La reciente decisión de una jueza de suspender todo tipo de orden de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin, es reflejo de la corrupción e impunidad que garantizan las instituciones de “justicia”, además es una muestra de hipocresía ante otros hechos.
Sábado 3 de marzo de 2018
La actitud hipócrita de las instituciones de gobierno y de justicia se manifiesta claramente en el caso de Emilio Lozoya Austin, quien es protegido el gobierno federal a través del poder judicial, ya que ha sido señalado por indiciados de la constructora brasileña Odebrech como uno de los tantos funcionarios a los que sobornaron para obtener concesiones petroleras. En este caso pesa sobre él la acusación de asignarle a la empresa brasileña un contrato para la refinería de Tula, Hidalgo, tras recibir un soborno de 10 millones de dólares.
Pero hay más al respecto, ya que existe la sospecha de que utilizó esos recursos para presuntamente financiar la campaña presidencial del ahora presidente, Enrique Peña Nieto. Al respecto el PAN y el PRD solicitaron una investigación que no se ha llevado a cabo con el rigor necesario. No sólo eso, estos partidos no llevaron sus posiciones hasta el final y terminaron dejándolas de lado, declarando que los delitos ya habían prescrito. Por otro lado Lozoya Austin expuso que demandaría por daño moral a quienes lo acusan, no obstante hasta el día de hoy, no ha procedido legalmente contra ninguno de sus acusadores.
El 16 de octubre del año pasado, renunció Raúl Cervantes como titular de la PGR, y él declaró que la investigación sobre el caso Lozoya-Odebrech ya había concluido, sin embargo los resultados de esa investigación son poco claros y en nada explican a la opinión pública si es que Emilio Lozoya es responsable o no. Ellos mismos argumentan que hacen falta datos para armar el caso, sin embargo en nada toman en cuenta las investigaciones que se realizan en Brasil, simplemente porque no han solicitado al gobierno de ese país que se esclarezcan los dichos del funcionario que lo señala.
Además el día de ayer una jueza federal vetó a la PGR por tiempo indefinido para emitir órdenes de aprehensión contra Lozoya, esta jueza de nombre Sandra Leticia Robledo Magaña formuló su decisión en medio de la discusión que un tribunal colegiado llevaba a cabo sobre si continuar con otra suspensión concedida al acusado citarlo para encauzarlo a juicio.
Hipocresía de la justicia mexicana en tiempos electorales
A la par que Lozoya es protegido, la PGR que es controlada directamente por el presidente Peña Nieto, ataca a un rival político en un momento decisivo como es este con las elecciones de 2018 en puerta. El candidato del frente PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, se ve envuelto en un escándalo de corrupción donde se hizo de recursos y propiedades que hasta ahora no ha podido explicar.
La cuestión es que las instituciones que tanto presumen ser las garantes de la impartición de justicia no demuestran más que hipocresía, ya que por el momento atacan a Anaya para poder reposicionar a José Antonio Meade cuya campaña electoral no logra despegar y así sacarlo del distante tercer lugar en las encuestas, por cargar con el pesado lastre de la marca del PRI. Lo que se revela aquí es que esas instituciones están muy lejos de impartir justicia, más bien son usadas para atacar a rivales políticos, encubrir crímenes de Estado, como es el caso Ayotzinapa o perseguir a la disidencia con el uso del programa de espionaje Pegasus.
Es decir, las instituciones de los capitalistas una vez más nos demuestran que no están puestas al servicio de la justicia ni del bien común, más bien son un instrumento para disputarse el poder entre ellos, como en este caso) y, sobre todo, para reprimir a los trabajadores y sus luchas. La protección incansable a Emilio Lozoya Austin es una de las tantas muestras que hay de ello, encaminando todo para disputarse la silla presidencial este 2018 y seguir descargando los planes de miseria sobre nosotros.
