La Presidenta del Colegio de Profesores Comunal Antofagasta, Patricia Romo, se refirió al hecho de violencia vivido en Chimbarongo, en donde un apoderado agredió a un docente. En este sentido, Romo aseguró: "Mientras la educación sea vista como un bien de consumo, la violencia no terminará".
Domingo 16 de septiembre de 2018
Con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima, quedo el apoderado de quinto básico del colegio Tinguiririca Las Quezadas, de Chimbarongo en la región de O’Higgins, tras lanzar una silla en la cabeza al profesor de su hijo.
Mario Venegas, diputado de la Democracia Cristiana, pidió a los integrantes de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que den curso al proyecto de Ley que sanciona con hasta con 15 años de cárcel a los apoderados que agredan y causen lesiones a profesores y trabajadores de la Salud. La iniciativa fue respaldada por las diputadas Cristina Girardi (PPD), Camila Rojas (IND) y María José Hoffmann (UDI), además de los parlamentarios Jaime Bellolio (UDI), Hugo Rey (RN) y Gonzalo Winter (IND)
Desde el colegio de Profesores indicaron que iban a presentar una querella contra el apoderado, además de ser uno de los puntos del petitorio, en el cual el Ministerio no ha dado respuesta.
Patricia Romo desde el Colegio de Profesores Comunal Antofagasta enfatizó que: “El Colegio de Profesores nacional, Mario Aguilar, debería de una vez por todas llamar a un gran paro nacional, junto con otras organizaciones y gremios, junto a los estudiantes y apoderados para exigir que se cumplan todos los puntos de nuestro petitorio”
Y agrega, “Esta sanción recaerá justamente en los sectores más pobres y vulnerables, donde la violencia surge como producto de las desigualdades del sistema educativo que golpea a los estudiantes. La criminalización de los apoderados y de los alumnos es una medida parche. Mientras la educación sea vista como un bien de consumo, la violencia no terminará."
Necesitamos por ejemplo: reducir los alumnos por sala, que todos los cursos cuenten con asistente de aula, contar con más profesionales especialistas que ayuden a los alumnos que presenten estas conductas, etc. Quienes trabajamos en la escuela pública conocemos la realidad y los alumnos son agresivos como expresión de la miseria y el abandono en muchos casos. La cárcel no es una solución para la violencia en contra de los docentes, es una medida parche”.
Cabe destacar que los docentes no sólo son violentados físicamente, también son violentados por parte del Estado a través de la deuda histórica, contratos inestables, desvinculaciones a final de año, agobio laboral, la carrera docente y sus evaluaciones.
Para terminar con la violencia, el gobierno debe responder en todos los puntos del petitorio, para eso hay que exigir en unidad docentes con trabajadores, estudiantes y apoderados, con un paro nacional que obligue a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación pública y así dar una solución real al problema de la violencia en el aula.
