DEBATE INVESTIDURA. Un progresismo de gesto y discurso, una derecha a la ofensiva y la izquierda que necesitamos

Previsiblemente este martes Pedro Sánchez logrará ser investido presidente del gobierno con los votos del PSOE, Unidas Podemos, Más País, PNV, BNG y Teruel Existe. A esta heterogénea suma hay que añadirle las abstenciones clave de ERC y EH-Bildu, que harían repetir el resultado de ayer domingo de 166 votos a favor frente a 165 en contra. Tan estrecho es el márgen que el PSOE aguanta la respiración hasta el último momento. Un solo diputado o diputada que faltase a la cita, o que practicara un “tamayazo” patriótico como el que reclamaba a gritos Arrimadas desde su escaño, haría fracasar la investidura. Esta fragilidad y lo vivido en el Congreso estos dos días son toda una representación de la legislatura y el gobierno que vienen.

Un gobierno “progresista” de discurso, gestos y continuidad de las políticas del bipartidismo

El PSOE y Unidas Podemos presentaron su programa de gobierno como un gran acuerdo social y de recuperación de derechos. La bronca auspiciada por los escaños de las tres derechas durante todo el debate refuerzan la campaña de los socios de gobierno, y los coros que le hicieron desde el BNG, ERC y EH-Bildu, de que estamos a las puertas de un gobierno de izquierdas. Sin embargo, ateniendo a la letra de lo firmado se trata de un texto plagado de muchas declaraciones generales y pocas medidas reales, menos aún de calado.

Vivienda y empleo se han presentado como dos de los grandes ejes de este supuesto giro. Sobre el primero la misma PAH ha advertido que no se recogen las medidas necesarias para frenar la burbuja del alquiler y los desahucios. Sobre el segundo, la diputada de la CUP, Mieria Vehí, aclaró que de la reforma laboral de 2012 solo se pretenden derogar tres artículos. Como corsé general a todo este bloque, la misma Vehí señaló que el punto de cumplimiento con los límites de gasto marcados por la Comisión Europea convertían en imposibles los incrementos de gasto y políticas sociales prometidos.

Si en la política económica y social lo que primará será la continuidad, en las cuestiones relativas a la crisis política y territorial más de lo mismo. Sánchez arrancó su discurso aclarando que su gobierno no suponía ningún riesgo ni para la unidad de España ni para la Constitución del 78, lo que le granjeó un fuerte aplauso tanto de los diputados del PSOE como de los de Unidas Podemos. Ni la Corona, ni la negación del derecho a decidir, ni la reaccionaria Judicatura... nada de esto estará en cuestión. El gobierno progresista quiere ser el apuntalador de un régimen en crisis. Lo máximo que está dispuesto a conceder son medidas simbólicas en materia de memoria histórica o la “mesa de diálogo” con la Generalitat en la que ni la amnistía ni el derecho a la autodeterminación tendrán cabida.

Por lo demás, en las grandes políticas de Estado sobre migración, misiones militares y el resto de políticas imperialistas, ninguna novedad respecto a los gobierno del bipartidismo. El “gobierno progresista” será sin ningún tapujo el enésimo gobierno imperialista del Estado español. Será curioso ver como justifican desde el PCE e IU ser ministros de un gobierno de la OTAN que mantiene, entre otras misiones, a 500 militares españoles en Iraq en medio de los tambores de guerra que hace sonar Trump en Oriente Medio.

La derecha y el Estado profundo preparan el retorno

Pablo Iglesias no se ha cansado de repetir en estas semanas y el mismo debate que el mejor freno a la derecha y la ultraderecha es un gobierno como el que él aspira a vicepresidir. Sin embargo, los gobiernos que sostienen la agenda de la derecha en lo fundamental -cumplimiento con la Troika en gasto y reformas estructurales, negación del derecho a decidir, mantenimiento de las políticas racistas de extranjería...- aunque sea con verso “progre”, lo único que hacen es allanarles el camino.

