Diversas empresas multinacionales recurrieron a aplicaciones que monitorean el estado de ánimo de sus empleados mediante internet para asegurar su rendimiento.
Viernes 12 de agosto de 2016
El mundo se reconfigura permanentemente a partir de los avances tecnológicos, la comunicación ha cambiado increíblemente desde el surgimiento de internet y la telefonía móvil y así también lo hacen las distintas disciplinas, como la Psicología Laboral, para adaptarse a las necesidades del mercado. Hace unos días se conoció la última novedad: aplicaciones que implementan las empresas para monitorear el estado de ánimo de sus empleados a partir de información que reciben desde su celular para “ofrecer una ayuda acorde a sus necesidades”: algunas brindan “tips saludables” como ejercicios de relajación si detectan que estás ansioso, mientras que otras proveen un servicio de terapia a distancia, en la que el usuario puede interactuar con un analista. Algunos interrogantes se abren al respecto, desde cuál es el poder de decisión de los trabajadores y trabajadoras ante la implementación de estas aplicaciones hasta cuál es el límite a la intromisión en la vida personal de sus empleados por parte de las empresas.
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¿La salud: un costo o un derecho?
Esta innovación tecnológica se debe a que las empresas buscan reducir las licencias que sus empleados se toman por problemas psicológicos (leáse: depresión, ansiedad, estrés, cabeza quemada, o diagnósticos psiquiátricos), ya que las mismas representan para el empleador un “costo” debido a la baja de productividad, calculado en 44.000 millones de dólares según un estudio del Centro de Depresión de la Universidad de Michigan. De este modo, algunas compañías empiezan a optar por la incorporación de aplicaciones móviles que permitan detectar señales de alarma entre su personal y brindar así una rápida respuesta psicoterapéutica. Se vislumbra así, una concepción de la salud (ya sea física o mental) no como un derecho humano, sino que es pensada desde lo económico, como una variable más a tener en cuenta en la producción de ganancia y la cual debe mantenerse controlada para evitar pérdidas en la lógica empresarial. En este contexto, ¿qué rol cumple el psicólogo laboral? Algunos dicen que este debe actuar como una “jano bifronte”, retomando una figura mitológica romana de dos caras mirando hacia cada lado de su perfil, atendiendo doblemente a las necesidades del trabajador y de la patronal. Nos ofrece un ideal de conciliación entre intereses que en última instancia son irreconciliables: las necesidades del trabajador – que van desde cuestiones elementales que hacen a su reproducción, como un salario digno acorde a la canasta básica familiar, hasta su realización personal – chocan con los objetivos de la patronal para la que priman las leyes del mercado: la oferta y la demanda, la competencia y la productividad. Todo lo que el empleado necesite será visto como un “costo” del otro lado del mostrador, como lo es el ejemplo de la negativa de Coto y Carrefour en Santa Fé a aplicar la ley de descanso dominical por “las pérdidas” económicas que le produce, ó en Subway, donde la patronal ya no puede enfrentar el gasto de tener una empleada que no va a trabajar porque tuvo un hijo (!). No parecería importarle mucho a las empresas que sus trabajadores tengan un día libre para descansar o dependan de ese ingreso para sostener a sus familias, mucho menos podemos esperar que les importe su salud mental, tan erróneamente considerada “de segunda” para muchos frente a los problemas físicos.
Aparece así el verdadero rol de la psicología aplicada al ámbito laboral: jugar a favor de la adaptación del trabajador a las necesidades de la patronal, pensando en su “rendimiento” y reduciendo las problemáticas laborales a razones subjetivas, individuales, de mecanismos de significación (el sentido que cada uno le da a una práctica) o, en el mejor de los casos, a cuestiones ligadas al ambiente laboral (mal trato, desorganización, etc); invisibilizando factores estructurales de la organización del trabajo en el capitalismo y las formas que ha adquirido tras las ofensiva neoliberal: la precarización y flexibilización laboral, altas tasas de desempleo e inestabilidad, contratos basura, jornadas extenuantes a cambio de salarios bajos, entre tantas otras cosas, y ni que hablar de la alienación que produce efectos negativos sobre las personas.
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Por último, es pertinente abrir algunos debates en torno a la Ley Nacional de Salud Mental, que busca transformar el paradigma de atención asilar que rige hoy el sistema de salud en uno desmanicomializador. Para que ello se cumpla, se requiere de voluntad política que asigne presupuesto para dicha tarea, que cree los dispositivos necesarios para ello y forme a los actuales y futuros profesionales con una mirada centrada en los derechos humanos y el trabajo con la comunidad. Necesitamos también que se resuelva el problema de vivienda (ligado a la problemática de pobreza) y de la inclusión laboral. Ahora bien, en momentos de crisis económica, donde las empresas resaltan que para ellos la salud (física o mental) de sus empleados es un “costo”, se impone la pregunta sobre qué tan real será la inserción comunitaria de los usuarios de instituciones manicomiales – obstaculizada de hecho por la resolución 1003/2016 - si al acceder al mundo del trabajo los requisitos necesarios para su bienestar , como lo es el sostenimiento de una terapia o en casos extremos, una licencia psiquiátrica/psicológica, entran en contradicción con los intereses de la patronal. Será necesario un debate más profundo respecto de los límites y alcances de esta Ley mientras no se cuestionen profundamente los principios de ganancia empresariales.
