La mayor organización sindical tunecina (UGTT) instó hoy a sus diferentes secciones a prepararse para una nueva etapa de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, en momentos que la conflictividad laboral viene creciendo en todo el país.
Martes 18 de octubre de 2016
EFE/EPA/Mohamed Messara
El alerta emitido por la comisión ejecutiva de UGTT viene a enfrentar los planes económicos del gobierno, que incluyen recortes presupuestarios en los servicios públicos, congelamiento de sueldos y despidos masivos en el Estado. No obstante, la declaración de la central obrera se produce de forma tardía y cuando se vienen produciendo cientos de conflictos y movilizaciones de distintos sectores.
A lo largo del año se cuentan ya más de 1500 huelgas y conflictos laborales, producto de la fuerte inflación, la desocupación, los recortes sociales y la precaridad laboral, pero también de reclamos democráticos que no solo no han sido satisfechos sino que el gobierno viene profundizando la represión, la cárcel y las torturas contra los activistas y manifestantes. A principios de año hubo masivas movilizaciones que tuvieron a la juventud como gran protagonista y el gobierno respondió con una dura represión y el encarcelamiento de casi 1000 personas.
La central obrera pareciera ahora inclinarse, al menos discursivamente, hacia una acción conjunta de los trabajadores. "El Gobierno no ha mostrado hasta la fecha ningún compromiso firme con la lucha contra la corrupción, el contrabando o la evasión de impuestos", señaló el comunicado de UGTT a pocos días que el gobierno del nuevo primer ministro Yusuf Chaheed, presentó el presupuesto general para 2017 donde anuncia fuertes recortes y un gran endeudamiento internacional.
Neoliberalismo y represión para que la crisis la pague el pueblo
Según informó la agencia de noticias local TAP el jueves pasado, el gobierno espera captar unos 2.500 millones de euros en préstamos exteriores, el doble que en 2016, y fijar el déficit fiscal en 5,4 puntos del Producto Bruto Interno. Esa cifra es justamente el monto que prometieron el Banco Mundial y el FMI a cambio de “reformas estructurales” económicas y financieras que implican fuertes ajustes contra los trabajadores y el pueblo humilde.
Túnez arrastra una profunda crisis económica agravada por la compleja situación política y social que atraviesa desde el derrocamiento en 2011 de la dictadura de Ben Alí, un alzamiento obrero y popular que dio origen a la Primavera Árabe en casi todos los países del norte de África y de Medio Oriente. Aquella oleada de masivos alzamientos populares que hizo temblar el orden regional, fue contenida, desviada y derrotada, pero en Túnez aún no han logrado imponer un resultado semejante y los movimientos de protesta no terminan de desaparecer.
El gobierno represor, aprovecha la actividad de grupos yihadistas, que también han contribuido a la crisis económica afectando el turismo, para justificar la represión y el creciente recorte de las libertades democráticas, a la vez que la injerencia de las potencias imperialistas como el Reino Unido que acaba de anunciar el envío de más efectivos militares para enfrentar al ‘terrorismo’.
