En el marco de la ceremonia por el natalicio de Benito Juárez, en Oaxaca, el presidente Andrés Manuel explicó “la necesidad” de calcular las pensiones en Unidades de Medida -aunque éstas se reduzcan hasta en un 68 %-.
Miércoles 24 de marzo de 2021
Desde Oaxaca, a principios de esta semana, el presidente López Obrador buscó fundamentar la decisión de calcular y pagar las pensiones tomando como base las UMAs, que son hasta un 68 % más bajas que el salario mínimo vigente.
Lo que afirmó fue: “si se decidiera la desaparición de la UMA y se regresara a la base del salario mínimo, éste no se incrementaría más allá de la inflación por el peso que significa el pago de las pensiones”. ¿Esto es así?
De entrada, hay que plantear que para el pago de las pensiones en el país existe -o debería existir- un enorme fondo para las pensiones, es decir, la reserva económica a la que por años aportaron los jubilados, sus patrones y el Estado mes con mes. Hasta antes de la brutal reforma del 97 (régimen del 73), se estipulaba que ese fondo fuese administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cuál es la situación actual de ese fondo y por qué es tan endeble ante el aumento del salario mínimo?
En el caso de las AFORES, hay que tener en cuenta que el objetivo de los bancos capitalistas es el lucro. Para nada piensan en administrar los fondos de los trabajadores para “cuidar o guardar” el dinero que garantice un retiro digno.
Ejemplo de esto, fue el escándalo que en 2018 se hizo público. Por lo menos 13, 500 millones de pesos fueron usados por AFORES (Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte) para invertir de manera deliberada en el proyecto del Aeropuerto en Texcoco.
¿A dónde va el dinero?
Otro aspecto a considerar es en dónde se ponen las prioridades cuando se designan los presupuestos. Pues mientras se plantea que el dinero no podría alcanzar para pensiones dignas, o la educación y la salud mantienen raquíticos presupuestos, al mismo tiempo se otorgan presupuestos millonarios a la militarización del país y la impagable e ilegítima deuda pública.
Para el ejercicio fiscal de 2021, se aprobaron más de 541 mil millones de pesos para el pago de la deuda, más del 60 % de lo otorgado para la educación. Para el fortalecimiento del ejército y la policía, la actual administración otorgó el equivalente al 2.5 % del presupuesto total, mientras que para la salud -incluso en tiempos de pandemia- apenas se aprobó el 2.3 %.
En medio de la crisis sanitaria y económica, se vuelve mucho más urgente priorizar el alimento y la salud de todas las familias mexicanas. Aunque en los discursos se dice “los pobres primero”, en los hechos son los buitres carroñeros, los empresarios y las fuerzas armadas quienes reciben trato prioritario.
Pensiones suficientes para un retiro y vejez digna
A nivel mundial, tan sólo la mitad de los adultos mayores cuentan con algún tipo de pensión, misma que en el 52% de los casos es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los ancianos que las perciben. En el caso de México la situación es aún más cruda, pues el 75% carece de una pensión. Aunque los apoyos que otorga el gobierno bimestralmente a todos los adultos mayores resultan fundamentales en muchos casos para sobrevivir, en realidad son insuficientes, incluso con el aumento anunciado por AMLO, que auque puede ser visto con simpatía no resuelve de fondo el problema de la precariedad para millones de personas de la tercera edad.
La cifra irá en aumento si las cosas no cambian, no sólo por el duro golpe que implicaron las AFORES. El avance de la precarización laboral mantiene actualmente a más de 70 millones de personas sin acceso a la seguridad social, lo que se transformará en millones de trabajadores sin acceso a la jubilación.
Frente a este panorama, es urgente un cambio radical en el terreno de las pensiones. En lo inmediato, es necesario destinar mayores recursos para garantizar que nuestros viejos cuenten con alimentación, salud, vivienda y una vida digna. Si todos los adultos mayores tuvieran derecho a una jubilación, no serían necesarias las medidas anunciadas por el gobierno. ¿Cómo? Los millones ahorrados por la cancelación de la deuda pública, bien podrían ser destinados en garantizar esto.
Impuestos a las grandes fortunas de los multimillonarios como Slim o Salinas Pliego, quienes usan por años la energía y la fuerza de las trabajadoras y los trabajadores para después descartarlos como si fuesen objetos y no personas.
Para el futuro, es clave luchar ahora por garantizar trabajo estable y con derechos plenos para todas y todos. La prohibición del outsourcing y otros esquemas similares, que desconocen la relación laboral y precarizan la vida, es un paso vital en este sentido.
