Francia. ¿Qué es el Consejo Constitucional que debe validar la reforma de las jubilaciones en Francia?

Los medios los llaman "los sabios", no fueron elegidos por nadie sino puestos a dedo por distintos presidentes, todos formaron parte de Gobiernos que intentaron pasar reformas al sistema de pensiones, cobran dietas abultadas y el más joven de ellos tiene 65 años. Así son los miembros del consejo que el viernes 14 debe decicir si la reforma jubilatoria que Macron pasó por decreto tiene validez constitucional.

Desde que el presidente francés, Emmanuel Macron, impuso su reforma jubilatoria por decreto, aplicando el artículo 49.3 de la Constitución, tomó relevancia el papel del Consejo Constitucional. Este Consejo, compuesto por jueces que nadie votó, se expedirá sobre la legalidad del decreto presidencial el próximo viernes 14 de abril, lo que podría mantener la situación actual, fallar que la reforma es parcial o totalmente inconstitucional, o hasta pedir su retiro.

Los medios franceses lo suelen llamar "Consejo de sabios" o "Sabios del Palacio Real", exagerando el papel de este este Consejo creado en 1958 por la Constitución de la V República, que tiene la ultima palabra sobre la consitucioanlidad de todas las leyes promulgadas en el país.

Desde sectores de la centro izquierda y de las direcciones de las centrales sindicales intersindical se lo presenta como el último recurso para impedir la reforma jubilatoria. Para Macron, el dictamen del Consejo dará una apariencia de legitimidad a una reforma impuesta por la fuerza, ya que ni siquiera logró que la vote la Asamblea Nacional y todo el país la rechaza.

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Sin embargo, las expectativas creadas por las direcciones sindicales burocráticas se caen como una castillo de naipes al ver quienes son los "Sabios del Palacio Real". Los integrantes del Consejo Constitucional fueron designados por diferentes gobiernos, incluido por el del propio Macron, y tienen mandaro por un período de 9 años.

¿Cómo se llega a ser miembro del Consejo? Ante todo se deber ser un antiguo alto funcionario o un político jubilado. Los miembros más jóvenes del Consejo tienen 65 años. Algunos han tenido responsabilidades de liderazgo en el aparato estatal, otros ocupado cargos que los hacen desconocidos para el público en general. Cobrán unos 13700 euros brutos mensuales (el presidente cobra 15000) además de sus "jubilaciones" que ya son un privilegio en si mismas.

¿Sus puntos en común? Son un grupo de políticos más o menos abiertamente corruptos, jueces, empresarios, que fueron a las mismas escuelas, a las mismas fiestas, trabajaron en las mismas instituciones. Independientemente de los partidos en el poder, de derecha o reformistas, su carrera gira en torno a la defensa de la clase dominante.

¿Quiénes componen el Consejo Constitucional?

Laurent Fabius, presidente del Consejo Constitucional, designado en febrero de 2016 por el expresidente François Hollande. Figura de lo peor del Partido Socialista, Fabius había formado una grupo (apodado la "Fabiusie") en su bastión de Seine-Maritime donde aun no se llegó al fondo de la trama de corrupción con negocios fovariciendo amigos, clientelismo y los trabajos fraudulentos.

Cuatro veces ministro (en particular de Economía en el gobierno que lideró más privatizaciones), primer ministro de durante el mandato de François Mitterrand, expresidente de la Asamblea Nacional, artífice principal del giro neoliberal francés, fue ministro de Relaciones Exteriores de 2012 a 2016, por lo tanto, a cargo de la política militar imperialista del gobierno de Hollande dirigida a África, antes de ser nombrado miembro del Consejo por el expresidente. Formó parte del mismo gobierno que Macron cuando este último fue ministro de Economía entre 2014 y 2016.

Michel Pinault nombrado en febrero de 2016 por el presidente del senado Gérard Larcher. Fue un alto funcionario del Consejo de Estado e hizo carrera aprovechando la privatización del sector de seguros sector bajo el gobierno del exprimer ministro de derecha Édouard Balladur. Michel Pinault fue además Gerente General de AXA (una multinacional francesa especializada en el negocio de los seguros) para Asia-Pacífico.

Corinne Luquiens nombrada en febrero de 2016 por Claude Bartolone, entonces presidente de la Asamblea Nacional. Es una de esas discretas altas funcionarias del Estado que velan tras bambalinas por el funcionamiento del poder. Graduada en la elitista universidad de Science Po Paris, ha desarrollado toda su carrera en la administración de la Asamblea Nacional (Parlamento), donde ascendió para terminar en la secretaría general de la Asamblea y de la presidencia, bajo el mandato de Claude Bartolone, otro barón del PS.

