Perú. Protestas, marchas y bloqueos al sur del Perú mantienen la movilización contra el gobierno dictatorial de Boluarte

Estado de emergencia en todo el país

Las protestas en el sur del país andino están lejos de detenerse. Dina Boluarte, presidenta de facto que gobierna sin haber sido elegida, decretó Estado de emergencia en todo el país principalmente por las protestas que se siguen sucediendo en el sur del país. Videos muestran a miles de manifestantes. El último gran llamado a protesta arrojó un saldo de 18 personas asesinadas por las fuerzas del Estado y decenas de detenidos sometidos a todo tipo de atropellos, según indican los medios alternativos. Demandan la inmediata salida de Boluarte y el adelanto de las elecciones junto con la liberación del ex presidente Castillo. Se piensa que la represión generaría más protestas y su contagio hacia el centro y norte del país.

Las zonas de Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno forman la llamada sierra sur de Perú, en ella hay mayoría población quechua, humilde y campesina. Esta población junto con los profesores de las ciudades, se identificaron con la elección de Castillo. Mientras en el resto de Perú las últimas semanas de Castillo se entendieron como el fin de un presidente corrupto, en estas regiones se le criticaba por no haber convocado a una Asamblea Constituyente y no haber instalado reformas más radicales en su favor.

Postergación y racismo

En el sur de Perú hay antecedentes de movilizaciones. En 2002 el llamado "Arequipazo" impidió la privatización de dos empresas públicas por parte del gobierno de Alejandro Toledo. El 2011 las comunidades aymaras se movilizaron contra las concesiones mineras del gobierno de Alan García quien quería entregarlas a empresas canadienses multinacionales. Según el historiador Gonzalo Banda "los intentos más serios de poner en cuestión al estado peruano y los planes de la élite limeña llegaron desde el sur".

"El Estado nunca ha invertido lo suficiente en el sur, ni en escuelas, ni en hospitales ni en ninguna otra obra pública. Pese a que todos los gobiernos han hecho promesas, nunca se cumplieron y hay toda una agenda postergada con respecto al sur".

La flaqueza del Estado contrasta con la amplia presencia de compañías extranjeras que explotan las riquezas minerales que abundan en el Perú meridional, creando una masa de trabajadores precarizados con escasos derechos y reconocimientos.

"Han mejorado muchos indicadores y ha habido mejoras en los ingresos, pero no se ha avanzado en institucionalidad. Se ve que sale mucha riqueza y sigue sin haber suficientes escuelas u hospitales", señaló banda al medio BBC. El lema de Castillo empalmaba con esta indignación sureña: "No más pobres en un país rico"

Los costos de la corrupción y la crisis orgánica

Los habitantes del sur de Perú no sólo viven postergación y racismo desde el poder central limeño, también sus autoridades han abandonado servicio públicos o redujeron su financiamiento el último tiempo. En noviembre del 2022 las autoridades habían ejecutado menos de la mitad de los proyectos presupuestados por todo el año. La corrupción abunda.

En nivel de trabajo informal es alto en el sur de Perú. Sumado a la minería ilegal, el contrabando y el transporte irregular de pasajeros y trabajadores, hacen del sur de Perú una región abandonada por el poder central. Siempre estas regiones lucharon por ser escuchados hoy hablan de quebrar con Lima. Ha sido precisamente en Puno donde activistas locales han lanzado una de las propuestas más inusitadas en las últimas semanas de protesta: crear una república independiente en el sur de Perú.

Y ya han surgido voces que exigen a la presidenta Boluarte una explicación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad e, incluso, las que insisten con su renuncia.

¿Porqué no se destraba la situación en Perú?

El rechazo a Boluarte tiene que ver con el hecho que, a la hoy presidenta del Perú, se la considera como usurpadora y como traidora a sus votantes (ella llego con Pedro Castillo en calidad de segunda vise presidenta del país), ya que ahora, a través de su investidura presidencial, los perdedores de las elecciones presidenciales del 2021, como es el caso del fujimorismo y otros sectores de la ultraderecha, tienen control del ejecutivo y desde ahí, junto a la presidenta arremeten contra el pueblo, acusando de terroristas a los que se movilizan y promoviendo acciones represivas como la militarización de la protesta social con el saldo de muertos y heridos ya descritas líneas arriba o como el allanamiento a organizaciones campesinas como la CCP, o los hechos ocurridos la tarde del lunes 2 de enero cuando la policía nacional avalada por el ejecutivo y por el nuevo alcalde de Lima, el ultraderechista Rafael López Aliaga, desalojaron violentamente de la plaza Manco Capac (centro de Lima) a un grupo de manifestantes del interior del país que se encontraban pernoctando en este espacio público.

El gobierno de Boluarte, por tanto, es un gobierno al servicio de los sectores más rancios de la vieja derecha peruana y de los grandes grupos de poder económico alineados con los intereses de los EEUU en esta parte del mundo, los cuales, han decidido optar por la represión pura y dura para parar el descontento popular y, por esa vía represiva, tratar de recomponer la viabilidad del régimen político del 93 y de las instituciones de un estado en crisis.

Es por esa razón que, para lograr una salida que represente realmente los intereses de los sectores populares y la clase trabajadora, no basta con pedir el cierre del Congreso, como lo hace la CGTP, ni siquiera nuevas elecciones, ya que, considerando los límites democráticos del actual régimen político, es muy probable que quien llegue a la presidencia, de darse un nuevo proceso electoral, sea igual o peor que la actual presidenta.

Para empezar a realizar cambios de fondo, es fundamental pelear ahora por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, la cual deberá nacer de la movilización y la auto organización de los sectores populares y la clase trabajadora. Para avanzar hacia ese objetivo, es fundamental centralizar y unificar a todos los que luchan, y para ello, es muy importante impulsar hoy un Comando Unitario de Lucha a escala nacional que prepare un plan de lucha que culmine en la huelga general para echar a Boluarte y todo este régimen, y así forjar la alianza obrera y popular para conquistar todas nuestras demandas. Solo de esa manera podremos avanzar en mejores condiciones hacia un gobierno de las y los trabajadores con perspectiva socialista.