Procesaron a Leonardo Nardini

La resolución de diciembre de 2019 se dio a conocer hace pocos días, donde se investiga al intendente de Malvinas Argentinas por irregularidades en la inscripción de personas en el plan Progresar.

Los hechos se remiten al año 2015 cuando el funcionario peronista era jefe de la UDAI, organismo que administra planes sociales, donde Nardini formaba parte de la agrupación Kolina, encabezada entonces por la ministra de desarrollo social Alicia Kirchner, actual gobernadora de Santa Cruz, quien viene aplicando un ajuste y reprimiendo el reclamo de trabajadores estatales en la provincia.

En ese año, es cuando el actual intendente se postula para dicho puesto en la lista de Frente para la Victoria, terminando el mandato de 20 años consecutivos de Jesús Cariglino. Luego Nardini se postula nuevamente, esta vez, en la lista del Frente de Todos.

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Se investiga también la creación de una sede paralela de la UDAI que funcionaba en el segundo piso de ANSES y era atendida por militantes donde se inscribía a alumnos sin toda la documentación correspondiente. Hay casos de personas que se presentaban en la oficina con otros fines e igualmente eran inscriptas al plan social Progresar, desconociéndolo.

Aunque en un principio ANSES investigaba el total de 2450 casos de alumnos que presentaron certificados expedidos por el Centro Educativo de Nivel Secundario 451 (CENS 451) de la localidad de Tortuguitas, donde se dictaban clases para adultos, la cifra se redujo a 814 personas sin legajos o con irregularidades en la documentación presentada.

Entre tanto la causa a cargo de la jueza Vence de la cámara federal de San Martín le trabó un embargo de 30 millones de pesos.

Lamentablemente esta noticia no sorprende ya que estamos acostumbrados a los manejos clientelares de los políticos del conurbano. Especulan con las necesidades de las mayorías y luego no tienen ninguna clase de condena, ni siquiera la condena en la opinión pública, ya que los medios y los gobiernos ocultan siempre. La corrupción es inherente a este sistema, Y esto está en ambos lados de la “grieta”.

Cabe dudar de que en este caso no haya impunidad como en tantos otros. Mientras el estado persigue y encarcela a jóvenes que, por trabajo, por cuidar un familiar o por ir de compras tenga que “romper la cuarentena” o reprime a trabajadores que exigen no ser despedidos en medio de un Decreto presidencial que los prohíbe. La misma celeridad no aplica para los delitos de los poderosos. En esto se expresa el funcionamiento de una justicia y un Estado de clase.

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