La ordenanza n° 9633/18 recientemente aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de la localidad da la provincia gobernada por Alicia Kirchner, legaliza la matanza de perros como método de control poblacional.
Jueves 13 de diciembre de 2018 14:22
Hace pocas semanas fue aprobada la matanza de perros en situación de calle o semidomiciliados como método de control poblacional según consta en la ordenanza aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante de Puerto Deseado por concejales de Cambiemos y del Frente para la Victoria.
Representantes de ambos partidos, así como médicos veterinarios contratados por el municipio de dicha ciudad han hecho declaraciones en los medios de comunicación abalando esta situación y sosteniendo que lo expresado en su articulo 64, el mas peligroso, no implica la legalización de la matanza. Sostienen que la intención de la nueva legislación es “que la gente tome conciencia del cuidado de los animales”, sin embargo, está explícitamente desarrollado en el en articulo 64 que se legaliza la matanza por una variedad de motivos, desde perros con alguna enfermedad hasta perros no adoptados. A su vez, está redactado de forma general lo cual puede llevar a diversas interpretaciones, poniendo en riesgo la vida de cientos de perros de la localidad.
Hace poco más de dos años fue aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados la ley que prohíbe en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza, problema que principalmente afectaba a los Galgos.
Tanto las carreras de galgos, caballos, etc., como el comercio de diferentes razas de caninos y otras especies animales, de forma legal o ilegal, constituyen un sucio negocio capitalista basado en la explotación y el maltrato animal, así como la explotación de miles de trabajadores no registrados y totalmente precarizados que están obligados a desarrollar este tipo de tareas en las condiciones mas terribles.
Muy diferente es la situación de los animales que son considerados mascotas, de los cuales no se extrae valor y por lo tanto no constituyen un negocio para el capitalismo, por lo que la solución que encuentra el estado es la matanza o la desidia.
El control de la población de animales es responsabilidad del Estado, es su obligación desarrollar programas de castración gratuita, masiva, sistemática y sostenida en el tiempo a cargo de los municipios y financiado por las provincias y el Estado Nacional, que debe ser acompañado por un programa de concientización para la comunidad sobre el bienestar de los animales y la salud pública, desarrollado en las escuelas de todo el país.