Secretaria General de la Asamblea es un puesto de oro pagado 17300 euros netos mensuales, sin mencionar varios pequeños beneficios como un departamento de 182 m² y un ¡mayordomo!. La obtención de este puesto suele ir seguida de un nombramiento para el Consejo Constitucional.

Jacques Mézard nombrado en febrero de 2019 por Emmanuel Macron. Es abogado, que es la encarnación del notable político arribista que se acomoda de acuerdo al panorama elección tras elección.

François Pillet nombrado en febrero de 2019 por Gérard Larcher. Perfil similar para François Pillet, abogado, político local, consejero general de Cher durante 9 años, alcalde durante 16 años, luego senador durante 11 años.

En 2016 apoyó la candidatura presidencial del derechista François Fillon, sumándose así al programa de quien prometía hacer una “blitzkrieg” o guerra relámpago contra los derechos de los trabajadores. Luego de algunos años sin ocupar cargos relevantes fue nombrado miembro del Consejo Constitucional.

Alain Juppé nombrado en febrero de 2019 por el secretario general del partido de Macron, Richard Ferrand. Alain Juppé es reconocido como uno de los principales enemigos de los derechos de los trabajadores en las últimas décadas. Político consagrado, primer ministro del expresidente Jacques Chirac, vivió la experiencia de la huelga general de 1995 que le costó el fracaso de su "plan Juppé", una ataque contra los servicios públicos, la seguridad social y… ¡las jubilaciones! Después de que Balladur en 1993 aumentó el número años de aportes de 37,5 a 40 para que los trabajadores del sector privado puedan cobrar una jubilación completa, Juppé quiso hacer lo mismo con el sector público.

Jacqueline Gourault nombrada en marzo de 2022 por Emmanuel Macron. Es una mujer opuesta al matrimonio igualitario y uno de los pilares del partido de François Bayrou que constituye uno de los principales aliados del actual presidente.

François Seners nombrado en febrero de 2022 por Gérard Larcher. Es uno de esos tecnócratas que hacen funcionar el Estado burgués a diario. Fue Consejero de Estado, jefe de gabinete de varios prefectos, en particular se metió en la política colonial supervisando la aplicación de los acuerdos de Matignon para Nueva Caledonia, un territorio de ultramar (colonia) en el pacifico sur. En 2011, se integró en el “grupo de trabajo” de la Comisión Europea encargado de imponer el plan de ajuste y privatizaciones del Estado griego.

Véronique Malbec nombrada en febrero de 2022 por el presidente de la cámara baja, Richard Ferrand. Es la refutación del mito liberal de la separación de poderes. Magistrada de alto vuelo, fue nombrada en 2020 directora de gabinete de Ministro de Justicia de Macron, Dupont-Moretti.

Este grupo de políticos profesionales, completamente alejados de las masas populares y trabajadoras francesas, tiene el poder de decidir el futuro de una reforma jubilatoria rechazada por más del 60% del pueblo y que a ellos mismos no los afecta para nada. Para muchos políticos y dirigentes sindicales la resolución que tome el Consejo ayudaría a evitar que continúe la crisis política y las protestas contra el gobierno de Macron.

Laurent Berger, secretario general de la CFDT la principal central sindical de Francia y la más conciliadora con el Gobierno, dijo en las últimas entrevistas que si la odiada reforma de las jubilaciones de Macron es validada por el Consejo Constitucional, su sindicato reconocería esa decisión. Una forma de legitimar el ataque a las pensiones y bajarse de la lucha en curso.

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Luego de repasar los "currículum" de los miembros del Consejo Constitucional, la única perspectiva para ganar está siempre en el terreno de la movilización, para poder que pueda enfrentar la reforma en las calles y a través de la huelga. Esto implica defender las huelgas renovables en curso, en el sector de la energía y las refinerías, frente a las requisas [instrumento legal por la cual el gobierno obliga a los trabajadores a volver a sus puestos de trabajo bajo amenaza de prisión o multas elevadas], pero también construir un plan de lucha para extenderlas. Una estrategia que la intersindical, empezando por Laurent Berger, siempre se ha negado a llevar adelante.

Esta es una versión adaptada de la original publicada en Révolution Permanente.