A decir del Centro Frayba de Derechos Humanos, la Ley de Seguridad Interior forma parte de una estrategia estatal para controlar e inhibir el descontento organizado. Para los pueblos originarios y defensores del territorio significa un ataque más que se suma a estrategias de la Secretaría de la Defensa Nacional implementadas en zonas de conflicto.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Lunes 5 de marzo de 2018
En un documento firmado por Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el organismo sumó su voz a la alerta en torno a la promulgación de la Ley de Seguridad Interior.
Según el Frayba, esta Ley "privilegia el paradigma de la guerra y la violencia", poniendo en riesgo la seguridad humana. Así, constituye una "carta de impunidad" para las Fuerzas armadas mexicanas.
Es alarmante que en este país, las Fuerzas Armadas representan el poder más importante del Estado, ilimitado, intocable, a pesar de que tienen las manos manchadas de sangre, especialmente en una agresión y destrucción constante e histórica hacia los pueblos originarios y en contra de quienes defienden derechos.
En su mensaje, el Centro hace énfasis en la manera en que la Ley de Seguridad interior se suma a una larga serie de ataques orquestados por el Estado para minar la lucha de los pueblos originarios y garantizar el despojo de su territorio y la depredación de sus recursos. Aseguran que se trata de una medida para blindar la implementación de las demás reformas estructurales, un mecanismo adaptado a los intereses del mercado capitalista. La ocupación militar es, dicen, indispensable para la seguridad de los inversionistas de empresas legales e ilegales, ya que garantiza despejar el territorio.
Aseguran que, a 24 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), estrategias como el Plan de Campaña Chiapas 94 y Chiapas 2000, desarrollados por la Secretaría de la Defensa Nacional, son parte de una "Guerra Integral de Desgaste" aplicada en zonas de conflicto.
Otros organismos que se han pronunciado en contra de la aprobación de esta Ley son la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
