El gobierno de Moreno Valle, en el estado de Puebla, ha estado marcado por los múltiples casos de represión hacia la población y sobre todo hacia la juventud y los luchadores sociales; el aumento de la violencia hacia los trabajadores de la comunicación; la destrucción de los monumentos históricos y los sitios arqueológicos; además del aumento del feminicidio y las redes de trata.
Viernes 30 de octubre de 2015
Moreno Valle, fue electo siendo candidato de la coalición que levantaban el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Tomó posesión en el año 2011, sucediendo al gobernador Mario Marín, conocido como el “gober precioso” a partir de los escándalos que lo vinculan a redes de trata y al acoso y represión contra la periodista Lydia Cacho.
Desde su llegada, la represión que se vive en el estado ha sido una de las principales denuncias, siendo recientemente retomado como un foco de atención para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la formulación de su informe sobre la represión y las violaciones a Derechos Humanos en México.
Los activistas y luchadores sociales denuncian que los presos y perseguidos políticos bajo esta administración ascienden a los 241, considerando sólo los que han sido registrados. Esta cifra es muy alta, pues según los registros de las organizaciones políticas y de derechos humanos en el país existen alrededor de 500 presos o perseguidos por motivos políticos, lo cual significa que Puebla concentra casi la mitad.
Las víctimas de represión son luchadores sociales, integrantes de pueblos indígenas opositores a los megaproyectos, jóvenes, estudiantes y defensores de los lugares arqueológicos y monumentos históricos.
Régimen asesino y represor
La máxima representación de la violencia de Estado en esta entidad se dio en el marco de la aprobación de la llamada “Ley bala” que tuvo que ser frenada tras el asesinato del adolescente, José Luis Tlehuatle Tamayo, durante la represión a manifestantes de Chalchihuapan el año pasado.
Sin embargo esta ley no ha sido la única que han intentado aprobar para criminalizar el derecho a la protesta social. Desde 2012 a la fecha se cuentan 20 iniciativas que buscan el control y limitación de las manifestaciones, el cercenamiento de las libertades democráticas, y el uso de la fuerza pública.
Contra la juventud, la ofensiva del gobierno estatal se agudizó en el marco del enorme descontento expresado con la movilización y la organización, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde este sector nutrió por miles las jornadas de protesta.
El pasado 5 de junio fueron detenidos siete estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por supuestos actos de terrorismo. Estos estudiantes continúan siendo hostigados por el gobierno, a pesar de que gracias a la denuncia de estos hechos, no se les pudo comprobar delito alguno y salieron libres pero con reservas.
Sin embargo, la criminalización y la represión no sólo están vinculadas a la persecución política: en Puebla ser joven es ya un delito. Para muestra de ello hay que considerar el asesinato ocurrido en mayo de Ricardo Cadena, a manos de la policía municipal de San Pedro, Cholula, a quien pintar en las paredes de las calles, le costó la vida.
El uso del espionaje en coordinación con la represión, también ha sido una denuncia importante hacía el gobierno de Moreno Valle. Según información de WikiLeaks, el actual gobernador contrató por un monto de 322 millones de pesos a la empresa Hacking Team, de origen italiano, para el equipamiento del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, dicha cantidad supera los 261 millones 160 mil pesos invertidos por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en software para espionaje.
Los trabajadores de la comunicación también son víctimas del aumento de la violencia de Estado. Según la información de Article 19, tan solo el año pasado las agresiones contra periodistas se triplicaron.
Uno de los sectores que han sido blanco de la represión son los opositores a la destrucción de los monumentos históricos y zonas arqueológicas. Durante este periodo el patrimonio cultural del estado se ha visto afectado por los acuerdos establecidos entre el gobierno y los grandes capitalistas, que demuestran a los altos funcionarios como los defensores de los intereses económicos las grandes empresas. Una de las más recientes zonas afectadas es la zona arqueológica del municipio de Cholula donde se encabeza el proyecto del llamado Parque de las Siete Culturas.
Feminicidio y redes de trata
Durante el gobierno de Moreno Valle y en el marco de la agudización de la violencia de Estado, el feminicidio y las redes de trata crecieron aceleradamente.
En el caso de las redes de trata, el estado de Puebla junto a Tlaxcala, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México, ocupan los primeros lugares.
Desde el 31 de diciembre de 2012 que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal del Estado, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr) ha registrado 145 casos de feminicidio; en tanto que la Procuraduría General de Justicia del Estado sólo ha consignado a 20 como feminicidios, y el Poder Judicial sólo ha emitido una sentencia.
El aumento de estos fenómenos tienen como base la reproducción de la violencia de un Estado machista y misógino, que se asocia y protege a los responsables del feminicidio y las redes de trata, invisibilizando las muestras más brutales de la violencia hacia las mujeres.
Hacia las elecciones: descomposición y violencia
El próximo año se elegirá gobernador. Los analistas políticos llaman “mini elecciones” al proceso que se aproxima pues el gobernador elegido durará sólo 22 meses, justificado con el fin de homologar la elección gubernamental con la presidencial de 2018.
Ante la aproximación de la elecciones resuena la violencia que vive el estado, mostrada recientemente con el brutal asesinato de los encuestadores José Abraham Copado Molina y David Rey Copado Molina, linchados y quemados en la comunidad de Ajalpan, Puebla.
El aumento de los fenómenos de descomposición social son reflejo de la represión y la violencia de Estado.
Solo la movilización, que conjunte a todos los que luchan y son víctimas del régimen político, puede enfrentar a este gobierno. La lucha debe alzar la demanda del cese a la represión y la criminalización, contra el feminicidio y las redes de trata, a la par de las demandas de los trabajadores golpeados por las recientes reformas -que tienen que recuperar sus métodos históricos de lucha como el paro y la huelga- retomando también la lucha de los pueblos en resistencia contra el despojo capitalista.
