46 son los proyectos de ley que se encuentran enclaustrados en el congreso debido a que la derecha los considera “inconstitucionales”. Un aumento en el autoritarismo del gobierno.
Martes 23 de junio de 2020
“Queremos hacer modificaciones a la Ley Orgánica que regula el ingreso de proyectos constitucionales”. Este fue el anuncio del gobierno -en palabras de Gonzalo Blumel- que encendieron las alarmas, tanto en la “oposición” parlamentaria como en el bloque de ChilVamos. A su vez, Blumel afirmó que: “en los próximos días convocaré a un grupo de exparlamentarios, académicos y expertos para proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos con que el Congreso determina la admisibilidad o inadmisibilidad de las mociones”.
Te puede interesar: Derechazo de Piñera: ahora quiere decidir lo que se discute en el congreso
Te puede interesar: Derechazo de Piñera: ahora quiere decidir lo que se discute en el congreso
Los anuncios se producen en medio de un verdadero estancamiento pantanoso de más de 40 proyectos de ley -19 proyectos en el Senado y 27 en la Cámara de Diputados-, los cuales hoy se encuentran completamente enclaustrados en el Congreso debido a una carta bajo la manga que la derecha históricamente ha utilizado contra medidas que vayan en contra de sus intereses y beneficio: La inconstitucionalidad. ¿La razón? Tratarse de proyectos que no se adecuán a la conveniencia de la derecha y los empresarios dueños del país y de las riquezas.
Es así que proyectos alusivos a la suspensión del cobro de deudas generadas por operaciones hipotecarias, a la prohibición a las sociedades administradoras de fondos de pensiones (AFP) la distribución de dividendos entre sus accionistas, modificaciones al Código del Trabajo, para suspender la aplicación de las causales de despido por fuerza mayor, y por necesidades de la empresa, durante el período de Covid-19, la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares, por parte de instituciones de educación superior o incluso alusivos a declarar como utilidad pública hospitales, clínicas, centros de salud privados del país y facultar su administración por parte del Estado en caso de alerta sanitaria o peligro para la salud de la población, han sido archivados con el timbre de la inconstitucionalidad por entrar en conflicto con los beneficios y los intereses de la derecha y los empresarios.
La situación deja a la luz el profundo autoritarismo del gobierno, que no sólo ha sorprendido con su represión física en las calles, sino que hoy evidencia nuevamente el blindaje que realiza la derecha al régimen neoliberal y profundamente pinochetista.
