Represión e impunidad. Primero de diciembre de 2012, once años después

Como hemos escrito en notas anteriores, los hechos sucedidos el primero de diciembre de 2012 (1DMX) fueron de represión y criminalización a la juventud, y a pesar de que ha transcurrido más de una década, los funcionarios y policías que fueron los artífices de las detenciones arbitrarias, gozan de impunidad. Represión que fue producto de la complicidad de todos los niveles de gobierno y de los partidos del régimen, para acallar a un movimiento juvenil y universitario, conocido como el #YoSoy132, que cuestionó las elecciones a presidente de aquel año.

Cabe decir que el #YoSoy132 era resultado del hartazgo de la juventud milenial mexicana contra el orden establecido, pues veníamos de un contexto de alta violencia perpetrada y exacerbada por el Estado, producto de la “Guerra contra el narcotráfico” iniciada por el entonces presidente, Felipe Calderón del PAN, la cual fue continuada por el que posteriormente seria presidente y contra quien el movimiento se dirigiría, Enrique Peña Nieto del PRI, en complicidad de un supuesto partido de izquierda como el PRD.

Dicho movimiento puso sobre la mesa cuestiones claves que reflejaban la preservación por parte de los gobiernos de la “transición democrática”, de estructuras autoritarias y represivas utilizadas durante décadas por el viejo régimen político, que eran usadas para seguir aplicando el neoliberalismo. Este malestar no sólo existía en México sino al nivel mundial, pues estos hechos se dieron en el marco de lo que podemos llamar “la juventud indignada”, fenómenos juveniles que se dieron en el año 2011 en Egipto, el Estado Español, Francia, Inglaterra, Grecia y Chile, situación que también estuvo marcada por la crisis financiera abierta en el 2008.

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Continuidad de la política

En ese sentido fue que el Estado quien decidió reprimir el día de toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el 1DMX, como producto de una elección muy cuestionada por la compra de votos (tarjetas Monex), los gastos excesivos de campaña, la poca pericia del candidato, así como señalamientos de corrupción y violación de derechos humanos (como es el caso San Salvador Atenco) en su contra.

El gobierno del PRI se caracterizó por poner en el centro la estrategia de seguridad nacional que trajo miles de muertos y desaparecidos, la privatización del petróleo, la Reforma Educativa entre otras medidas neoliberales que tenían un carácter reaccionario y antipopular, reformas que Calderón dejó pendientes de su gobierno, que, al igual que su sucesor, se caracterizó por poner a los militares en las calles e implementar medidas patronales en favor de los empresarios.

Después de 11 años seguimos luchando en la búsqueda de justicia, pero lo que encontramos hoy es que los culpables no sólo no han sido juzgados, sino que tienen cargos públicos de alto rango en el actual gobierno, como es el caso de Marcelo Ebrard, quien fue jefe de gobierno de la CDMX en aquel momento por parte del PRD y hoy es miembro del partido Morena, siendo secretario de Relaciones Exteriores de México desde 1 de diciembre de 2018 hasta su renuncia el 12 de junio de 2023 para competir por la candidatura presidencial de Morena.

Fue él quien usó el cuerpo de granaderos de la capital del país contra los manifestantes haciendo todo un montaje para aplicar el Artículo 362 del Código Penal del entonces Distrito Federal, “Ataques a la paz pública”. Entre otras cosas, este artículo contenía el mismo tipo penal del delito de terrorismo contemplado en el Artículo 139 del Código Penal Federal (CPF), es decir, trasladado de manera tal que por su caracterización era violatorio de su propia legalidad.

Hoy siguen existiendo estos mecanismos, y aunque se haya insistido en su desaparición, el cuerpo de granaderos se sigue usando para contener la protesta social, como vemos en cada marcha feminista, y en tantos otros ejemplos cuando salimos con nuestras demandas a las calles, mientras que Calderón, Peña Nieto, sus allegados y sus cómplices se mantienen en la total impunidad de los crimines que se cometieron en sus gobiernos, algunos de ellos sueltos en países como España y otros dando conferencias por aquí y por allá.

Pero, esto es así porque el Estado burgués se vale de estos cuerpos represivos para acallar a la disidencia cuando el consenso ya no les es suficiente, como el Ejército, que entre otras cosas se encuentra vinculado a crímenes de Estado como el caso Ayotzinapa en 2014, aunque también podemos encontrar las huellas de su participación en la ofensiva militar contra la rebelión zapatista de Chiapas en 1994, la represión contra APPO en 2006.

Sin embargo, a pesar de esto y a pesar de que el fin de la impunidad fue una de las demandas más sentidas de la población trabajadora y una de las grandes banderas de la 4T en la campaña electoral de 2018, los integrantes de las fuerzas represivas no han sido castigados, incluso han sido premiados y reivindicados en este gobierno. Por ejemplo, López Obrador ha catalogado a los militares como “pueblo uniformado” o “pueblo en armas”, con lo que se les ha dado el control de importantes sectores de la economía como puertos, aeropuertos, carreteras y obras de infraestructura.

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¿Y entonces qué?

Pero si el gobierno de la 4T ha demostrado no querer resolver el problema de la impunidad de los agentes del “poder público” que han cometido violaciones a los derechos humanos ¿Cómo resolverlo?

Desde nuestra perspectiva consideramos que es importante construir una fuerza social independiente del régimen político (y sus partidos), que luche contra la represión del Estado en todas sus formas, como parte de la lucha de las y los trabajadores y los de abajo por conquistar mejores condiciones de vida y de participación política. Pero, a la vez, tendría que ir vinculado a las luchas internacionales como la que se está dando hoy por la defensa del pueblo palestino, que está siendo presa del genocidio por parte del sionismo Israelí.

Y en este sentido, le hacemos una atenta invitación a nuestros lectores para este sábado 2 de diciembre acompañarnos en el acto político-cultural con el que concluiremos el año las y los militantes del Movimiento de los Trabajadores Socialistas, que se hará en el local del SITUAM para exigir la ruptura de relaciones diplomáticas y económicas con el Estado de Israel y por una Palestina obrera y socialista.