Viernes 13 de octubre de 2017
Vidrio, barquitos, copas, sushi, champagne, más copas, cucharas, maquetas, Mercedes, Faena, más cucharas, IRSA.
En Puerto Madero hay enormes torres, perfectos bocetos de enormes torres y enormes pozos que esperan más torres. Todo está a la venta, por supuesto: los ladrillos, las ideas y los pozos. Y todo es carísimo también. Pero eso no es problema, en Puerto Madero los “ciudadanos” tienen plata, mucha plata.
Un pequeño barco hace que flota en el vidrio que hace de agua, en el paisaje mudo de la maqueta de una vida ideal reservada para pocos.
El déficit habitacional en la ciudad de Buenos Aires y el desplazamiento de los sectores más pobres hacia áreas marginadas es la contracara de esa maqueta del progreso. La construcción de viviendas se orienta según el perfil delineado por el mercado inmobiliario: más viviendas lujosas y suntuosas en los barrios con mayor densidad y demanda. Palermo, Caballito, Puerto Madero, Villa Urquiza y Belgrano concentraron el 42,6% de la superficie construida en el período 2001-2011, mientras los barrios del sur de la ciudad en cambio obtuvieron el 9,7%. La población de la ciudad en ese período aumentó en 114.000 habitantes, la mitad de los cuales fueron a hacinarse en las villas y asentamientos, con las inevitables consecuencias ambientales, sanitarias y de infraestructura.
Este proceso llamado gentrificación, implica el desplazamiento de la población original de un área por presión del mercado: se mejora la infraestructura en el mejor de los casos, o se “inventa” un nuevo barrio (distritos de arte, de diseño, de gastronomía, etc.), o se desarrolla comercialmente una zona más o menos espontáneamente. Este combo hace aumentar el valor de la propiedad y los alquileres, lo que produce la expulsión de quienes ya no pueden pagar esos nuevos costos hacia áreas marginales.
Este pretendido boom inmobiliario muestra también su costado oscuro: una de cada cuatro viviendas en la ciudad está vacía, cifra que se incrementa hasta el doble en Puerto Madero y Recoleta, según el censo de 2010. La especulación inmobiliaria que pregona invertir en ladrillos, significa también cambiar dinero de dudoso origen por metros cuadrados en las zonas más cotizadas. Basta recorrer el exclusivo barrio del antiguo puerto para descubrir la gran cantidad de locales vacíos y los cientos de ventanas sin vida de las casas desocupadas. La población en emergencia habitacional se multiplica de manera directamente proporcional a la construcción de viviendas de lujo al servicio de la especulación.
“Seguimos transformando la ciudad, seguimos mejorando nuestra manera de vivirla para que cada día disfrutemos más”. Esta frase cínica es otro de los grandes aportes de la idiosincrasia amarilla. El gobierno del Pro, viene hablando desde hace años de la urbanización de las villas, pero en lugar de abrir calles, tender redes cloacales y de servicios para integrar estos barrios a la ciudad, lo que hizo hasta ahora fue sólo maquillaje: en la Villa 31 entregaron pintura de colores vivos para las fachadas, instalaron rejas y escaleras metálicas, y colocaron macetas con arbolitos para embellecer la vista desde la autopista Illia. Mientras tanto, el proyecto para la reurbanización completa del barrio, aprobado por ley nº 3343 de la Legislatura Porteña en 2009, sigue cajoneado por tercer mandato consecutivo.
Lo que Cambiemos maneja con celeridad es la agenda de sus amigos poderosos. Las grandes empresas constructoras beneficiadas con estas operaciones siguen siendo las mismas de siempre: Caputo, Camps, Eurnekian, Elsztain. Siempre amigos de los gobiernos de turno.
En este juego del poder, las alianzas son cruciales. La asociación entre macristas y kirchneristas desmiente en los hechos cualquier atisbo de oposición. El Frente Para la Victoria vota las leyes, el actual gobierno del Pro las pone en práctica. Así fue el caso de la ley que creó la Agencia de Bienes, una Sociedad del Estado cuyo fin es la venta de terrenos fiscales de la ciudad. Propiedades que podrían tener un fin público en lugar de entregarse lisa y llanamente al mercado inmobiliario.
Patricio del Corro es Legislador de la Ciudad de Buenos Aires y actual candidato a diputado por el PTS/FIT. Durante su mandato denunció esta complicidad y el gran negocio inmobiliario que tuvo lugar en 2015 entre el oficialismo y sus aliados.
Mientras la ciudad está de remate, las villas miseria crecen y crecen. El sueño de la casa propia no es para los trabajadores, apenas si se llega a pagar un alquiler.
