Durante la mañana de este miércoles Bachelet se reunió con representantes de organizaciones indígenas tras recibir el informe del Proceso Constituyente Indígena.
¿Será un bonapartismo de Estado o una deuda de los Gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría?
Teresa Melipal Santiago de Chile
Jueves 4 de mayo de 2017
Este miércoles Bachelet recibió el Informe de Sistematización del Proceso Constituyente Indígena, el cual fue parte de un objeto de análisis del Comité Consultivo y el Seguimiento integrado por los organismos internacionales y la CONADI, del cual constatará para la integración de sus resoluciones en el proyecto Constituyente que se será presentado durante los próximos meses.
En la ceremonia de esta mañana, Bachelet argumentó las iniciativas del proyecto, aseverando una mejor relación entre pueblos indígenas y el Estado tras las conclusiones de informe: "realizamos un proceso de discusión amplio y sin precedentes que permitieron bases ciudadanas que nos fueron entregadas a fines del año pasado para una nueva Constitución, complementado ahora y fortalecido con el Proceso Constituyente Indígena, cuyas actas acabamos de recibir. Y ellos van a ser el fundamento del proyecto de nueva Constitución que vamos a enviar al Congreso Nacional en los próximos meses”.
Sin embargo, los precedentes históricos de la relación del Estado y los gobiernos de la Concertación y Nueva Mayoría hacia los pueblos indígenas, indican lo contrario cuando se trata del tema de demandas culturales y ancestrales en el contexto de reivindicación de terrotorios en conflicto, con empresas privadas y latifundistas. Las leyes, indicaciones y derechos siempre han favorecido a los privados en desmedro de la salud y vida de las comunidades indígenas.
El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y una educación intercultural
Y es que en tiempos remotos, desde el periodo de "conquista" hasta la constitución de Estado- nación chileno, los confictos por la mantención de las costumbres, la lengua, el territorio ancestral y la constitución política de los organismos de organización política indígena estaban en disputa. Pasaron guerras, pactos, acuerdos, parlamentos y rebeliones hasta el día de hoy, donde las dictaduras del Estado Burgués fortalecieron la política del saqueo y exterminio a distintas etnias que fueron integradas e introducidas a la fuerza en el mapa.
Con la Constitución de 1980, heredada por la dictadura cívico militar de 1973, la política hacia los pueblos indígenas en resistencia se tradujo en la perpetuación del Estado de Emergencia y en persecución política con la implantación de la Ley Antiterrorista. Mientras que para los pueblos indígenas que no mantienen conflictos con el Estado, las leyes vigentes ni siquiera responden a los derechos internacionales como el convenio 169 de la OIT, ratificado recientemente en Chile durante fines del 2008.
Para cambiar la Constitución, no basta con realizar encuentros y consultas de participación ciudadana hacia los pueblos indígenas. Se necesita levantar una Asamblea Constituyente libre y soberana basada en la movilización, donde el movimiento de los trabajadores, mujeres, juventud, comunidades y pueblos indígenas realice una experiencia en disputa con los actores del régimen.
