Cerca de 49 mil 588 personas pertenecientes a los pueblos indígenas de Puebla se verán afectadas por el avance del fracking.
Jueves 15 de junio de 2017
Según el anuario Las actividades extractivas en México: estado actual 2016, realizado por la organización Fundar, los principales estados en los que se estima que podría haber hidrocarburos de lutitas, los cuales requieren la extracción por medio de la fractura hidráulica o fracking, son Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla.
Tan sólo en la Sierra Norte de Puebla, 110 mil hectáreas serán afectadas por la exploración y extracción de hidrocarburos en 24 áreas de licitación. Los pueblos tepehua, huasteco, náhuatl y totonaca son quienes se verán perjudicados.
Más de 600 mil hectáreas de terreno han sido comprometidas por la reforma energética en las Rondas Cero y Uno, áreas en donde habitan comunidades indígenas, sin considerar el derecho a la consulta previa, libre e informada, establecida en el artículo 2° de la Constitución. En Puebla, 49 mil 588 personas serían afectadas.
De acuerdo con Fundar, el gobierno mexicano colocó en el debate público la necesidad de extraer gas y petróleo de yacimientos de lutitas a partir de la reforma energética en el 2013; sin embargo, se ha comprobado que esa actividad se ha realizado en el país desde el 2010.
Las lutitas son hidrocarburos, petróleo o gas, que se encuentran almacenados en los poros de rocas en el subsuelo. La forma de extraer los hidrocarburos es a través del fracking. Ésta técnica consiste en la perforación de un pozo de manera vertical y después horizontal. Para fracturar la roca se introduce una mezcla de agua, arena y otras 750 sustancias químicas a presión.
Cada pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua para funcionar, el agua de la que se abastecen los pozos es aquella con la que tendría que abastecerse a las poblaciones cercanas. Por eso, la técnica de fracking pone en riesgo el derecho de acceso al agua potable por parte de las comunidades. Además, el agua utilizada para el fracking no es reutilizable, se almacena y ésta puede contaminar mantos acuíferos.
El fracking también amenaza el territorio de los pueblos y las actividades económicas y de subsistencia como la agricultura. Con la reforma energética se abrió las zonas habitadas por pueblos indígenas para la extracción de recursos, en la mayoría de los casos sin la implementación de consulta, establecida en tratados y en la Constitución.
Ante la resistencia de los pueblos, el gobierno mexicano ha hecho uso de la violencia, y en aquellos lugares donde se llevan a cabo consultas, se amedrenta a los integrantes de las comunidades.
La reforma energética ha abierto la puerta a la inversión privada para la extracción de recursos naturales, a costa del medio ambiente y del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas.
