Debate Presidencial. Programa económico de Jadue: "En Chile se debe mantener el incentivo a invertir" de los privados

Redistribución de la riqueza: el programa de reforma de Jadue:

Espanto generó en múltiples sectores de la derecha el programa publicado esta semana por el candidato presidencial del Partido Comunista de Chile Daniel Jadue. Los ejes principales de la propuesta se concentran en 4 ejes:

1-. Impuesto a súper ricos: plantea un “tributo permanente” a altos patrimonios. Sus autores explican: se cobraría 1 vez al año un impuesto a patrimonios por sobre US$ 5 millones, y será del 1% del monto que sobrepase ese umbral (Ejemplo: alguien que tenga US$ 6 millones, tributara el 1% de ese US$ 1 millón adicional a los US$5 millones). Se considerará el patrimonio en el extranjero, y habrá impuesto de salida a quienes dejen su residencia en Chile (para retener fugas).

2-. Reforma tributaria: Además, para recaudar los 8-10 puntos PIB se plantean también medidas progresivas: eliminar el sistema semi-integrado para grandes empresas de forma de “separar el impuesto que paga la empresa del que pagan socios al retirar utilidades”; se aumenta impuesto a la renta a quienes ganen sobre $4,6 millones; se eliminan exenciones al impuesto a ganancias de capital en instrumentos bursátiles y Fondos de Inversión Privados; entre otras medidas.

3-. Royalty de 10% de ventas de mineras: la tasa dependerá de cuánto aumente el precio del cobre, aunque se estima que sería de “10% para niveles de precio de largo plazo”. También se analizará “royalty a la extracción de otros recursos naturales”.

4-. Fin a las AFP y nuevo Fondo Colectivo: Las AFP solo podrán seguir funcionando para quienes quieran ahorrar extra, y los fondos actuales se traspasan a un Fondo de Ahorro Colectivo -lo que economistas han descrito como una nacionalización-, que funcionará como sistema de reparto con solidaridad, con un registro de lo aportado por cada cotizante comprometiéndose que no habrá “reducción de pensiones” para nadie. Explican que se hará apelando a que el fondo estatal dé mejores pensiones al poder invertir más fondos por el aumento de la tasa de cotización de 10% a 18% y no pagar comisiones a las AFP. También habrá una Pensión Básica -con aporte fiscal- de 75% del sueldo mínimo (hoy serían $224.000). Las pensiones subiría en 53% -afirman- y aumentaría el gasto fiscal anual de 1,13% a 2% del PIB.

"Recuperar una proporción significativa de las rentas, manteniendo los incentivos a invertir"

Pero Jadue se cuidó de no quedar como un extremista declarando que los impuestos en minería debían no ser suficientemente altos para no espantar a los inversionistas. Una medida un tanto incompatible con los intereses de comunidades locales y trabajadores mineros.

Esta suerte de reforma con los empresarios incluidos pretende poner de acuerdo a grupos económicos que por años han saqueado los recursos naturales y han pagado miseria a sus trabajadores. El cobre es un ejemplo de aquello, las ganancias y fuga de capitales tienen cifras incontables y el Estado no es capaz de capturar una parte significativa del botín.

Más allá del horror de la derecha y los empresarios frente a cualquier idea de reforma, el programa de Daniel Jadue se basa en preceptos consensuados por la OCDE y la propia Concertación. El impuesto a los super ricos es una recomendación del organismo internacional para evitar el desprestigio de los gobiernos capitalistas y abrir una aparente política de redistribución de la riqueza. El consenso recorre de Inglaterra a Chile y no será extraño que gobiernos de derecha también lo apliquen. El programa de fin a las AFP y royalty minero son similares a los proyectos de ley propuestos por la propia Concertación incluyendo el gobierno anterior de Michelle Bachelet donde la idea de una AFP estatal de ahorro colectivo y voluntario naufragó en el Congreso tras la negociación con la derecha.

Llama la atención que la nacionalización del cobre sólo estaría restringida a SQM como caso testigo de la apropiación de recursos naturales por parte de una familia empresaria ligada a la familia de Pinochet, pero no extendible a toda la gran minería imperialista que extrae millones en ganancias mensualmente aprovechándose del alto precio del mineral.

Las soluciones a medias o suficientemente pactadas con los empresarios no terminan en buenos resultados. Principalmente porque preserva el interés privado y los deseos de invertir. En ese tira y afloja, de interese privados versus intereses de redistribución la propuesta puede transformarse en un nuevo gobierno de la ex Concertación pero con pasos extras.

El debate presidencial vuelve a reforzar la institucionalidad vigente y busca desviar el proceso de revuelta popular vivido en Chile desde el 18 de octubre de 2019, porque invita a ilusionar a la población con un nuevo representante presidencial en vez de decidir libremente qué régimen tener en una verdadera Asamblea Constituyente libre y soberana. El PC vuelve a aparecer en la escena política como los más convencidos de un programa moderado y plenamente resptuoso del orden y los intereses privados. Justamente en Chile se demuestra que no habra derechos sociales si no se rompe con los capitalistas. Hoy es urgente un plan de emergencia financiado por los super ricos pero también renacionalizar toda la gran mineria de cobre en manos de empresas imperialistas inglesas, norteamericanas, japonesas, canadienses y australianas, asi como también el control obrero de las empresas estatales.