Más allá de la campaña de marketing político del gobierno y de los furibundos ataques y estigmatizaciones de la derecha en la oposición, los PGE del Ejecutivo de Pedro Sánchez no suponen ninguna solución a la crisis social que atraviesan millones de personas en el Estado español.

Una vez más, ¿en qué coyuntura nos encontramos?

El Consejo de Ministros del Ejecutivo aprobó este pasado viernes el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Isabel Celaá, portavoz del mismo y Ministra de Educación, acompañada de la Ministra de Economía, Nadia Calviño, los anunciaban como unos Presupuestos cuya aplicación aseguraba “blindar el Estado de bienestar“.

Más allá de la retórica, lo cierto es que los mismos se encuadran en una coyuntura realmente compleja para la economía española. Como explicábamos hace semanas en Izquierda Diario, las perspectivas para la propia dinámica del capitalismo español de cara a 2019 se verán muy marcadas por la desaparición de los llamados "vientos de cola", que han contribuido a impulsar en los últimos años la economía española, como son la política monetaria expansiva y los bajos precios del petróleo.

En el contexto de un escenario de desaceleración que ya ha impactado en los principales actores del tablero económico mundial, tanto europeo como internacional, el propio gobierno ha tenido que rebajar al 2,2% sus previsiones de crecimiento para este año, una décima menos de lo previsto en el mes de octubre del pasado año. Es la segunda revisión a la baja del crecimiento del PIB de la economía española, con respecto a aquel 2,4% que el Ejecutivo Sánchez heredó de Mariano Rajoy e hizo suyo durante sus primeros meses.

A su vez, estos Presupuestos se encuadran en la senda de déficit legada por Montoro y el anterior gobierno del Partido Popular. El llamado “techo de gasto“, que ponía un cerco del 1,3% sobre el PIB al déficit público, va a seguir vigente, después del veto en el senado por parte de PP y C´s a la modificación de la llamada “Ley de Estabilidad Presupuestaria“ y el objetivo de un déficit más holgado del 1,8%, que planteaba el propio PSOE. Además hay que recordar que la deuda pública roza el 100% del PIB, un auténtico grillete atado a los pies del desarrollo futuro de la economía española.

En definitiva, el margen de maniobra que tienen las promesas del PSOE se estrella contra la base material necesaria para su propia puesta en marcha. El escenario económico que enfrenta el propio capitalismo español hace realmente complejo cualquier intento de salida en clave “social“. Pero cabe preguntarse antes de nada, ¿está realmente el PSOE planteando una verdadera agenda reformista en beneficio de la clase obrera y el movimiento de masas?

Lo prometido y lo obtenido

La bandera del “progresismo“ está siendo esgrimida por el PSOE de forma permanente refiriéndose a su anteproyecto de PGE. Según Celaá, "caminar hacia el futuro para huir del pasado en blanco y negro". Pero más allá del discurso, con fuerte aroma electoralista, lo cierto es que estos son sólo una versión minimalista de los reclamos que el propio movimiento (pensionistas, mujeres, etc.) viene planteando en el último período y que de ninguna manera van a mejorar de manera significativa las condiciones materiales de vida de la inmensa mayoría, después de años de recortes y ataques a sus niveles de vida.

Sin ir más lejos, el Ejecutivo, haciendo bandera de un supuesto feminismo, anuncia en estos PGE que los fondos destinados a lucha contra la violencia de género aumentarán un 9%, pasando a 220 millones de euros, en el contexto de una hipotética reactivación del llamado “Pacto de Estado contra la violencia de género“. Sin embargo, este aumento esconde que desde el año 2010 el presupuesto destinado a la prevención de la violencia machista ha venido cayendo acumuladamente un 26%. Por otra parte, los fondos destinados al programa de igualdad de oportunidades han caído un 61% desde 2006. Es decir, una auténtica maniobra tramposa, cuando precisamente las cifras de mujeres muertas víctimas de la violencia machista casi alcanzan los 900 feminicidios en lo que va de década y día tras día se hacen públicos nuevos casos de violencia machista.

