El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado que la intención del ejecutivo es dar por finalizado el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Medidas sanitarias, toques de queda y movilidad sufrirán cambios, al igual que algunas de las mínimas ayudas lanzadas por el gobierno durante este año de pandemia.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 7 de abril de 2021
“Punto y final al estado de alarma” el próximo 9 de mayo. Este es el titular que ha dejado Pedro Sánchez en las últimas horas. Una vez conocido el anuncio, son muchas las preguntas que se ponen sobre la mesa en materia de salud, movilidad, restricciones horarios y también en esas políticas de “escudo social” que el gobierno lanzó.
A partir de esa fecha las medidas serán consensuadas en las reuniones del Consejo Interterritorial, que tal y como afirma el ejecutivo, tiene potestad para dictar las normas necesarias que consideren oportunas para enfrentar la pandemia.
Las principales diferencias se centran en movilidad y toque de queda, es decir, a lo que hace a los derechos fundamentales. Y es que al no estar activo el estado de alarma, desde el 9 de mayo se podrán ver restricciones pero de menor alcance.
En cuanto a la movilidad, frente al fin del estado de alarma, las administraciones autonómicas podrían realizar cierres perimetrales, pero siempre en base a zonas sanitarias, barrios o como mucho ciudades, pero nunca de toda la comunidad autónoma. Además en estos casos esa acción tendrá que contar con el aval de los tribunales.
Tampoco el toque de queda será una medida que se podrá sostener sin el amparo del estado de alarma y es que ante la nueva situación post 9 de mayo, las CCAA tan solo podrán tomar medidas ordinarias en materia de salud, y no medidas que, como se ha comentado anteriormente, afecten a los derechos fundamentales como es el toque de queda.
Fin de un “escudo social” insuficiente
Otros de los aspectos que, en teoría, se verían modificados el próximo 9 de mayo corresponden al llamado “escudo social” que lanzó el gobierno el año pasado. Acciones que venían a paralizar los desahucios o evitar el corte de suministros a las familias más vulnerables.
Pues bien, decimos en teoría, porque realmente más allá del discurso del gobierno “progresista” los desahucios y los cortes de suministros básicos a las familias más vulnerables ha seguido, y sigue, sucediendo bajo el estado de alarma.
El despliegue de este "escudo social" se ha visto a todas luces insuficiente. De hecho, si atendemos a los datos del Fichero de Inquilinos, en 2020 hubo más de 21.000 desahucios, siendo precisamente el último trimestre del año el de mayor volumen, con más de 8.000 casos.
Pero es que atendiendo al impacto de la crisis económica, los grandes tenedores en el Estado español, esos que especulan con el techo para enriquecerse, prevén entre 30.000 y 40.000 desahucios por impago de alquiler una vez finalice el estado de alarma.
Lo mismo sucede con el corte de luz. Tan solo haría falta preguntar a los vecinos y vecinas de la Cañada Real de Madrid si durante el estado de alarma no han sufrido cortes en los suministros básicos. Los han sufrido, sí, y además en el peor momento del invierno, en pleno pico de temporal de nieve.
No hay correlación entre el impacto de la pandemia en la vida de cientos de miles de familias de trabajadores y trabajadoras y el discurso hipócrita del Gobierno. Anuncian que estas medidas de “protección” desaparecerán el 9 de mayo, pero lo cierto es que el impacto de estas medidas fue nimio para la mayoría de la clase trabajadora y los sectores populares.
Lo mismo sucede con los ERTEs, aspecto sobre el cual el gobierno pactó con las direcciones burocráticas sindicales mayoritarias y la patronal una extensión de tres semanas una vez finalizado el estado de alarma. Así pues hasta el 31 de mayo se mantendrán, pero a partir de esa fecha, el futuro de cerca de un millón de trabajadores y trabajadoras será absolutamente oscuro.
Los cálculos estiman que con el fin del estado de alarma y de los ERTEs, un millón de trabajadores y trabajadoras se sumarán a las listas del paro durante los siguientes meses. Una auténtica brutalidad sobre la cual el Gobierno no se pronuncia ni tiene plan ninguno.
Ni tan siquiera otras medidas de ayudas económicas, como el Ingreso Mínimo Vital, desligado en este caso del estado de alarma, ha sido una medida efectiva. A la escasa ayuda económica (un complemento para llegar a los 469€ garantizados para una persona adulta que viva sola, es decir, el 50% del precio medio de alquiler en el Estado español) hay que sumar la lentitud y los retrasos en la tramitación de las peticiones.
Y es que mientras la situación para la clase trabajadora es cada vez más y más complicada, desde el ejecutivo siguen haciendo correr el dinero de las ayudas europeas a las grandes empresas del Ibex35. Unas ayudas que obviamente buscarán que paguemos la clase trabajadora, como ya solicitó la Comisión Europea y asintió la flamante ministra “comunista” de trabajo Yolanda Díaz.
Así pues este 9 de mayo puede concluir la etapa del estado de alarma y se producirán muchos cambios en materia de sanidad, movilidad y empleo. Pero los más importantes, los que afectan a la vida de cientos de miles de familias, tan solo sufrirán efecto sobre el papel y en las ruedas de prensa de los ministros y ministras “progresistas”. El derecho a la vivienda, a los suministros básicos y al puesto de trabajo, no fueron ni serán prioridad bajo ningún gobierno del Régimen del 78.
