Crisis Política. Puerto Rico: la calle tiró al Gobierno, ¿y ahora?

Ricardo Rosselló anunció su renuncia como gobernador de Puerto Rico, que se hará efectiva a partir del 2 de agosto. Trató de resistir, de ganar tiempo, aguantó 12 días la enorme presión de la calle, pero su suerte estaba echada. Sin aliados en Estados Unidos, sin apoyo interno ni de su partido –el Partido Nuevo Progresista- ni de los empresarios de la isla que olieron el peligro de la movilización, y con la amenaza de enfrentar un juicio político en el Congreso, sus opciones se habían agotado.

Lo va a suceder la actual Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, ya que el secretario de Estado que seguía en la línea sucesoria renunció producto del famoso #Telegramgate. Vázquez que pertenece al partido de Rosselló, es una funcionaria muy cuestionada y salpicada por los escándalos de corrupción. En principio debería quedarse hasta noviembre de 2020 cuando termina el actual mandato. Pero una cosa es la letra de la constitución y otra muy distinta la realidad. La asunción de Vázquez parece una salida provisoria y endeble. Si finalmente asume, encabezará un gobierno debilísimo para enfrentar el desafío de la calle.

Lo primero que hay que decir es que a Rosselló lo echó una rebelión que se transformó en imparable. El punto más alto y que terminó de inclinar la balanza fue sin dudas la jornada del lunes 22 de julio, que incluyó una huelga general masiva y el bloqueo de la principal autopista de San Juan, la capital. Y en este sentido tuvo un carácter histórico. Hubo otras luchas emblemáticas, desde las rebeliones anticoloniales hasta las más recientes contra la utilización imperial de Estados Unidos del territorio, o contra los planes de ajuste y privatizaciones. Pero es la primera vez que cae un gobernador por la movilización popular desde 1947, cuando los puertorriqueños comenzaron a votar las autoridades locales.
Y aunque los famosos dieron la nota de color los protagonistas decisivos fueron los cientos de miles que tomaron las calles: jóvenes sin futuro, estudiantes que ven peligrar sus escuelas y universidades, trabajadores, víctimas del Huracán María, en síntesis, las masas obreras y populares.

Sin embargo, la enorme espontaneidad que la gran mayoría de la población castigada de Puerto Rico desplegó en esta semana y media es a la vez su fortaleza y su vulnerabilidad. Renunciado Rosselló ahora el proceso entra en un nueva etapa.
Los partidos que administran el régimen colonial –el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista- junto con los republicanos y demócratas en Estados Unidos tratarán de restablecer el orden y limitar el alcance de la protesta a la renuncia de Rosselló y su gobierno corrupto.
Además, Rosselló se fue pero la Junta de Supervisión Fiscal, integrada por banqueros de Wall Street para garantizar el repago de la deuda, sigue. Es más, parece no darse por enterada del cimbronazo. Según las declaraciones de prensa de uno de sus asesores, el ajuste y la responsabilidad fiscal es mandato de la Junta, no de cualquier Gobierno de turno.

La persistencia de las protestas muestra la profundidad de sus causas. Puerto Rico lleva más de una década en recesión económica, desde que bajo el gobierno de Bill
Clinton Estados Unidos decidió terminar con el régimen de exenciones impositivas para las empresas que sin ese privilegio abandonaron la isla. La crisis de 2008 y el Huracán María hicieron el resto. De fondo lo que está en cuestión es estatus colonial de Puerto Rico.
Rosselló llegó al Gobierno como abanderado del sector “anexionista” de la elite puertorriqueña, que plantea que la solución es liquidar cualquier pretensión de autodeterminación nacional e integrarse plenamente a Estados Unidos, transformándose en el estado 51. Para lograrlo venía haciendo lobby con congresistas del partido demócrata.
La otra mitad, representada por el Partido Popular Democrático, sostiene la ficción actual del “estado libre asociado”, como si hubiera un pacto de igual a igual entre Puerto Rico y el imperio norteamericano.

Trump viene aprovechando la crisis y la enorme desidia del gobierno de Rosselló para justificar su política racista y antiinmigrante. Pero los demócratas, que fueron aliados hasta ayer de Rosselló no se quedan atrás. Sin ir más lejos, la Junta de Supervisión Fiscal fue creada por el Congreso norteamericano bajo la presidencia de Obama.
En Estados Unidos hay un acuerdo bipartidista de republicanos y demócratas y ambos sostienen una política imperialista hacia Puerto Rico. Ambos partidos son responsables de regatear los fondos de la ayuda frente a catástrofes naturales que le llegan a los puertorriqueños a cuentagotas. La población boricua dentro de Estados Unidos, que asciende a más de 5 millones, solo vale como clientela electoral.

La rebelión de julio puso de relieve que Puerto Rico es una colonia, con un autogobierno limitado, sin soberanía y sometido económicamente al capital imperialista. Ninguno de los partidos de la elite local, que son carne y uña con el establishment norteamericano, tienen otra alternativa para ofrecer que profundizar esa dependencia. Por eso, la renuncia de Rosselló es una batalla ganada pero no el fin de la guerra que los poderosos le han declarado a los trabajadores y los sectores oprimidos de Puerto Rico y de toda América Latina.

Te puede interesar: cobertura completa sobre la crisis política y la rebelión en Puerto Rico