PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO. Presupuestos: más dinero para pagar la deuda, menos para la educación y sanidad

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregando a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Foto: EFE/J. J. Guillén

El gobierno de Mariano Rajoy ha presentado este martes los presupuestos generales del 2017, que afectarán también el gasto del 2018. Con un gasto total de 220.188 millones de euros, el Estado ha asignado a sus partidas 133.055 millones de euros, mientras el resto va destinado a las Comunidades Autónomas.

Mientras espera un aumento de los ingresos de un 3,1%, debido a un aumento de la recaudación tributaria, con estos presupuestos el gobierno aplica recortes en áreas como infraestructuras, cultura y memoria histórica, mientras congela partidas que vienen con severos recortes durante la crisis como educación y sanidad.

Pero no todo son recortes: aumentan los gastos en defensa, para la compra de armas y el pago de los intereses de la deuda se lleva una cuantiosa proporción de los gastos totales.

El pago de la deuda supera la suma de los fondos para educación, sanidad y cultura

La proporción del gasto muestra gráficamente el contenido de estos presupuestos del Gobierno del PP, que nuevamente vez recortan a los trabajadores y los servicios sociales, mientras favorecen los intereses del capital financiero y los empresarios.
De cada cien euros gastados, 9.4 se destinarán al pago de los intereses de la deuda pública, mientras que los fondos de desempleo recibirán 5,3 euros cada cien, la educación 0,7 euros, la sanidad 1,2 euros, la cultura 0,2 euros, los servicios sociales 0,7 euros y los programas de acceso a la vivienda 0,1 euros.

En 2017 el gobierno destinará nada menos que 32.171 millones de euros al pago de intereses de la deuda, una carga que este año alcanzará el 98,8 % del PIB. Esta partida dentro de los presupuestos generales se ha disparado desde el año 2008, con la crisis económica, inflada tanto por el aumento del costo de la financiación en los mercados externos como por la absorción directa por parte del Estado de gran parte de la deuda de los bancos.

Los nuevos recortes

Infraestructuras: el presupuesto destinado a este rubro cae más de un 20%, hasta quedar en 7.500 millones. Estos gastos son los que se destinan a construcción y arreglo de carreteras, puentes, vías y sistema ferroviario, entre otras.

Miseria para la Educación: el gasto educativo sube un ínfimo 1,7 % (41 millones de euros) hasta alcanzar los 2.525 millones de euros, una subida menor que en 2015 y 2016 y que no revierten los severos recortes producidos en los últimos años.
Se mantienen los recortes históricos en Sanidad: esta partida tiene una subida mínima del 2,3 % respecto a 2016, hasta los 4.093 millones de euros. Se encuentra aún por debajo de los niveles previos al 2010.

Menos gasto en pobreza infantil: Los presupuestos incluyen una partida de 342 millones de euros para esta grave cuestión social, un tercio de lo que prometía en el acuerdo de investidura. La tasa de pobreza infantil en España es del 23,4%, muy por encima de otros países europeos.

Cientos de miles de dependientes seguirán esperando: los fondos destinados a la Dependencia suben en escasos 100 millones de euros, pero aun así hay actualmente 341.000 personas en listas de espera que tienen derecho a las ayudas pero no las han recibido. Con este ridículo aumento, tan solo 15.000 personas de ese total podrán comenzar a recibir lo que les corresponde, quedando más de 320.000 sin las ayudas, de acuerdo a una estimación de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Los programas de igualdad de género, a la baja: después de haber recortado el presupuesto de iguala en más de la mitad desde el comienzo de la crisis, en 2017 queda congelado, a pesar del aumento de los feminicidios y de la emergencia de un gran movimiento de mujeres que reclama por sus derechos. El presupuesto para la “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres” se congela, manteniendo la tendencia a la caída en los últimos años.

Más tijeretazos en cultura y parques: ocho de los catorce programas del área de cultura se congelan o se recortan. Caen un 23% los presupuestos para promoción y cooperación cultural, y baja un 13,7% lo destinado a la Administración del Patrimonio Histórico-Nacional. También se producen recortes significativos, de un 22% en la gestión de los parques nacionales. Los presupuestos generales les dan un buen bocado a los recursos para los parques nacionales españoles: su asignación pasa de 43 a 33 millones de euros lo que supone un 22,9% de recorte.

