UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA – TRIBUNA ABIERTA. Pronunciamiento de integrantes de la Escuela de Sociología (UCV) ante petición proscriptiva contra egresados

De entre los actuales funcionarios del gobierno y del Estado destacan algunos y algunas que egresaron de las aulas de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), como Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas, rectora también del CNE, Elías Jaua, ministro de Educación y jefe de la Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente, y Luis Damiani, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Centro de Estudiantes de esta Escuela, presidido por activistas afines a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), elevó una petición al Consejo de Escuela para, entre otras cosas, “erradicar la posibilidad de que estos egresados puedan asistir, participar en nuestra escuela e impartir clases nuevamente en nuestro recinto, y de que obtengan los beneficios correspondientes a ser profesores de la UCV”. Ha habido reacciones. Una fue la de quienes se agrupan como “Sociólogos y Sociólogas en Revolución”, otra, la que publicamos aquí.

Este pronunciamiento hecho público en la plataforma Change.org hace un par de días, ha arrancado con la suscripción inicial de decenas de estudiantes, profesores y egresadxs de esa comunidad. Destaca la adhesión de importantes intelectuales del país, como Edgardo Lander, egresado y profesor jubilado de esa escuela. Por la trascendencia del asunto para el conjunto de la universidad, han dejado abierta la invitación para que adhieran otros miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, empleados/as, obreros/as) que no necesariamente formen parte de la Escuela de Sociología.

El enlace para adherir en línea es el siguiente: Egresados, profesores y estudiantes de Sociología (UCV) frente a la solicitud del CEES

A continuación el texto del pronunciamiento.

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Pronunciamiento de egresadas/os, estudiantes y profesoras/es de Sociología (UCV) frente a la solicitud del CEES ante el Consejo de Escuela

En días recientes ha sido publicada una petición, firmada por la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Sociología (CEES) y su adjunta, en la cual se solicita al Consejo de Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV): 1) ejercer medidas que permitan “erradicar la posibilidad de que estos egresados [Luis Damiani, Tibisay Lucena, Elías Jaua y Sandra Oblitas] puedan asistir, participar en nuestra escuela e impartir clases nuevamente en nuestro recinto, y de que obtengan los beneficios correspondientes a ser profesores de la UCV”, y 2) declarar personas non grata tanto a los egresados antes mencionados, como a “todo aquel que vaya en contra de la Constitución de nuestro país y del espíritu democrático que los UCVistas debemos defender”.

No desconocemos que en el país vivimos un giro autoritario y represivo por parte del gobierno nacional que pone en entredicho libertades democráticas y en el que los propios estudiantes y trabajadores universitarios han recibido represión. Una situación donde las Fuerzas Armadas juegan un rol fundamental, con graves restricciones a los derechos y garantías democráticas, y en la que hay responsabilidades políticas. Quienes suscribimos este pronunciamiento rechazamos y repudiamos estas prácticas.

Sin embargo, esta petición pretende instaurar una política persecutoria, discriminatoria y excluyente que busca convertir a la universidad y sus organismos en fiscal, juez y policía del pensamiento, arrogándose el establecimiento de sanciones laborales y académicas que impliquen la exclusión de los espacios universitarios debido a posiciones o responsabilidades políticas, atentando contra el espíritu plural, abierto, crítico y democrático que debe prevalecer en el ámbito universitario. Tal petición pretende inaugurar una práctica de “cacería de brujas” en nuestra escuela, cuya historia ha sido forjada con el cultivo permanente del respeto a las diferencias, el espíritu democrático y el ejercicio libre de las ideas y del pensamiento, lo cual se expresa tanto en la diversidad de cosmovisiones y tradiciones sociológicas que se imparten en sus aulas, como en la diversidad de posiciones políticas, ideológicas, religiosas, étnicas y/o de género de quienes formamos parte de ella.

El espectro y alcance de una medida como la que se solicita, con señalamientos tan genéricos como “todo aquel que vaya en contra de la Constitución de nuestro país y del espíritu democrático”, que pueden ser interpretados de las más variadas maneras de acuerdo a los más variados intereses, podría prestarse para cualquier tipo de medidas discrecionales, de carácter profiláctico y de pensamiento único que no solo atentan contra todo aquel que tenga posiciones divergentes, sino contra el propio espíritu universitario.

Pensemos en tantos académicos que tuvieron responsabilidades en los regímenes políticos anteriores, en los que hubo innumerables y graves violaciones de los derechos humanos. Pensemos en los egresados y profesores que estuvieron involucrados en los hechos de abril de 2002, en los que, para muchos, es evidente que hubo lo que se llama “ruptura del orden constitucional”. Prácticas del tipo de las que plantea esta petición convertirían a la universidad en un espacio en el que cada órgano directivo estaría habilitado para hacer una especie de juicios sumarios para sentenciar y excluir a quienes la mayoría circunstancial de ese organismo considere que se apartan de prácticas democráticas por su responsabilidad o apoyo a determinado régimen político.

