Pueblo Mapuche. Pueblo Mapuche, Iglesias y Ley Antiterrorista: Un escenario complejo

Los once detenidos por Caso Luchsinger-Mackay

Ya ha trascurrido más de un mes del encarcelamiento de 10 comuneros mapuche acusados de estar involucrados en el caso de Luchsinger- Mackay. Cabe recordar que estos hechos se dieron bajo circunstancias bastantes polémicas, cuando uno de ellos, José Manuel Peralino, en la audiencia del Juzgado de Temuco, acusó a dos oficiales de la PDI de estar amedrentándolo psicológica y físicamente para que declare en contra de los otros imputados.

Por otro lado, entre los 10 detenidos, figura la machi Francisca Linconao, autoridad tradicional, quien ya había sido vinculada al mismo caso de Luchsinger- Mackay el año 2013, pero que posteriormente fue absuelta por falta de pruebas.
Las últimas semanas se han hechos algunas manifestaciones en la cárcel, convocadas por familiares, amigos y simpatizantes de la lucha mapuche, que acusan de montaje y criminalización por parte del Estado chileno. Además, han manifestado sentirse muy preocupados del estado de salud de Linconao, quien ha bajado considerablemente de peso.

“Nuestros abuelos también fueron quemados por la cruz y la espada”

Ya van seis capillas y templos de Iglesias católicas y evangélicas quemadas, en menos de un mes. Esto como un nuevo fenómeno en el escenario de conflicto en la Araucanía.

Este nuevo fenómeno reivindicativo de la lucha mapuche, se ha posicionado, además, en los mensajes dejados cada vez que ocurren hechos como estos, donde se lee:“todas las iglesias serán quemadas”, “Obispo Stegmeier, cómplice de la represión del Estado. Responsable de la Violencia hacia la Iglesia. Libertad a todos los Presos Políticos Mapuche”, “nuestros abuelos también fueron quemados por la cruz y la espada”, “libertad a nuestra machi Linconao”. A pesar de esto, la CAM (Coordinadora Arauco Malleco) en su último comunicado, donde se adjudican la quema de maquinaria forestal en la comuna de Cañete el 16 de abril, señalan no estar de acuerdo con la quema de iglesias, declarando “que no compartimos la quema de iglesias, pues consideramos que no apuntan al problema estructural, más bien agudizan la política represiva y deslegitiman nuestra digna lucha.”

Con respecto a las reacciones generadas por parte de la clase empresarial y los sectores religiosos, ambos han señalado que ven una incapacidad política del Gobierno para controlar el escenario de conflictividad, por lo que llaman a una solución inmediata antes que esto tenga mayor escalada. El mismo obispo de Temuco, Héctor Vargas, manifestó a los medios que incluso está dispuesto a "ofrecer la vida" para solucionar el conflicto en la zona.

Modificación a la Ley Antiterrorista que huele a Dictadura

Tras los últimos acontecimientos ocurridos en la Araucanía, el ministro del Interior, Jorge Burgos, fue enfático en señalar que tanto él como el Gobierno han puesto urgencia al proyecto que modifica la Ley Antiterrorista, poniendo como argumento los casos de violencia en el sur del país, dando cuenta de los últimos incendios de “camiones, predios, iglesias”. Sin embargo, en ningún momento da cuenta de los hechos de violencia que la policía ha desatado contra los luchadores mapuche.
Ante la iniciativa de Burgos, la Corte Suprema determinó la “inviabilidad del proyecto”, cuestionando la modificación propuesta, ya que afecta el derecho a la defensa de los imputados, porque permite el secreto de los antecedentes hasta la formalización. Además, abre la posibilidad de incorporar agentes encubiertos sin autorización judicial, dándole facultades a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para presentar pruebas en los juicios.

Sin duda, esta propuesta apunta directamente a profundizar la política de represión y criminalización al Pueblo Mapuche, permitiendo dotar a elementos normativos propios de la Dictadura, de una legítima institucionalidad que solo favorece al régimen político burgués y a la clase empresarial.