La precariedad laboral, que por cierto, tiene claramente rostro de mujer, tampoco va a ser puesta en tela de juicio. Aunque el SMI aumentará formalmente un 22%, hasta los 900 euros mensuales, esto sigue por debajo de los 1.000 que prometía el PSOE en la oposición. Y ni que decir tiene, ni se habla de derogar la reforma laboral, otra de las viejas promesas olvidadas de Pedro Sánchez, y garante real del modelo de precariedad laboral Marca España. Para la juventud, las cosas no serán muy diferentes. Las becas, por ejemplo, aunque van a aumentar hasta los 1.620 millones, 45 millones de euros más, se olvida, de nuevo, que entre 2010 y 2016 se recortaron 830,55 millones. Ejemplos similares podríamos encontrar casi en cada partida concreta de la llamada “política social“.

Pero por su peso específico financiero, como sobretodo por su importancia política y lo hipócrita de la posición del Ejecutivo en esta cuestión, merece la pena pararse a reflexionar acerca de la partida concreta referida al pago de las pensiones. Con más del 40% sobre el presupuesto total y un movimiento de pensionistas en pie de guerra, éstas se incrementarán de manera general un 1,6% y un 3% las mínimas y no contributivas. Formalmente, se indexan a la inflación prevista este año (aunque el IPC es un indicador realmente mentiroso, puesto que incluye elementos en su cálculo que tienden a distorsionar su cómputo global a la baja, ¡como cualquier pensionista que haga la compra diaria sabe muy bien!).

Pero ni hablar de derogar las contrarreformas de las pensiones de 2011/13 (aumento de la edad de jubilación a los 67 años-25 años cotizados para el cálculo de la pensión, y descuelgue de la escala móvil del IPC, respectivamente), ni tampoco de recuperar el poder adquisitivo de los últimos 7 años. Es más. El propio Ministerio de Trabajo ya está estudiando medidas para elevar de nuevo la edad de jubilación y, de esta forma, “garantizar el futuro del sistema público de pensiones“, a costa, por supuesto, de golpear de nuevo el bolsillo de los cotizantes, los trabajadores asalariados actuales. Así se expresaba, de forma sincera, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, cuando decía este pasado viernes que “es necesario retrasar la edad efectiva de jubilación un año" , puesto que "tenemos que conseguir retrasar la salida del mercado laboral de todos los colectivos, algunos de forma voluntaria y otros, obligatoria".

Por último, y aunque con mucha menos publicidad por parte de Calviño, la segunda partida más importante, la destinada a sufragar los costes de la deuda pública (blindada en aquel ominoso artículo 135 de la Constitución), tomará un 8,6% de los PGE, es decir, más de 31.000 millones de euros. Para hacernos una idea, con esa cantidad se podrían subsanar holgadamente el montante total de los recortes en sanidad y educación juntos desde el estallido de la crisis.

Y todas las declamaciones contra las SICAV o los beneficiarios de la amnistía fiscal (¿no se iban a hacer públicos?), pretenden ser olvidadas detrás de la cortina de humo que suponen ligeros incrementos en la presión fiscal hacia el IRPF, el Impuesto de sociedades o la llamada “Tasa Google“; incremento de la presión fiscal que, como tantas veces nos han enseñado los experimentos reformistas de corte keynesiano, terminan repercutiendo, de forma directa o indirecta, precisamente en el bolsillo de los asalariados o los pequeños propietarios.

Y no olvidemos la intocable partida presupuestaria destinada a la corona, que aumenta un 1,4% y llega casi a la indignante cifra de 8 millones de euros.

Así y con todo, ¿son unos PGE realistas a la luz de la senda de déficit pactada?

Como acabamos de analizar, estos PGE están muy lejos de suponer cualquier tipo de salida progresista real a la crisis social que golpea a millones de personas en el Estado español. Pero aún con lo insuficientes que son, se demuestran demasiado ambiciosos a la luz del objetivo de déficit acordado. Como explicábamos antes, el Ejecutivo actual va a tener que lidiar con la senda de estabilidad acordada con Europa por el anterior gobierno de Mariano Rajoy, después del veto a aumentarla por parte de PP y C´s. Es decir, un objetivo de déficit del 1,3%, frente al 1,8% que pretendía el Ejecutivo actual.

Se estima que el aumento de gasto necesario para sufragar este exiguo paquete “asistencialista“ consistirá en 5.000 millones de euros más con respecto al gasto anterior, pasando de casi 120.000 millones presupuestados por el PP en el último ejercicio, a 125.000 en la actualidad. Pasando, al mismo tiempo, de un déficit actual equivalente al 2,7% del PIB, que es el que arroja el avance de la liquidación presupuestaria para 2018, al famoso 1,3% establecido por Mariano Rajoy y pactado en su momento con Bruselas. Esto, en realidad, es altamente improbable.

