Abogados de las víctimas de abusos en el Instituto católico denunciaron que el Arzobispado de Mendoza accedió a uno de los expedientes, atentando contra tratados internacionales
Viernes 12 de mayo de 2017 11:42
Los abogados Sergio Salinas y Oscar Barrera, representantes de niños y niñas víctimas de abuso en el Instituto Provolo de Mendoza, denunciaron que las autoridades eclesiásticas, a través de su abogado Héctor Cuervo, accedieron a uno de los cuerpos de la causa.
De esta manera, el arzobispo accedió a la trascripción de las declaraciones testimoniales de 11 denunciantes, la de un testigo de identidad reservada, tres informes del Cuerpo Médico Forense y las imputaciones contra los 5 detenidos que había hasta ese momento (la monja Kumiko, la sexta detenida en la causa, se entregó a la justicia hace pocas semanas luego de haber estado un mes prófuga). Los abogados querellantes denunciaron que la decisión del fiscal de permitir el acceso a la causa a la Iglesia atenta contra tratados internacionales, en especial las convenciones internacionales sobre los Derechos del Niño y de las Personas con Discapacidad.
Los abogados querellantes, además, relataron que en un primer momento, enviados de la Iglesia habían solicitado tener acceso a la causa, pero dicho pedido había sido denegado. Dante Simón y Juan Martínez, representantes del tribunal eclesiástico de Córdoba, habían solicitado al Procurador de la Corte, Alejandro Gullé ver los expedientes para iniciar una investigación interna, en el marco del derecho canónico.
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Luego de que fuera denegado el primer pedido, la autoridades eclesiásticas insistieron en el pedido, que finalmente fue concedido por el fiscal Gustavo Stroppiana. Los abogados querellantes presentaron un presentaron una oposición a la medida dispuesta por el fiscal de la causa, ya que consideran que los representantes de la Iglesia no tienen interés legítimo alguno en la presente causa. Además, resaltaron que las investigaciones internas de la Iglesia tienen la finalidad de tapar las denuncias, encubriendo a los curas denunciados por abusos sexuales y silenciar a sus víctimas. A modo de ejemplo, recordaron que el cura Nicola Corradi fue denunciado en la sede del instituto Provolo en Italia, razón por la cual fue “trasladado” a la sede del mismo Instituto en La Plata y, cuando se repitieron las acusaciones, lo volvieron a trasladar a Mendoza.
A propósito del pedido realizado por la comisión enviada por el Vaticano, Carlos Lombardi había declarado a La Izquierda Diario que “es el típico modo de operar del Vaticano en casos de abuso sexual clerical. Así, sigilosamente, de modo oculto y secreto. Incluso se nombró una comisión de la arquidiósesis de Córdoba, prescindiendo de las autoridades de la arquidiósesis de Mendoza”. Además Lombardi no dudó en afirmar que “el objetivo de esta comisión es hacer lobby ante las autoridades judiciales de Mendoza, tratando de proteger a los sacerdotes abusadores sexuales”.