Las nuevas leyes de enajenación salen con fritas de la Legislatura mientras la abundante normativa que intenta, con mucha modestia, ordenar y equilibrar la utilización de las tierras de la ciudad, no se respeta: la mencionada ley sobre la Villa 31, tiene el antecedente del artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que garantiza el acceso de todos sus habitantes a una vivienda digna, obliga a la urbanización de villas y asentamientos y promueve la ocupación de las viviendas deshabitadas. El Plan Urbano Ambiental, un plan director al que deben adecuarse las demás leyes de la Ciudad, largamente debatido y finalmente aprobado por la ley 2083 en 2008, ordena entre muchas otras cuestiones,”...proteger e incentivar las identidades barriales, promover tipologías edilicias que no den lugar a segregación social...preservar los sectores urbanos de baja y media densidad poblacional, implementar acciones a fin de reurbanizar las villas, y mejorar los inquilinatos, hoteles y pensiones...”
Nada en esta serie de normativas, que surgen del más básico sentido común aplicado al planeamiento urbano, fue tomado en cuenta desde entonces por las sucesivas administraciones del PRO, ni por sus socios legislativos del FPV. Más bien todo lo contrario: frente a la Villa 31, está a punto de inaugurarse uno de los grandes negociados de la construcción en la Ciudad. Una obra monstruosa puesta al servicio del lucro de las empresas que “ganaron” la licitación para su concesión: 28mil m2, 800 millones de pesos de inversión que se entregarán por 15 años, con moño y envueltos para regalo al único oferente, una UTE formada por IRSA (del mencionado Elsztain) y La Rural SA pagando a la ciudad en el primer año un alquiler mensual de $175mil pesos (algo más de lo que vale rentar un local comercial en Palermo SoHo). Según el artículo que consigna estos datos (La Nación, 15/7/17) el proyecto original era de administración estatal. En su paso por la Legislatura se “privatizó” reduciendo a la mitad la concesión de 30 años propuesta por el GCBA. Cabe agregar que todo el proceso fue comandado por el Ministro de Modernización del gobierno porteño, Andy Freyre, hasta hace poco director de IRSA.
Volvamos al problema de la vivienda, crucial para los millones que hacen equilibrio sobre la línea de pobreza. A dos semanas de las elecciones, el gobierno de Macri (apellido con larga experiencia en el negocio de la construcción como proveedores del estado) lanzó el plan de créditos ProCreAr Joven, por el cual 40.000 familias podrán acceder a su primera vivienda. Más allá de las sospechosas semejanzas con la circular 1050 de Martínez de Hoz (las cuotas y el capital se actualizan según el índice de precios) que dejó en la calle a miles de familias entre los ´70 y los ´80, a un ritmo de 40mil unidades anuales entregadas, se necesitarían cien años para cubrir el déficit actual de viviendas del país. Más de 4 millones de familias viven en casas precarias “propias”, o alquiladas a precio vil: la villa reproduce de manera distorsionada y aumentada las injustas leyes del mercado inmobiliario. Las “capas altas” villeras lucran con la necesidad de habitación de las capas bajas de la propia villa, rentando pocilgas por fortunas mensuales. De manera similar ocurre con los hoteles y pensiones de la ciudad, que ofertan cuartos ruinosos al precio de un dos ambientes, aprovechándose del trabajador en negro o subocupado que no puede llegar a juntar la plata ni a cumplir con los requisitos necesarios para acceder al alquiler de una vivienda decente.
La falta de vivienda no se puede solucionar según la lógica del mercado: acceden a una vivienda sólo quienes con más o menos “facilidades” puedan pagarla.
El recientemente aprobado presupuesto para 2018 destina 34.000 millones de pesos al rubro vivienda, lo cual alcanzaría para construir 60.000 unidades de 80m2. El mismo plan de gastos destina un 14% del total a solventar el pago de intereses de deuda, diez mil millones de dólares que grosso modo alcanzarían para construir 200 mil viviendas.
Como se puede ver fondos hay, la cuestión es ponerlos al servicio de quienes lo necesitan, pudiendo obtenerse más con la implementación de impuestos a las grandes fortunas y a la renta financiera. Y con impuestos a las propiedades ociosas o directamente con su expropiación y poniéndolas en alquiler a un valor limitado, podríamos empezar a hablar de un comienzo en la solución de esta problemática.
Evidentemente ni el Pro que gobierna la ciudad hace ya casi diez años ni el kirchnerismo que viene votando a carpeta cerrada cientos de leyes que especularon con los terrenos e inmuebles de la ciudad, tienen intención de resolver los problemas de vivienda que aquejan a las mayorías populares.
Para comenzar a cambiar de raíz la concepción de la vivienda como una mercancía más, sería necesario impulsar un plan de Obras Públicas, infraestructura y viviendas populares bajo gestión de los trabajadores y las organizaciones barriales. Basado en impuestos progresivos a las grandes fortunas y en la expropiación sin pago de las construcciones ociosas en manos de especuladores, de las propiedades de la Iglesia y de las grandes empresas.
Tanto Myrian Bregman como Patricio Del Corro integran las listas del PTS en el Frente de Izquierdas, la única fuerza política que viene enfrentando de manera consecuente, en el congreso y en las calles, los grandes negociados inmobiliarios que desde hace años llevan adelante en absoluta complicidad Cambiemos y el FPV.
