Cadena Nacional. Proyecto de reforma de Inteligencia: una maniobra en el fin de ciclo

El anuncio del proyecto de ley de reforma de los organismos de inteligencia que propuso la Presidenta es un reconocimiento de la grave crisis política abierta por el “suicidio-asesinato” del fiscal Nisman. Es, además, un tardío “homenaje” a quienes vienen planteando que la Secretaría de Inteligencia (SI) es una mafia que hay que desmantelar.

El masivo cuestionamiento hacia uno de los núcleos duros del Estado, los servicios de espionaje, que emergió como reacción a la dudosa muerte de Nisman y el deterioro en la percepción popular que venía sufriendo el Gobierno, al que de alguna manera u otra se lo responsabiliza por el desenlace de los hechos (aunque no se culpe directamente), llevó a un giro pragmático hacia una política “reformista”. Ahora bajo la forma de un proyecto de ley, nada más y nada menos que con los servicios de inteligencia.

La nueva orientación que propone el Gobierno consuma el giro que dio la semana pasada cuando cambió bruscamente desde las primeras horas, en las que abrazó la hipótesis del “suicidio simple”, hasta los últimos días, cuando afirmó tener la certeza del asesinato.

El proyecto para cambiar la SI (ex-SIDE) es propuesto por la Presidenta cuando el Gobierno atraviesa el ocaso de su ciclo. Un Gobierno debilitado, no solo porque la imposibilidad de reelección de Cristina Fernández le plantea una crisis de sucesión y no encuentran un candidato con hegemonía (interna y externa), sino porque el conjunto de los índices de la economía están deteriorados, ya que pese a que “no se chocó el barco”, tampoco se presenta una recuperación en el horizonte inmediato que permita otorgar nuevas concesiones en el año de recambio presidencial.

La movida abre una Caja de Pandora de consecuencias impredecibles. Si con la repentina expulsión de Antonio “Jaime” Stiusso (el verdadero jefe de la SI), un manotazo dado por el Gobierno cuando perdió el control de una fracción de los espías, tuvo las consecuencias que se viven en estos días, es de esperar una resistencia y nuevos “mensajes” de parte de la camarilla que hasta ayer nomás el Gobierno había “empoderado” y mantenido en el centro de poder de la Secretaría.

Increíble

Pero, además, es poco creíble (por no decir increíble) que este Gobierno impulse alguna reforma seria en los aparatos de espionaje. La Presidenta reconoce que la SI es una mafia que debía ser disuelta, pero nada dijo sobre el futuro de los agentes que revisten en el organismo, muchos de los cuales también fueron partícipes de la dictadura, y mantiene clasificados todos sus archivos recopilados durante décadas. ¿Serán parte del nuevo organismo o quedarán en la calle como “mano de obra desocupada” con licencia para seguir operando con el sinfín de relaciones que tienen con jueces, funcionarios y fuerzas de seguridad? Ni el hoy famoso “Jaime” Stiusso ni sus cómplices, que han trabajado durante doce años al servicio del Gobierno de los Kirchner y fueron partícipes de todo tipo de delitos, han sido denunciados penalmente. El conjunto de los miembros de la ex-SIDE deberían ser investigados por el solo hecho de haber sido parte de este organismo fundamental durante el terrorismo de Estado. Se dedicó a espiar e infiltrar a diversas organizaciones de los trabajadores y de la izquierda y es parte del encubrimiento del atentado AMIA.

Cristina Fernández tuvo el cinismo de hablar del caso de Mariano Ferreyra y calificar a los hechos que terminaron con su asesinato como una “escaramuza”. La realidad es que el crimen fue obra de una patota sindical (en una zona liberada de la Policía Federal) de un sindicato aliado a su Gobierno y del que ella, poco tiempo antes del asesinato, había dicho que era un “ejemplo de sindicalismo”.

Pese a que Pedraza cayó en desgracia, hoy el Gobierno continúa con una sólida alianza con la burocracia de sindicatos de la misma naturaleza, como los mecánicos (SMATA) y sus patotas al mando de Ricardo Pignanelli, que en nada se diferencia de Pedraza. Son sus matones quienes agreden cotidianamente por "zurdos" a los trabajadores de Lear que reclaman su reincorporación. Mientras fue también el Gobierno, a través de Sergio Berni y sus gendarmes "caranchos", el que los reprimió salvajemente decenas de veces, rompiendo autos y deteniendo violentamente hasta a personalidades de los derechos humanos.

