Opinión. Privatización y desmantelamiento de la salud pública, ahora en tiempos de la 4T

Una de las principales promesas de campaña de López Obrador en 2018, fue precisamente en torno al derecho a la salud para toda la población, así como la basificación del personal con derechos laborales. Miles de trabajadoras y trabajadores del IMSS, ISSSTE, la Secretaría de Salud (SSA) y otras instituciones de salud públicas y privadas, votaron por AMLO y los gobiernos del MORENA, como una expresión de rechazó y repudio a los anteriores gobiernos del PRI, PAN y PRD.

Con el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, se prometió un sistema de salud como en Dinamarca. Sin embargo, la “austeridad republicana” y sumado a esta, la pandemia en 2020, dejaron a los hospitales del ISSSTE, el IMSS y las Secretarías de salud estatales y federales, en condiciones de desborde y colapsos debido a la alta demanda de servicios, la falta de infraestructura, medicamentos y equipo médico adecuados, y el déficit de personal en todas las áreas, desde la médica y paramédica hasta personal administrativo, de limpieza, mantenimiento, cocina, etc.

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Mientras se hace cada vez es más difícil acceder a estudios de laboratorios, cirugías y consultas en las instituciones públicas, a los cuales todavía no tienen acceso la mayoría de la población, la iniciativa privada y las empresas farmacéuticas avanzan silenciosamente en cuanto a su oferta de servicios en el mercado, así como en licitaciones con el gobierno, para la subrogación de servicios pagados a particulares con dinero de los impuestos de trabajadores.

La privatización de los servicios de mantenimiento, limpieza, laboratorios, etc. en las instituciones de salud pública, así como la subrogación de los estudios, no es algo que inició en la 4T. Ya desde antes, los gobiernos del PRI y el PAN, habían avanzado en el saqueo del IMSS y el ISSSTE, así como de las secretarías de salud de los estados, que en muchos casos fueron usados como caja chica de los gobernadores, y en otros más, robaron también los ahorros de los trabajadores y trabajadoras de la salud, activos y jubilados, un gran negocio entre funcionarios y charros.

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El derecho a la salud en tiempos de la 4T

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), en 2022 el 54 % de la población en México recibió atención médica en el sector privado y en el caso de las personas sin seguridad social, el porcentaje es de 66%. Muchos de estos servicios privados son consultorios particulares que se encuentran en las propias farmacias como las del Dr. Simi, pero en ellos también se incluyen las farmacéuticas y hospitales privados como Médica Sur, Hospital Los Ángeles, etc.

Según la Asociación Mexicana de Industria de Seguros (AMIS), hay una inflación descontrolada en los servicios de salud privados. Para 2020 la inflación general fue de 3.15%, mientras que en el rubro de salud superó el 15%, es decir cinco veces más y esto coincidió justamente con los momentos más críticos de la pandemia y la saturación y desborde en los hospitales públicos. Por su parte, el INEGI señala que los gastos de bolsillo se elevaron un 40% en el mismo año, afectando gravemente las economías familiares en momentos de una emergencia sanitaria.

Pasada la pandemia y con la “vuelta a la normalidad”, la situación de desabasto y saturación de las instituciones públicas de salud continuó deteriorándose, así como las condiciones laborales del personal de salud, que en su momento fueron llamados “héroes” y que después, en muchos casos, enfrentaron despidos y reducciones de salario, con aumento de cargas laborales.

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Salud pública, gratuita y universal para todes ¿es posible?

La nueva promesa de AMLO y la 4T en materia de salud, está concentrada en el nuevo organismo descentralizado, IMSS Bienestar, que promete dar cobertura en servicios de salud a los más de 65 millones de personas sin seguridad social. Y esto, sin aumentar el presupuesto en Salud, y sin garantizar hoy la atención necesaria para los derechohabientes, ni los derechos necesarios a las y los trabajadores de las estructuras que se utilizaran en este proyecto. Mientras que agonizan los servicios de hospitalización, especialidades, laboratorios y cirugías del ISSSTE y el IMSS, son millones de pesos los que se siguen destinando para la Guardia Nacional, el ejército y la militarización del país, así como para los megaproyectos -como el Tren Maya en la misma región- y el pago de la fraudulenta deuda externa.

Mientras por arriba las autoridades del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, junto con la complicidad de los charros del SNTSA, FTSE, SNTISSSTE, SNTS y la Secretaría del Trabajo, orquestan un nuevo golpe a los derechos laborales del personal de salud; por abajo en los hospitales y clínicas, el descontento y la bronca contra los charros y las autoridades, se sigue gestando.

Y no solo se trata de las trabajadoras y trabajadores del personal de salud, sino también de pacientes, usuarios y derechohabientes que también sufren el avance silencioso de la privatización encubierta de la salud, así como negligencias y tragedias de las cuales son directamente responsables, tanto las autoridades como los charros de los sindicatos.

Es urgente avanzar en la organización democrática de trabajadores de la salud, así como en la coordinación entre hospitales e instituciones públicas y privadas, pues como han demostrado las protestas del personal de salud durante y después de la pandemia, desde el norte hasta el sur del país y también en otros países, hay disposición a luchar por nuestros derechos, y también, por el derecho a la salud digna y de calidad para el pueblo pobre y trabajador.

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