como denunció la diputada bonaerense Laura Cano (PTS - Frente de Izquierda) en una entrevista que le hicieron recientemente, el presupuesto presentado sostiene un ajuste en partidas significativas, también en los salarios de los trabajadores y mantiene la precarización laboral.
Para tomar solo algunos datos: comencemos con la pauta salarial. Para el año 2025 se propone un crecimiento del gasto de 34,5% (basado en la inflación proyectada para el año próximo). Sin embargo, la partida destinada a personal aumenta sólo un 30 %, quedando una vez más rezagada respecto de las erogaciones totales. Es decir que este presupuesto parte de la premisa que los salarios perderán nuevamente frente a la inflación.
Pero además, no se recupera nada de lo perdido en los últimos años. Con la gestión de Vidal el salario de estatales, docentes, trabajadores de la salud perdió 30 puntos en el poder de compra, mientras que durante los cinco años que lleva la actual del gobernador Kicillof, como planteamos en ésta nota la pérdida fue de 28 puntos. Se consolida así un modelo de provincia basado en trabajadores y trabajadoras pobres, cuyos ingresos no cubren el costo de vida.
Educación, que por su caudal (según datos del propio proyecto de ley del presupuesto afecta a 5 millones de estudiantes y más de 600 mil trabajadores) es la partida más importante del presupuesto, continúa decreciendo. Respecto del año 2023 su participación en el total de la torta retrocede 1,4 % y totaliza 6 puntos de caída desde el año 2003.
El presupuesto en salud aumenta apenas un 29,6% en relación a 2024 quedando 5 puntos por debajo del 34,5% que crece el gasto en promedio, mientras la partida para seguridad sube un 42,5%, en correspondencia con la política securitaria del gobernador. Más balas y menos salud y educación.
Asimismo se prorrogan todas las leyes de emergencia hasta diciembre del 2026 que congela la planta del estado y permite, entre otras cosas, realizar contrataciones en distintas modalidades de precarización. Esta es la situación de los 10 mil trabajadores becarios del ministerio de salud, que no cuentan con derechos laborales, y se desempeñan en los hospitales de la provincia, así como la de otros miles de trabajadores también becarios, con contratos como monotributistas o hasta quienes cobran a través de un plan social en el resto de las jurisdicciones de la administración provincial. Un presupuesto que refuerza la precarización laboral en el Estado, no solo quitando derechos a miles trabajadores y trabajadoras, sino que además desfinancia por la vía de no realizar los aportes a la seguridad social, tanto el IOMA como el IPS.
Prevé la creación tan solo de 2.249 cargos nuevos, de los cuales 1500, el 70%, son para el servicio penitenciario. Los 260 cargos creados para el ya vaciado organismo de niñez son en su totalidad de planta temporaria, es decir sin estabilidad.
Deuda para pagar deuda
Todavía suenan las palabras del gobernador Kicillof al asumir en 2019 calificando como fraudulenta la deuda contraída por la gestión de María Eugenia Vidal Denunciando que no fue a inversión social, ni tampoco a ningún beneficio para el pueblo bonaerense. Sin embargo, el actual proyecto de presupuesto solicita autorización para endeudarse por hasta U$S 1.045.000.000 y U$S 250.000.000 en letras del tesoro, destinada a pagar deuda ya adquirida, es decir legitimar y revalidar esa estafa que nos dejó el PRO. Sin embargo el presupuesto estima en casi 2 billones y medio de pesos las necesidades financieras de la provincia, incluyendo acá no solo el endeudamiento público al que ya nos referimos, sino también el incremento de otros pasivos.
Una bicicleta que terminamos pagando los trabajadores y nuestras familias con mayor ajuste. Ni siquiera en momentos de crisis como el actual, donde la Provincia concentra los índices más altos de pobreza e indigencia del país, cómo describe el propio proyecto, agravados por los recortes de parte del gobierno nacional, el gobernador está dispuesto a desconocer esta deuda odiosa. Esa fuga permanente de recursos es incompatible con resolver las necesidades que realmente afectan a las mayorías bonaerenses, el empleo, la salud, el acceso a una vivienda digna, la infraestructura y los servicios.
El proyecto de presupuesto presentado destina en servicios de deuda 58 veces el presupuesto de mujeres y diversidad y representa el 42 % del presupuesto de salud.
Mientras que lo pagado durante el 2024 es el equivalente a todo el programa de refuerzo alimentario que desarrolla el proyecto de presupuesto. El principal esfuerzo del Gobierno sigue siendo con los acreedores.
Un presupuesto con ¿perspectiva de género?
En su extensa introducción se presenta al proyecto como un presupuesto con perspectiva de género, lo que sería risueño si no fuese trágico, siendo que la provincia de Buenos Aires es el territorio con más femicidios del país. Como denunciara Anabella Colli en Contrastes Bonaerenses, en muchos distritos de la provincia no existen casas para mujeres víctimas de violencia ni políticas públicas acordes. Pero yendo a los números, el presupuesto destinado al Ministerio de Género y Diversidad, representa el 0.04 % del total. Este número no sólo es irrisorio, sino que además cae respecto del presupuesto anterior.
Cómo planteó la diputada Laura Cano, el gobernador elige priorizar a los grandes empresarios y terratenientes de la provincia a quienes les concedió un “RIGI Bonaerense”, impulsando beneficios impositivos provinciales, que se suman a una estructura impositiva ya de por sí regresiva. Prioriza continuar pagando la deuda a costa de afectar las partidas sociales y laborales, por esto los diputados del Frente de Izquierda vienen sosteniendo la necesidad de rechazar este presupuesto, no sólo en el recinto cuando se le dé tratamiento, sino fundamentalmente en las calles. Por eso es necesario exigir a las centrales sindicales que rompan la tregua y pongan en movimiento la fuerza de la clase trabajadora y los sectores populares, para enfrentar la política de ajuste de Milei y los gobernadores.