Ni un euro para la memoria histórica, aumento histórico para defensa y armamento: 0 euros para la memoria histórica. Ni un céntimo. El gobierno elimina del presupuesto los fondos destinados a la Ley de Memoria histórica de Zapatero, una partida que aunque era completamente insuficiente y solo se usaba para financiar exhumaciones (mientras los crímenes del franquismo seguían impunes), ahora desaparece directamente. Las organizaciones de la memoria histórica calculan que hay más de 2.000 fosas por abrir, pero no contarán con fondos públicos.

Al mismo tiempo, la partida “ganadora” de estos presupuestos es la de defensa, que logra un notorio aumento del 32% para gastos de armamento. El Ministerio de Defensa incorpora el gasto para los llamados “Programas Especiales de Armamento (PEAS)” que implican un gasto de 1.818 millones de euros. Hasta ahora este gasto se abonaba con créditos extraordinarios vía decreto-ley, pero debido a una resolución del Tribunal Supremo, ahora se incorporan al gasto de los presupuestos generales. Los PEAS son utilizadas para la compra de aviones, transportes de guerra y armamento pesado. El presupuesto de Defensa alcanza ahora los 7.576 millones (era de 5.734 millones en 2016).

La Casa del Rey también se lleva un aumento

El presupuesto para la familia del Rey y el funcionamiento de la monarquía española consigue un aumento de 43.000 euros. En 2017 los presupuestos destinarán nada menos que 7,81 millones de euros para sus gastos. Estos incluyen los más de 300 empleados de la monarquía, y los estipendios de los monarcas. El Rey recibe 236.444 euros anuales; la Reina Letizia, 130.092 euros; Juan Carlos, 189.228 euros y la exReina Sofía, 106.452 euros.

No pagar la deuda, el primer punto de un programa a favor de los trabajadores y sectores populares

Una vez conocidos los Presupuestos, Unidos Podemos ha salido a cuestionarlos como los presupuestos "del saqueo". La formación liderada por Pablo Iglesias y Alberto Garzón quiere demostrar que "sí se puede, pero no quieren" presentando un texto alternativo a los Presupuestos Generales del Estado.

La portavoz del grupo confederal de Unidos Podemos, Irene Montero, ha criticado que el proyecto presentado esta mañana por Cristóbal Montoro "consolidan el saqueo a los compatriotas" con una rebaja de 5.000 millones respecto a los presupuestos del pasado año.

Pero la denuncia mediática de Unidos Podemos es pura gestualidad. No sólo porque la capacidad presupuestaria es una prerrogativa exclusiva del Gobierno, que tiene prioridad legislativa, y por tanto la oposición solo puede plantear enmiendas de devolución. Sino sobre todo porque su propuesta alternativa no defiende la primera medida necesaria para evitar que se siga saqueando a la mayoría obrera y popular: el no pago de la deuda.

Aunque Podemos nunca sostuvo el “no pago” abiertamente, si defendió en sus inicios una suerte de “auditoría ciudadana” para determinar que parte ilegítima de la deuda no debería pagarse. Como consecuencia de los acontecimientos en Grecia y la aceptación de Tsipras del pago de la deuda y del tercer memorándum, sin embargo, Podemos cambió el discurso y empezó hablar de la famosa “reestructuración”.

Hablar del “saqueo a los compatriotas” sin plantear abiertamente que es necesario dejar de pagar una deuda usuraria e ilegítima es un ejercicio de puro cinismo. Pero más que eso, es una impostura, cuando los llamados “Ayuntamientos del cambio” en los que Podemos gobierna junto con IU y otras formaciones, han sido en los últimos dos años campeones en el pago de la deuda en las principales ciudades del Estado.

Pagar la deuda implica asumir una deuda pública que representa más del 100% del PIB y que ha sido engordada por el trasvase de deuda privada –sobretodo procedente de la banca- a la deuda pública.

Como decíamos en otro artículo hace algunos meses, “es muy posible que algunos militantes o simpatizantes de Podemos o Izquierda Unida opinen que ‘es verdad, no habría que pagar la deuda’ pero ‘es lo que hay’, que esto ‘es lo más realista’. Pero ser ‘realista’ significa decir que pagando la deuda es imposible impulsar el más mínimo programa social, sino veamos lo que ha sucedido en Grecia.”

La única perspectiva realista para terminar con el saqueo, es no aceptar una deuda que los trabajadores y sectores populares no hemos contraído y, por ende, llamar a la más amplia movilización de los trabajadores, la juventud y los sectores populares contra el pago de la deuda y cualquier imposición de los bancos, la Troika y la UE.

Afortunadamente, este es uno de los lemas fundamentales de las Marchas de la Dignidad que el próximo 27 de mayo volverán a inundar las calles de Madrid.