El presidente Pedro Castillo juramentó a Oscar Maúrtua como nuevo Canciller en reemplazo de Héctor Bejar. Maúrtua es conocido por su posicionamiento a favor de la política imperialista de los EEUU para américa latina y por su estrecha cercanía a los grupos de derecha nacionales y extranjeros.
Sábado 21 de agosto de 2021
En horas de la noche del viernes 20 de agosto, el presidente peruano Pedro Castillo juramentó a Oscar Maúrtua de Romaña como nuevo ministro de Relaciones Exteriores – Cancillería –, después que días atrás el sociólogo Héctor Bejar fuera obligado a renunciar por el premier Guido Bellido a raíz de las declaraciones dadas por Bejar en una conferencia virtual antes de ser funcionario público, donde denunciaba la vinculación de la Marina de Guerra del Perú con acciones relacionadas al terrorismo de estado ocurridas en la década del 70. Bejar, manifestó también que la CIA habría colaborado con la Marina para la creación y el funcionamiento de Sendero Luminoso.
Oscar Maúrtua, quien anteriormente se desempeñó como Canciller del gobierno derechista de Alejandro Toledo y fue embajador de diversas gestiones conservadoras, se ha pronunciado en diferentes momentos a favor de la política imperialista de los EEUU para américa latina la cual está orientada a desestabilizar y derrocar gobiernos que le son hostiles.
En enero del año 2019, cuando en Venezuela, Juan Guaidó de la mano de los EEUU se autoproclamaba como presidente de ese país, Maúrtua declaraba ante la OEA que: “la posición del Gobierno peruano de apoyar la gestión del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, es sólida y consistente porque acoge la protesta expresada por la ciudadanía de ese país en las manifestaciones”. En otro momento de sus declaraciones, el hoy Canciller del gobierno de Castillo, exigía mayor dureza a las fuerzas golpistas venezolanas: “El retorno a la democracia no se realizará en 72 horas, sino que formará parte de un largo proceso, y la presión diplomática en contra de Venezuela no será suficiente, sino que deberá tener la participación de las Fuerzas Armadas”, decía.
Este nombramiento pone en evidencia la derechización del actual gobierno y su voluntad de acercarse a los sectores conservadores del país y a los grandes empresarios nacionales y extranjeros quienes, durante la campaña electoral, y en lo que va de su corta gestión, se han mostrado muy críticos a Pedro Castillo y al partido Perú Libre liderado por Vladimir Cerrón. Esta actitud de conciliación con la derecha y el empresariado, que hoy hace más evidente el presidente Castillo y Perú Libre, ya se venía mostrando desde la segunda vuelta, sobre todo cuando firmaron la denominada “Proclama Ciudadana”, a través de la cual se comprometían a respetar la institucionalidad del régimen del 93.
Al nombramiento de Oscar Maúrtua en la cancillería, se suma también la designación del ultra neoliberal Julio Velarde en la dirección del Banco Central de Reserva del Perú, además del nombramiento de Pedro Francke en el ministerio de Economía y Finanzas quien, no solo se ha rodeado de personajes muy cuestionados como Gustavo Guerra García, sino que también abiertamente a dicho en reiteradas oportunidades que no se necesita cambiar la Constitución fujimorista de 1993 para realizar “grandes cambios” en el país. Francke,en su afán por congraciarse con la burguesía, también ha sido muy enfático en señalar que, ante el incremento significativo de los precios de los productos de primera necesidad, desde el gobierno no realizaran ningún control de precios, por tanto, el hambre del pueblo seguirá estando condicionado por la especulación y la voracidad de los capitalistas.
Este acercamiento del gobierno a la derecha y a los empresarios, tiene mucho que ver con la visión estratégica que tiene Perú Libre, la cual se expresa en la idea de construir un gobierno de unidad nacional con lo que ellos llaman “la burguesía nacional progresista” y con los capitalistas extranjeros respetuosos de la denominada “rentabilidad social” para de esa manera dar vida a lo que Vladimir Cerrón denomina “la economía popular con mercado”.
Este modelo, por tanto, no busca romper con los grandes empresarios ni con la institucionalidad burguesa expresada en el régimen de 1993. Por esa razón, en lo que va de la gestión de Castillo, las altas consecuencias de la crisis económica las siguen pagando los trabajadores y el pueblo empobrecido quienes ven como todos los días los precios de los alimentos suben, mientras que los salarios se evaporan y los despidos y el desempleo son una constante.
