A través de la determinación de las enfermedades que generan mayor gasto en el sector público y privado, el gobierno pretende establecer reajustes en las destinaciones financieras, por medio de nuevas prioridades y políticas de salud.
Martes 21 de febrero de 2017
Fotografía: Christopher Romero García
En septiembre del año pasado, se publicó el informe final del estudio realizado por el MINSAL “Distribución del gasto de salud por enfermedad, edad y sexo a nivel terciario de atención en Chile, año 2014”. En él, se buscó responder a la pregunta ¿qué enfermedades son responsables de una mayor utilización de recursos por parte de los prestadores de salud?
El grupo de enfermedades que significa más gasto son las digestivas, seguidas de embarazos y partos. Por otra parte, es importante destacar el bajo nivel de gasto que se realiza en trastornos mentales, correspondiente a un 1.3%, en comparación con otros países analizados en el estudio, cuyo promedio corresponde a un 8.2%, abriendo un área de investigación muy importante en cuánto a interpretar el origen de este resultado.
El gobierno ha buscado destacar este estudio, aludiendo a que por medio de él, será posible avanzar en políticas de salud y en el manejo de la red asistencial tanto pública como privada, lo que nos indica desde ya, la intención de modificaciones superficiales como solución a un modelo de salud que permite el crecimiento sustancial del sector privado.
Si bien se plantea un análisis de los costos de cada grupo de enfermedad para los prestadores de salud, estos costos dependen de los precios del mercado, es decir, de los precios de los privados, y por lo tanto analiza y distribuye estadísticamente una realidad conocida desde hace mucho tiempo, que es el alto costo que tiene la salud en nuestro país, planteando a partir de esto una modificación en las destinaciones económicas en salud, sin considerar el problema de fondo que se nos presenta, que es cuestionar el último destino de este dinero: una gran variedad de empresarios, incluyendo a aquellos dueños de las farmacéuticas.
De la misma forma, es altamente criticable la falta de análisis que hay entorno a cuánto de estos costos, son finalmente solventados por los mismos usuarios, ya sea por medio de FONASA o de ISAPRE.
Si bien ordena de cierta manera la información entorno a los gastos en salud, y nos permite saber que se está gastando en determinadas enfermedades, no se puede tener seguridad de en qué se está gastando, y por lo tanto el análisis real que corresponde al estado financiero del sistema de salud debe ser crítico con respecto a, por ejemplo, la especialización de instituciones privadas en patologías que el Estado, con cierta seguridad, va a financiar.
Hace falta un giro en el sistema de salud, que busque analizar en profundidad la economía y calidad de éste, pero no con el propósito de realizar ajustes sobre esta misma estructura, sino que con el objetivo de rearmarlo, y diseñar un nuevo modelo de atención de salud considerando ejes sociales y económicos, entre otros, teniendo como centro de su estructura a la clase trabajadora del país, quiénes, son finalmente, quiénes sustentan estos gastos que transformados en estadísticas, alejan de la realidad en la prestación de salud, reduciéndolo a un mero problema de administración, que aunque existente y grave, no es el origen de la gran crisis que vive el sistema de salud.
