Convocada por CCOO y UGT este 28 de octubre a nivel estatal, ha tenido gran seguimiento a pesar de los amplios servicios mínimos impuestos, con retrasos y cancelaciones en la salida de los autobuses de pasajeros en muchas ciudades. Se prevén más paros en noviembre y en diciembre, y con la perspectiva de convertir los paros en huelga indefinida si el 23 de diciembre no se alcanza un acuerdo.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 29 de octubre
Movilización de conductores en Santander.
Este 28 de octubre se ha producido la primera jornada de huelga en el transporte, con más de 80.000 conductores y conductoras de autobuses de pasajeros llamados al paro convocado por CCOO, UGT y apoyado por otros sindicatos del sector. Trabajadores de autobuses interurbanos, urbanos, transporte discrecional y escolar, así como de grúas autopropulsadas, se movilizaron ayer por el reconocimiento de la peligrosidad de su trabajo y en consecuencia, por la demanda de la jubilación anticipada a los 60 años, a través de la implementación de coeficientes reductores, así como de medidas preventivas.
Los coeficientes reductores permiten a los trabajadores que realizan actividades “penosas” o “peligrosas” adelantar su jubilación en relación también a los años cotizados. El transporte de mercancías, que también iba a realizar huelga este 28 de octubre, habría llegado a un principio de acuerdo por la implementación de estos coeficientes, según los sindicatos, y es por eso que no se sumaron al paro este lunes. Una medida cuestionada por sindicatos como CGT por considerarse divisionista y corporativa. "Lamentamos la separación, disgregación y ruptura del sector de transporte por carreteras en dos como acaban de hacer los sindicatos del poder", aseguraba un comunicado de CGT publicado el pasado sábado.
Sin embargo, en el sector del transporte de pasajeros, así como en las grúas, no ha llegado el acuerdo y se realizó la primera jornada de huelga con alto seguimiento de los trabajadores, con retrasos y cancelaciones de muchos servicios. Esto a pesar de los amplios servicios mínimos que los gobiernos han impuesto a la huelga, de hasta el 40% en Catalunya, el 50% en Andalucía o el 75% en el transporte urbano y el 80% en el interurbano en la Comunidad de Madrid. Unos servicios mínimos que suponen un enorme bloqueo a la huelga y que los sindicatos han denunciado como “abusivos”.
La patronal por su parte se niega a negociar, mientras los sindicatos plantean continuar con los paros el 11, el 28 y 29 de noviembre, el 5 y 9 de diciembre. A partir del día 23 de diciembre, si todavía no se ha llegado a un acuerdo, los sindicatos consideran convertir los paros en una huelga indefinida.
El retraso en la edad jubilatoria es una reivindicación histórica del sector del transporte, mientras los distintos gobiernos del PP y el PSOE (también con Unidas Podemos o ahora Sumar) han ido ampliando legislatura tras legislatura. Una situación grave que afecta a la vida y la salud de la clase trabajadora, pero que es crucial en trabajos como el transporte, donde una jubilación temprana es un factor claro de prevención de accidentes. La pelea por la reducción de la edad de jubilación es, en este sentido, una lucha del conjunto de la clase trabajadora.
Una pelea que debe estar unida a otras reivindicaciones como el fin de las externalizaciones o subcontrataciones, que son un medio para dividir a las plantillas e imponer las condiciones de trabajo más precarias posibles. Esto se muestra claramente en el transporte público, donde los distintos ayuntamientos externalizan en empresas privadas el servicio a costa de la calidad del mismo y de las condiciones laborales, para el único beneficio empresarial.
Esta precarización laboral es permitida por las sucesivas reformas laborales hasta la última de Yolanda Díaz, así como por las reformas jubilatorias, que ha contado con el aval de las propias centrales sindicales de CCOO y UGT, mientras ahora convocan paros en el transporte. Es la lógica colaboracionista de la burocracia sindical con los sucesivos gobiernos capitalistas y con la patronal, así como la política corporativa de fragmentar y parcializar las luchas, dividirlas por sectores y aislando las distintas luchas de la clase trabajadora así como del resto de reivindicaciones sociales.
Es necesario desarrollar luchas como las del transporte, en la educación y sanidad públicas, la lucha por la vivienda, la lucha antirracista o de otros muchos sectores, con asambleas de trabajadores en cada centro de trabajo que puedan organizar y coordinar un plan de lucha con la perspectiva de construir una huelga general frente al bloqueo de las burocracias sindicales y contra las políticas neoliberales y militaristas de los distintos gobiernos, empezando por el actual Gobierno del PSOE y Sumar.
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Levantar esta perspectiva de un sindicalismo combativo y que asuma las reivindicaciones del conjunto de la clase trabajadora y los sectores oprimidos es una tarea fundamental que tiene que tomarse en frente único por el conjunto de la izquierda que se reivindica anticapitalista y el sindicalismo alternativo.