La derecha está a la ofensiva con un doble objetivo. Marcarle el paso al posible nuevo gobierno, si no logran evitar que se conforme, e intentar que además de impotente sea lo más breve posible. Su campaña va más allá del Congreso, como vimos con la decisión de la JEC sobre Torra y Junqueras. La Judicatura será un ariete fundamental desde el que debilitar al nuevo ejecutivo.

Ni el PSOE ni Unidas Podemos se plantean en lo más mínimo cuestionar el techo de plomo que impongan el PP, Vox y Cs, menos aún sus jueces desde el Supremo y otras instancias judiciales. Así, unos presupuestos que no cumplieran el déficit que marque Bruselas podrían ser declarados inconstitucionales en aplicación del 135, o lo mismo con cualquier concesión competencial a Catalunya como ya ocurrió con el Estatut en 2010. Una constatación de que “dentro de los marcos constitucionales” en las cuestiones fundamentales solo son posibles políticas de derechas. Esto hace que la fragilidad de los apoyos al nuevo Ejecutivo se mantendrá y posiblemente se agravará más allá de la investidura.

La integración de Unidas Podemos al Régimen del 78 y la necesidad de otra izquierda

La imagen de Iglesias y Garzón aplaudiendo la defensa de la unidad de España y la Constitución, o su reivindicación de la Transición, son la constatación de la integración definitiva al régimen de la monarquía. Ambos se sentarán en el siguiente Consejo de Ministros, junto a Irene Montero, Manuel Castells y Yolanda Díaz. Esta “izquierda” que se prepara para gobernar con los social-liberales del PSOE queda así definitivamente comprometida con la defensa del status quo y los intereses de los que “votan todos los días”.

Las falsas ilusiones que buscarán generar en con ellos en el gobierno se resolverán los grandes problemas sociales y demandas democráticas postergadas, buscan generar adhesión y sobre todo desmovilización. A esto contribuirán sin duda otros agentes, como las direcciones burocráticas de los grandes sindicatos, que ya han renunciado a una derogación total de las reformas laborales de ZP y Aznar e incluso se oponen abiertamente a jornadas de lucha como la huelga general en el País Vasco en defensa de las pensiones. O en el movimiento democrático catalán, la dirección procesista que, más allá de los matices entre ERC y JxCat, se encuentra entregada a un retorno al autonomismo a cambio de algunas migajas.

No faltan tampoco voces periodísticas y otros referentes “progres” que disparan contra todo aquel que cuestione el acuerdo de gobierno. La campaña contra la CUP por votar no lanzada en redes sociales es una buena muestra de ello.

Ante este intento de subordinación al nuevo gobierno “progresista” de todo lo que quede a su izquierda, es fundamental avanzar en construir una izquierda que sea completamente independiente del nuevo ejecutivo y sus partidos. Que se prepare para enfrentar las medidas que seguro implementará a dictado de la Troika o el IBEX35 para el que el PSOE ha sabido gobernar como nadie, la continuidad de las políticas represivas contra el independentismo y la disidencia política o las políticas de extranjería e imperialistas.

Necesitamos una izquierda que, junto con el sindicalismo alternativo y los sectores que no quieren dejar pasar una décadas de ataques históricos, pelee por la derogación de todas las reformas laborales precarizadoras, por unas pensiones dignas y sostenidas con impuestos a las grandes fortunas y empresas, por la amnistía de todos los procesados y presos políticos, por la expropiación de los grandes tenedores de vivienda y por el efectivo ejercicio del derecho a la autodeterminación, entre otras medidas urgentes.

La CUP, que representa la única fuerza en el Parlamento que se opone al nuevo gobierno desde la izquierda, tiene una posición que podría hacer valer para proponer un primer agrupamiento de un polo en este sentido. También Anticapitalistas que no ha apoyado el acuerdo de Podemos con el PSOE y que debería romper definitivamente y en todo el Estado con la formación morada. Desde la CRT vemos urgente empezar a discutir entre estas y otras fuerzas anticapitalistas, la necesidad de poner en pie una izquierda que pelee por una salida anticapitalista y de clase a la crisis del Régimen del 78.