Hay que volver a 2017, con un escenario de crecimiento bastante más optimista que el que se espera para este ejercicio, para conseguir lograr una reducción similar del déficit público (entonces, los números rojos del erario público español, sin contar las ayudas al sector financiero, pasaron del 4,3 al 3,1% del PIB). Solo que en esta ocasión, existe el compromiso público de pretender terminar con los recortes del PP y la herencia antisocial de Mariano Rajoy.

¿Cómo cuadrar los números y resolver esta encrucijada? Planteando una hipótesis recaudatora que es, a todas luces, dificilmente creíble. De esta manera, a pesar de que las revisiones a la baja para la previsión de crecimiento de la economía española, hasta situarlo al 2,2% del PIB (desde el 2,7% de 2018 o el 3,0% de 2017), estos PGE prevén unos ingresos récord, con más de 227.000 millones de recaudación tributaria, casi 20.000 millones más que en 2018 (un 9,5% de incremento sobre el avance de liquidación del Presupuesto de 2018).

Hay que ser honestos: o algunas partidas de gasto no van a cumplirse jamás y son papel mojado, o el Ejecutivo de Sánchez va a incrementar la presión fiscal de forma sensible, atacando el bolsillo de asalariados y pequeño-burguesía, o sea, recortando con la mano derecha lo que primero había entregado con la mano izquierda.

Interpelada de forma insistente en rueda de prensa ante las anteriores cuestiones, Calviño respondió de forma críptica: “No se fijen ustedes en lo que se dice, solo en lo que se hace”. ¿Qué quiso decir la Ministra con esto? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Ninguna confianza en el “progresismo“ del PSOE.

Organización y lucha como única salida realista a la crisis social

Este fin de semana, Ada Colau, alcaldesa “del cambio“ en Barcelona e improvisada aliada del Ejecutivo Sánchez y sus cuentas públicas, sostenía en Catalunya Radio que eran unos buenos presupuestos, al menos, “los mejores posibles“ en esta coyuntura y que, en todo caso, “la alternativa es mucho peor“, en referencia a una hipotética caída del gobierno del PSOE y la reedición estatal de un gobierno derechista en la línea andaluza. Aunque ya no es ninguna sorpresa, cuesta reconocer a aquella activista de la PAH, ahora disfrazada de política “realista“ y estratega de “lo posible“.

Pero la mecánica de pensamiento del llamado “mal menor“ es conocida de antiguo por los que nos tomamos en serio el estudio de las experiencias que la lucha de clases proporciona y de sus lecciones revolucionarias. Ésta ha sido siempre un subterfugio del oportunismo político, que esconde una fatal desconfianza en la capacidad de las masas para modificar la relación de fuerzas existente a través de la lucha de clases.

Hay que hablar francamente: todas las perspectivas para la dinámica del capitalismo español desembocan, de una u otra forma, hacia un escenario de inestabilidad orgánica y de tendencia a la agudización de la crisis del propio proyecto político burgués post-franquista. El Régimen del 78 y con él sus grandes arquitectos, tanto PP como PSOE, como sus aspirantes a la sucesión -Podemos y Ciudadanos-, tendrán que enfrentar gravísimas contradicciones materiales, que agravarán la crisis social que día a día sienten millones en el Estado español, ahora sin el colchón material del escenario pre-Lehman Brothers. Sobre esa base, la tendencia a la polarización política con la emergencia de la extrema derecha encarnada en el engendro liderado por Abascal, será el rasgo más característico de este 2019.

Frente a los intentos de cerrar esta crisis política en clave reaccionaria, el mejor y más consecuente camino para pararle los pies a la extrema derecha populista, en realidad, el único realista, es apostar a levantar una izquierda genuinamente revolucionaria; una izquierda que haga bandera de la independencia de clase y que denuncie sin compromisos, tanto los amaños reaccionarios del PSOE, que tratan de echar arena a los ojos del movimiento obrero y de masas, como a sus sostenedores neorreformistas de Unidos Podemos, los apóstoles del “posibilismo“ de la aritmética parlamentaria, para quienes la organización y la lucha nunca están a la orden del día. Es a esta perspectiva estratégica, a la que los que hacemos Izquierda Diario y nos organizamos en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) apostamos plenamente.