La patota del SMATA llegó al colmo de ingresar al recinto de la Cámara de Diputados, invitados especialmente por su presidente, el diputado oficialista Julián Domínguez, para amenazar y amedrentar al diputado del PTS/FIT Nicolás del Caño, quien siempre apoyó a los trabajadores de Lear. Fue un empresario de la comunicación amigo de este Gobierno, Cristóbal Lopez de C5N, el que armó una opereta mediática, entrando a la empresa para filmar a presuntos trabajadores “comunes” (en realidad miembros de la patota de SMATA) que portaban carteles que decían “Fuera zurdos”.

En relación a este conflicto símbolo para todos los trabajadores del país, el círculo se cierra con la complicidad del Ministerio de Trabajo de Cristina con la empresa Lear (y su principal cliente: la Ford) para impedir el ingreso de los trabajadores reinstalados, pese a los consecutivos fallos judiciales que les dan la razón a los despedidos.
Además, es inverosímil una propuesta de “reforma” de parte de un Gobierno que aprobó la Ley Antiterrorista a pedido de los EE. UU. y que, mediante la Gendarmería Nacional, la fuerza que era puesta como ejemplo, montó un aparato de espionaje escandaloso, denunciado en su momento por el PTS y la izquierda y que se conoció como el “Proyecto X”.

Una propuesta de reforma de los espías que viene de una presidenta que personalmente acusó a los petroleros de Las Heras de un crimen, cuya acusación estuvo basada en una causa armada.

Qué reforma se puede esperar de un Gobierno que puso al frente del Ejército a un general, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, que está acusado de ser parte del genocidio, proviene de la inteligencia militar a la que el Gobierno le aumentó el presupuesto el doble que a la actual SI, y junto a una fracción de la misma armó una “inteligencia paralela” ante el descontrol de los servicios.

Pero además, en relación específicamente al caso AMIA, fue el Gobierno de Néstor Kirchner el que alentó al fiscal Nisman y a su ayudante primero, “Jaime” Stiusso, a fabricar la “pista iraní”, permitiendo la colonización de los espías locales por los servicios internacionales, como la CIA estadounidense y el Mossad israelí, interesados en apuntar contra el Gobierno del país persa. El fiscal y el todopoderoso espía hoy desplazado establecieron relaciones de subordinación con estos servicios extranjeros a los que terminaron respondiendo fielmente. La burda maniobra que quiso hacer la Presidenta, intentando desligar su responsabilidad en esta orientación de varios años de la causa AMIA, con el argumento de una cuestión formal de firmas, fue realmente patética.

Los partidos tradicionales de la oposición, a los que la presidenta quiere incorporar a través a acordar en el Senado el nombramiento del Director y subdirector de la nueva Agencia Federal de Inteligencia, no tienen autoridad política ni moral sobre el tema.

Macri utilizó sus propios servicios de espionaje (Ciro James y el “Fino” Palacios), Massa está acusado de operar con una fracción de la actual SI y de complicidad con el narcotráfico (además de haber sido parte del kirchnerismo, servicios incluidos), los radicales y el FAUNEN tienen la pesada carga de los muertos del último gobierno de la Alianza en el 2001, y la utilización de los servicios que hizo el gobierno de De la Rua.

Para enfrentar esta maniobra, todos los que aspiran a terminar con la cueva de bandidos de los servicios, solo pueden apostar a la movilización independiente de los trabajadores y el pueblo que reclame la apertura y la desclasificación de todos los archivos de la ex-SIDE y la nómina de todo su personal. Que impugne con la misma fuerza a Milani y al represor Berni; y luche también por terminar con los “espías” del movimiento obrero: las patotas de la burocracia sindical.

Luchar por una comisión investigadora independiente para esclarecer el atentado de la AMIA, compuesta por familiares de las víctimas y personalidades de los organismos de derechos humanos, como plantea el PTS en el Frente de Izquierda.

Terminar con los servicios de inteligencia va de la mano con acabar con el régimen social y político que les da sustento. Un régimen de clase que responde a sus necesidades e intereses, por eso su principal función es espiar y perseguir a las organizaciones populares, aunque en momentos de crisis políticas, dividan sus lealtades y sean utilizados en el enfrentamiento de las camarillas capitalistas. La verdadera disolución de estos servicios solo vendrá de la mano de la lucha por un cambio no solo de gobierno, sino de régimen y de Estado: con un gobierno de la clase trabajadora y el pueblo.