Esta semana hubo importantes novedades en la causa en la que se investiga al Gendarme carancho. La Jueza Sandra Arroyo Salgado resolvió procesar por el delito de privación ilegal de la libertad agravada al Comandante Mayor Juan Alberto Lopez Torales (el gendarme carancho) y a Roberto Angel Galeano (el ex militar infiltrado). Además resuelve embargarlos por $500.000 a cada uno.
Lunes 30 de mayo de 2016 09:03
Esta semana hubo importantes novedades en la causa en la que se investiga al Gendarme carancho. La Jueza Sandra Arroyo Salgado resolvió procesar por el delito de privación ilegal de la libertad agravada al Comandante Mayor Juan Alberto López Torales (el gendarme carancho) y a Roberto Ángel Galeano (el ex militar infiltrado). Además resuelve embargarlos por $500.000 a cada uno.
Una práctica común de las fuerzas represivas
Cuando Christian Romero vio como un Gendarme se le tiraba encima del auto supo de inmediato que le estaban tendiendo una trampa. No solo a él, sino a todos los que ese día habían decidido salir en una caravana de autos para apoyar a los trabajadores despedidos de la empresa Lear.
En la Argentina se sabe que las fuerzas de seguridad arman causas truchas. A veces para mejorar las estadísticas, otras para intentar mejorar algo de su degradada imagen y no pocas veces para justificar la represión de una protesta.
El 30 de Julio de 2014 la Gendarmería simuló que un manifestante del PTS atropelló al jefe del operativo para así poder detenerlo y disolver la manifestación.
Una vez que el comandante terminó de estrellarse contra el auto, demostrando no poseer ninguna dote actoral, sus subordinados detuvieron al manifestante violentamente. La detención fue dirigida por un hombre vestido de civil.
Contuvo su violencia todo lo que puedo: después de cinco segundos ordenó que lo detengan a palazos. Ese hombre de barba no pertenecía a la Gendarmería. Horacio Verbitsky, en Página/12, reveló que se trataba de un ex coronel del ejército especializado en el área de Inteligencia.
Para Romero la cosa no quedó en los golpes y la posterior detención. El fiscal Diego Molina Pico lo imputó por los delitos de lesiones y atentado y resistencia a la autoridad. A pesar de las pruebas, incluso videos del hecho, Molina Pico orientó en todo momento la investigación contra el manifestante.
La provocación sale a la luz
Durante meses quienes llevamos adelante la defensa de Romero (la actual Diputada Myriam Bregman, Matías Aufieri y el autor de esta nota), reclamamos que la investigación se dirija contra Torales, Galeano y el resto de los gendarmes que detuvieron y golpearon a Romero. En búsqueda de registros que prueben lo que en verdad había ocurrido accedimos a un video que demostraba que el armado de la causa había sido realizado del modo más burdo. El video fue visto por millones de personas y el episodio del gendarme carancho se transforma en uno de los más vergonzosos testimonios de que a la hora de reprimir las fuerzas de seguridad son capaces de cruzar todos los límites posibles. Esta resolución llegó como consecuencia de la persistencia de los trabajadores y los manifestantes que no dejaron de movilizarse y denunciar los abusos de la gendarmería a pesar de las múltiples represiones sufridas durante la heroica lucha de Lear.
Cuando la causa pasa al fuero federal, el fiscal de San Isidro, Fernando Dominguez, solicita la indagatoria y posterior procesamiento de los gendarmes. La resolución de Arroyo Salgado que finalmente pone al borde del Juicio Oral a Torales y Galeano es un importantísimo antecedente en momentos en que el Gobierno de Macri insiste en la aplicación del protocolo contra las manifestaciones.
Lograr que sean condenados los que todos los días persiguen a los luchadores y los trabajadores que salen a pelear contra los despidos y el ajuste es una tarea de primer orden para los que defendemos el derecho a la protesta y en consecuencia el conjunto de los derechos de los trabajadores y el pueblo pobre.