Por otro lado, no podemos dejar de señalar que esta petición se inscribe en un contexto en el que dos grandes fuerzas políticas se disputan el control del país, a una de las cuales apuestan los que la impulsan. Señalan a Luis Damiani (magistrado del Tribunal Supremo de Justicia), Tibisay Lucena (presidenta del Consejo Nacional Electoral), Elías Jaua (la Asamblea Nacional Constituyente) y Sandra Oblitas (vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral) de ser “cómplices de los más infames delitos contra los derechos humanos y (...) de la ruptura constitucional en Venezuela”, y los responsabilizan sumariamente de asuntos como “corrupción, muertes, escasez de alimentos y medicinas, y narcotráfico”. Al tiempo que obvian que sus propios dirigentes políticos, agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), fueron artífices directos del golpe de Estado del año 2002 con el que se intentó instaurar una dictadura, hoy insisten en presionar a las Fuerzas Armadas para que ellas resuelvan la salida del presidente Nicolás Maduro, reforzando el rol de estas como árbitros de la política, y se apoyan en el respaldo de una potencia extranjera con amplio historial injerencista. El no delimitarse de esto ni denunciarlo evidencia que el propósito de su petición busca apoyarse en una resolución de un órgano universitario (Consejo de Escuela) para la aniquilación de las diferencias a través de mecanismos de retaliación.

Por otro lado, en respuesta a esta petición, el movimiento Sociólogos y Sociólogas en Revolución (SSR) emitió un pronunciamiento en el que, bajo la correcta defensa del carácter democrático, plural, diverso y crítico que debe prevalecer en la vida universitaria, condena la petición del CEES por discriminatoria, persecutoria y antidemocrática. No obstante, muestra en su comunicado una posición completamente acrítica que no toma partido frente a prácticas del mismo tipo que se han implementado en los centros universitarios que se encuentran bajo la administración y control del gobierno.

Para nadie son un secreto las formas de amedrentamiento (que en algunos casos se han concretado en despidos) a las que han sido sometidos profesores e investigadores de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), la Escuela Venezolana de Planificación (EVP) y otras instituciones académicas, por el hecho de manifestar posiciones críticas frente a las políticas del gobierno. Una práctica extendida, cuyos casos más resaltantes han sido los de los profesores Esteban Emilio Mosonyi (también profesor de la Escuela de Antropología de la UCV), Edgardo Lander (también profesor de la Escuela de Sociología de la UCV, por cierto) y Santiago Arconada, removidos de sus puestos de rector y docentes, respectivamente, de la Universidad Indígena de Venezuela por su oposición al Arco Minero del Orinoco (AMO).

Consideramos que la defensa de la pluralidad en el ámbito universitario, de la cultura política democrática y el régimen de libertades propio de la producción intelectual y del espíritu universitario debe ser coherente y firme, y por ello repudiamos toda acción que atente contra este espíritu, venga de donde venga.

Se desprende de la posición que sostenemos, que no brindamos respaldo alguno a la actuación de las figuras políticas a la que alude la petición.

Por esta razón nosotras y nosotros, miembros de la comunidad de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), repudiamos toda práctica y toda política que atente contra los preceptos democráticos, la integridad de las personas y la diversidad de pensamiento, ideas y posiciones políticas, religiosas, étnicas, de clase y/o de género. Por este motivo, REPUDIAMOS CATEGÓRICAMENTE la solicitud emanada por el CEES y alertamos sobre el gravísimo precedente que una medida como esta, de llevarse a efecto, sentaría en contra del espíritu democrático, plural y diverso que ha prevalecido en la historia de la comunidad de la Escuela de Sociología.

Exigimos a las autoridades del Consejo de Escuela que rechacen públicamente la solicitud emanada por el CEES, y no se convierta en el instrumento para la instauración de una cultura antidemocrática, persecutoria, discriminatoria y de pensamiento único en nuestra comunidad. Asimismo, exigimos a todas las autoridades universitarias, a nivel de Escuelas, Facultades y Universidad, que se pronuncien públicamente en contra de cualquier medida o acto que atente contra los principios democráticos y discrimine, exponga al escarnio público o atente contra la dignidad de cualquiera de los miembros de la comunidad universitaria.

