¿Puede la Convención decidir liberar a las y los presos políticos? Quienes defienden el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 responden no. Producto de ese acuerdo, existe una norma constitucional que señala explícitamente que “le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución”. Pero es precisamente ese acuerdo el que hay que hacer volar por los aires si queremos que predominen los intereses de las y los trabajadores y sectores populares y no los intereses de capitalistas y partidos neoliberales.

El resultado en las elecciones a convencionales ya fue un importante terremoto político: el gobierno, la derecha y el “partido del orden” (por denominar de alguna manera a los administradores de los 30 años) sufrieron una importante derrota.

Ahora algunos constituyentes como Agustin Squella hablan de una necesaria serenidad mientras la ultra derechista “constituyente” Teresa Marinovic le junta dinero a los policías que le quitaron la vista a Fabiola Campillay y al carabinero que arrojó al joven A. desde el puente Pio Nono. Con esa derecha rancia no hay nada que conversar: hay que imponerles la mayoría en la Convención Constitucional. La primera medida es obvia: es posible que las y los constituyentes que se han pronunciado a favor de liberar a las y los presos políticos de la revuelta voten y decreten la libertad de las y los presos políticos. ¿Quiénes se la van a jugar por eso y quiénes van a respetar las coordenadas impuestas por los poderes constituidos?

El capítulo de la Constitución que norma la Convención Constitucional señala que “Se podrá reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención (…) y de aquellas de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención” ante la Corte Suprema. Y que, por lo tanto, esta reaccionaria institución escogerá a “cinco ministros por sorteo” para intervenir en asuntos de la Convención relacionados con sus procedimientos.

La derecha minoritaria, así, ganó una carta bajo la manga: recurrir al actual poder judicial para reclamar cada vez que algo no le guste en la Convención. Perfectamente podría ser una respuesta si un sector de las y los constituyentes votara la liberación de los presos políticos. No es para nada descabellado imaginar a una Teresa Marinovic o a un Larraín de Evópoli alegando contra los intentos de irrespetar la regla de 2/3 ante la Corte Suprema. O al único DC haciendo bloque con la derecha para eso, pues es la posición de este partido: para Jorge Correa Sutil, eliminar la regla de 2/3 es entrar a tierra de nadie. Esto demuestra que la negación de soberanía para la Convención básicamente significa que en divergencias de procedimiento queda bajo la tutela de instancias antidemocráticas del actual régimen.

Que la Convención vote la libertad de los presos políticos sería una primera clara señal contra el intento del gobierno, la derecha, los grupos capitalistas y de poder, de hacer de la Convención una institución “menor” que no moleste mucho, sobre todo después de los resultados electorales. Sería una muestra práctica de irrespeto contra el pacto del 15N. ¿Se hará eso o poco a poco empezarán a predominar los “protocolos” y tiempos establecidos que eviten las salidas de libreto muy radicales?

Si las y los jóvenes que fueron encarcelados por el simple hecho de participar en las acciones históricas de la lucha de clases de esos meses convulsos permanecen en las cárceles, si ellas y ellos son olvidados, si el caso de Dorca Aliaga que viajó desde Antofagasta a Santiago para exigir el primer día de la Convención la libertad de su sobrino Alex de 18 años, habitante de la población Bonilla, es olvidado por las y los convencionales, la desconexión con los intereses de los sectores obreros y populares será evidente. Es hora de transformar las medidas que proponía la Vocería de los Pueblos en acciones concretas: por ejemplo, una de ellas puede ser “aguarle la fiesta” a los que desean una Convención disciplinada, empezando el día uno: hay que empezar votando algo que no está preestablecido en la norma constitucional y que más que seguro la derecha reclamará en la Corte Suprema. Para responder a eso se puede votar el desconocimiento de cualquier resolución emanada de las instituciones de la Constitución pinochetista de 1980 como la propia Corte, articulando la pelea por una soberanía efectiva de la Convención que implicaría que no exista ninguna institución por sobre ella. Algo muy distinto a la fiebre presidencialista.

¿Cómo hacer que esas votaciones pesen y no predomine la Corte Suprema? Eso pasará por la activa movilización de las y los trabajadores, los sectores populares y el pueblo mapuche. Para hacer tragar sus palabras a todos los que niegan la existencia de presos políticos en Chile para ocultar la represión del gobierno, es necesario retomar el camino que se había iniciado el 12 de noviembre, el camino de la huelga general y la lucha en las calles, impulsar comités de autoorganización como lo fue el “comité de emergencia y resguardo” en Antofagasta que coordinó a sindicatos industriales y poblaciones.

Quienes militamos en el PTR somos socialistas y peleamos por un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo para realizar nuestras demandas y encaramos las luchas del presente en esa perspectiva. Pero entendemos que la mayoría de la clase trabajadora y los sectores populares no comparten aun esa perspectiva. Por eso, proponemos a todas y todos esos compañeros, pelear unitariamente por medidas democráticas urgentes, como la libertad de los presos políticos y la supresión del acuerdo del 15 de noviembre. El inicio de la Convención Constitucional empezará a probar quién es quién.

Reflexionando sobre estos temas, realizamos un conversatorio ayer sábado 3 de julio, cuyo link les dejamos a continuación: