El jueves 14 de noviembre se confirmó la detención de Roberto Saavedra, joven trabajador de 22 años acusado de participar en un ataque hacia carabineros que resguardaban la Gobernación Marítima y a quien además los medios de comunicación han buscado instalar injustamente como el responsable del incendio que afectó al supermercado Líder en Arica , hecho que fue denunciado por los vecinos del sector como un montaje por parte de Carabineros de Chile.
Camila Acuña Trabajadora Social y militante de Pan y Rosas
Jueves 21 de noviembre de 2019
El trabajo de investigación se basó en imágenes captadas por las cámaras de televigilancia municipales, y que son monitoreadas desde la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco), lo que permitió identificar su participación con artefactos incendiarios en la Gobernación Marítima.
La Fiscal Regional, Javiera López, señaló que: "el delito base es infracción a la ley de control de armas, pero el hecho de haber tenido (el imputado) una motivación que está ligada con el riesgo a personas, riesgo hacia la vida de las personas al haber lanzado molotov, esa figura está contenida dentro de la Ley de Seguridad Interior del Estado". Cabe destacar que Roberto Saavedra no posee antecedentes penales.
Según la información recabada no existen daños a terceros, ni daño a la propiedad. Tampoco existen pruebas concretas que lo vinculen al siniestro que afectó al Supermercado como lo han afirmado medios locales y nacionales, quienes se mantienen en la misma línea criminalizadora del Gobierno. Prueba de ello, es que la fiscalía en la formalización de cargos, no hace mención alguna al incendio ocurrido.
Pese a lo anterior la Fiscalía busca una sentencia de 15 años por manipulación de artefacto explosivos. Resulta paradojico, la busqueda de estas sentencias cuando los mismo agentes del Estado han torturado, violado, secuestrado, asesinado, golpeado, perseguido y detenido a dirigentes estudiantiles, atropellado, disparado al cuerpo dejando a miles de heridos y más de 210 personas con sus ojos mutilados, donde sus sanciones van desde firma quincenal, reintegrandose a funciones o prisiones preventivas en sus hogares (como el caso del policía que disparó perdigones al cuerpo a estudiantes del Liceo 7 de Santiago y el caso de la carabinera que provocó un aborto de una manifestante proporcionándole patadas, quien quedó solo con arraigo nacional). La justicia a quienes cumplen las labores represivas de ese mismo Estado que la imparte, se condicen con la misma justicia a quienes protestan contra el modelo que sostiene ese Estado.
La abogada Josefina Prado, encargada de la Comisión de Derechos Humanos en Arica, declaró para La Izquierda Diario: “Hoy cumple una semana detenido en un módulo de alta seguridad en la Cárcel de Acha. El joven pasa 23 horas encerrado y solo cuenta con una hora para salir al patio del recinto carcelario, totalmente aislado y sin la posibilidad de ver a su familia. Agregar que Roberto es padre de dos hijos, el mayor de cinco años y el menor de tan solo 20 días, quienes dependen económicamente de él.”
Hasta la fecha se registran 16 querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado a nivel nacional. Casos como el de Roberto Saavedra se repiten en el país, donde el gobierno busca criminalizar a los que se movilizan, en especial a la juventud. Defendiendo el modelo a toda costa, aplicando leyes que responden a lógicas de poder impuestas por la dictadura e intimidando a toda esa gente que se manifiesta en las calles para que desista de su lucha.
La Asamblea Pública de Arica, a través de su último comunicado, ha declarado su total apoyo a Roberto Saavedra y ha hecho un llamado a adherir a la campaña internacional en denuncia a la represión en Chile, la cual también está impulsando la Facultad de Salud de la UTA Arica y distintas personalidades a nivel nacional que han firmado, entre ellos la cantante Anita Tijoux o el luchador Marcelo Catrillanca (padre de Camilo Catrillanca), entre otros.
En esta misma línea de persecución hacia quienes se movilizan , hoy se puede observar el caso de Dauno Tótoro, dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, quien ha sido querellado por parte del gobierno a través de la Intendencia Metropolitana por “incitación a la subversión” al decir algo que miles de voces han gritado durante esta Rebelión Popular:¡Fuera Piñera! Ante esto, se ha impulsado una gran campaña de solidaridad y mañana habrá una Conferencia de Prensa en defensa de la libertad de expresión y contra la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.
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