Conscientes de la crisis que atraviesa nuestro país y del papel que como sociólogas y sociólogos debemos jugar frente a los problemas presentes en nuestra sociedad y en nuestra propia comunidad, llamamos a la apertura de un proceso de debate amplio y democrático que involucre a toda la comunidad de la Escuela de Sociología, y que vaya más allá de los estrechos espacios de decisión de un grupo de representantes. Asambleas y espacios de discusión democráticos están a la orden del día para debatir y fijar posiciones como comunidad.

Finalmente, hacemos un llamado a todas las/os estudiantes, obreros/as, empleados/as, profesores/as, egresados/as, jubilados/as y demás miembros de la comunidad de nuestra escuela para sumarse a este repudio e impedir que se instaure la cultura del oscurantismo y la discriminación en “la casa que vence las sombras”.

Dada la importancia de este asunto para el conjunto de la universidad, abrimos el espacio para cualquier otro/a integrante de la comunidad universitaria que quiera suscribir.

Primeras firmas:

· David Rivas. Estudiante de la Escuela de Sociología-UCV.
· Ana Gabriela Salazar. Estudiante de la Escuela de Sociología-UCV.
· Juan Manuel Planas. Estudiante de la Escuela de Sociología-UCV/Preparador del Dpto. de Teoría Social de Sociología-UCV.
· Edgardo Lander. Sociólogo-UCV. Profesor Titular del Dpto. de América Latina de Sociología-UCV.
· Livia Vargas-González Filósofa-UCV. Profesora Asistente del Dpto. de Teoría Social de Sociología-UCV.
· Angeliny González. TSU en Adm. De Talento Humano (CUC). Estudiante de la Escuela de Sociología-UCV.
· Ana T. Gómez (la Guara). Socióloga-UCV. Jubilada UCV.
· Ángel Arias. Sociólogo-UCV.
· Cynthia Parra. Estudiante de la Escuela de Sociología-UCV.
· Enrique Rey Torres. Sociólogo-UCV. Profesor Instructor del Dpto. de Teoría Social de Sociología-UCV/Investigador del CELARG.
· Salvador Poleo. Estudiante de la Escuela de Sociología-UCV.
· Alberto Platania. Estudiante de la Escuela de Sociología-UCV.
· Moisés Durán. Sociólogo-UCV. Escuela de Sociología-UCV.
· Fausto Domínguez. Sociólogo-UCV. Profesor Instructor de la Escuela Básica de Ingeniería-UCV.
· Francisco Javier Ruiz. Sociólogo-UCV. Escuela de Sociología-UCV.
· Jessica Betancourt. Estudiante de la Escuela de Sociología-UCV.
· Nuvia Rodríguez. Antropóloga. Egresada de la ESA/Docente UNEFA.
· Anais López. Socióloga-UCV. Investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg).
· Guido Revete. Sociólogo-UCV.
· Jessie Blanco. Socióloga y Psicóloga-UCV. Profesora de la Escuela de Sociología-UCV.
· Nelson Oyarzábal. Antropólogo-UCV. Profesor Unearte.
· José Luis Tapia. Sociólogo-UCV. Profesor Instructor de la Escuela de Sociología-UCV.
· Mía Zorca Dragnic García. Socióloga-UCV. Doctoranda en Estudios Latinoamericanos-Universidad de Chile.
· Attilio Lafontant Di Niscia. Sociólogo-UCV.
· Vera Sanoja Zerpa. Socióloga-UCV.
· Edixela Burgos. Socióloga-UCV. Profesora Agregada de la Escuela de Sociología-UCV.
· Elvia Solórzano. Socióloga-UCV.
· Emiliano Terán Mantovani. Sociólogo-UCV. Investigador en Ciencias Sociales.
· Ybelice Briceño. Socióloga-UCV. Profesora Asistente del Dpto. de Teoría de la Comunicación de Sociología-UCV.
· Abi Michinel. Sociólogo-UCV.
· Adriana García. Socióloga-UCV. Exprofesora del Dpto. de Teoría Social/Sociología-UCV.
· Darwin Ricci. Sociólogo-UCV.
· Gladys Obelmejías. Socióloga-UCV.
· Alexandra Cemborain. Socióloga-UCV.
· Robzayda Marcos. Socióloga-UCV. Profesora UNESR.
· Janeth Orihuela. Socióloga-UCV.
· Nohely Marín. Socióloga-UCV.
· Rómulo Rico. Sociólogo-UCV.
· María José Mederos. Estudiante de Sociología-UCV.
· Suhey Ochoa. Estudiante de Estudios Políticos-UCV.
· Ángela Villarreal. Estudiante de Sociología-UCV.
· María Bermúdez Rojas. Estudiante de Sociología-UCV.