CASO TESTIGO. Protocolo antiprotestas: adelanto de lo que viene para regular las manifestaciones

Mientras el Gobierno de Cambiemos y Mauricio Macri impulsa un nuevo protocolo para la criminalización de la protesta social y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo condimenta con buenas dosis de macartismo, en la Justicia Federal puede advertirse cómo se refuerzan los alineamientos en torno a la persecución de la protesta en las calles.

Ante el conflicto de los trabajadores de la multinacional Lear, la Gendarmería Nacional desplegó decenas de operativos represivos con un numeroso saldo de heridos y detenidos. La mayor parte de los manifestantes judicializados fueron sobreseídos por el Juzgado Federal N.° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, por considerar que las manifestaciones que llevaron adelante sobre la autopista Panamericana fueron legítimas y expresión del derecho de protesta. Hoy los imputados son los que reprimieron e infiltraron esas manifestaciones.

Similar consideración efectuó la jueza Alicia Vence, del Juzgado Federal N.° 2 de San Martín, en torno a la causa penal originada tras la protesta del 8 de julio de 2014 en el marco del mismo conflicto, dictando el sobreseimiento de los manifestantes mediante una resolución que, tras un exhaustivo análisis de los hechos y de la prueba, se pronunció en favor del legítimo ejercicio constitucional del derecho a la protesta, a la libertad de reunión y de peticionar a las autoridades. La causa fue iniciada a partir de las declaraciones del gendarme Juan Alberto López Torales, conocido como “el gendarme carancho”. Sí, el mismo que ahora se encuentra imputado en otra causa por los delitos de falso testimonio, daños y privación ilegal de la libertad.

Pero, en este último caso, los manifestantes y los abogados que los defendemos nos hemos topado con fiscales y camaristas que intentan establecer una causa testigo contra el derecho a la protesta social en la Argentina.

Los fiscales Paulo Starc y Jorge Sica son famosos por la cantidad de obreros y manifestantes procesados que tienen en su haber. Ellos intervienen en esta causa, y en forma ilegítima y escandalosa se van alternando sus respectivos roles como fiscales de primera instancia y de Cámara durante el mismo proceso, con lo cual Sica impulsó la causa contra los manifestantes en sus inicios, para luego sostener la acusación contra ellos mismos en la Cámara de San Martín.

Ante la apelación de los mencionados funcionarios al sobreseimiento dictado por la jueza Vence, la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, con los votos de los jueces Alberto Lugones, Hugo Gurruchaga y Daniel Rudi, hizo lugar y revocó el fallo, lo cual fue refrendado, nada sorprendentemente, por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal de los jueces Hornos, Gemignani y Borinsky, que rechazaron el recurso de queja que presentamos en representación de los manifestantes, ordenando que se continúe con la instrucción, cuando claramente es una cuestión que se resuelve “de puro derecho” (no hay que abrir a prueba).

En una nota de La Izquierda Diario del mes de octubre señalábamos los antecedentes de los fiscales Sica y Starc, por ejemplo en el caso de la familia Pomar.

Starc, de estrecha relación con el fiscal macrista Carlos Stornelli, sin dudas se debe referenciar en la última denuncia efectuada por este contra la madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, a quien imputó por convocar a una marcha opositora al Gobierno de Cambiemos bajo la figura de "incitación a la violencia colectiva".